El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó una propuesta que modificaría de manera significativa la estructura de la declaración de renta para personas naturales en caso de aprobarse la nueva ley de financiamiento.
El proyecto contempla una actualización de la tabla de tarifas progresivas, con el objetivo de ajustar la carga tributaria según el nivel de ingresos de cada contribuyente.
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La iniciativa establece que quienes perciban ingresos entre $0 y $6.500.000 quedarían exentos del pago de impuesto de renta.
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio, la progresividad de la tabla implica que “no todos pagan lo mismo. Si ganas poco, pagas poco o nada. Si ganas mucho pagas más”, según explicó la entidad.
Para los contribuyentes cuyos ingresos se ubiquen entre $6.500.001 y $10.200.000, la tarifa marginal propuesta sería del 19%. En el siguiente escalón, quienes reciban entre $10.200.001 y $24.000.000 enfrentarían una tarifa del 29%. El esquema continúa con una tasa del 35% para quienes declaren ingresos entre $24.000.001 y $44.100.000.
El Ministerio de Hacienda también contempla una tarifa del 37% para el rango de $44.100.001 a $89.500.000, mientras que los ingresos comprendidos entre $89.500.001 y $142.500.000 tributarían al 39%. Finalmente, quienes superen los $142.500.000 anuales quedarían sujetos a la tarifa máxima del 41%.
Según la entidad, la finalidad de esta reforma es “nivelar la cancha para los contribuyentes que ganan más con quienes menos ingresos reciben”. De este modo, la propuesta busca reforzar el principio de equidad en el sistema tributario, ajustando las obligaciones fiscales de acuerdo con la capacidad económica de cada persona.
Gobierno intenta salvar reforma tributaria con propuesta simplificada
La posibilidad de que la reforma tributaria del Gobierno logre avanzar en el Congreso de la República parece cada vez más remota, pero una nueva estrategia busca evitar su hundimiento.
En medio de un ambiente político adverso y con el tiempo legislativo en contra, una propuesta de simplificación será presentada el martes 2 de diciembre en las comisiones económicas, en un último esfuerzo por mantener con vida el proyecto.
El panorama en el Legislativo es poco alentador para la iniciativa oficial. Aunque la reforma fue incluida en la agenda de las comisiones económicas en varias ocasiones, hasta ahora no ha superado ni siquiera la primera votación del articulado.
Diversos factores han obstaculizado su avance: desde la ausencia de firmas en la resolución que autorizaba la reunión de las comisiones conjuntas, hasta la falta de quórum cuando se intentó votar la ponencia del Gobierno. Estas circunstancias, que algunos atribuyen a maniobras políticas, han alimentado la percepción de que la reforma está condenada al fracaso.
La resistencia no proviene únicamente de la oposición. Incluso dentro de los partidos que respaldan al Gobierno, numerosos parlamentarios han manifestado su negativa a apoyar la ley de financiamiento.
El contexto electoral acentuó el rechazo, ya que pocos congresistas están dispuestos a asumir el costo político de respaldar una reforma impopular en plena coyuntura de campaña. El consenso general apunta a que la iniciativa está prácticamente muerta, a pesar de la confianza que el ministro del Interior, Armando Benedetti, mantiene en la posibilidad de que el proyecto prospere en el Legislativo.
El tiempo juega en contra del Gobierno: las sesiones ordinarias del Congreso concluyen el 16 de diciembre y la reforma ni siquiera ha iniciado su trámite formal. Frente a este escenario, surge una alternativa para intentar salvar el proyecto.
La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez confirmó que presentará una proposición destinada a simplificar la reforma, con el objetivo de facilitar su estudio y votación por parte de los congresistas.
La propuesta de Velásquez consiste en reducir el texto de la reforma a un único capítulo, el cuarto del documento original. De esta manera, el proyecto, que inicialmente buscaba recaudar 26 billones y luego ajustó su expectativa a 16 billones, quedaría limitado a treinta y dos artículos enfocados exclusivamente en la normalización tributaria.
Según la parlamentaria, esta versión acotada no debería generar resistencias ni demoras, ya que se orienta a ofrecer una oportunidad a quienes mantienen deudas con la Dian.
Entre las medidas contempladas en el capítulo cuarto destaca la reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para los contribuyentes, importadores y sujetos de obligaciones cambiarias administrados por la Dian que se encuentren en mora al treinta y uno de diciembre de 2024.
La reducción se aplicaría al realizar el pago total de la obligación, permitiendo además acceder a una tasa de interés moratoria más baja y otras facilidades.
La iniciativa de simplificación busca responder a las dificultades fiscales del Estado, que enfrenta un gasto superior a sus ingresos. El Gobierno aspira a que, al concentrar la reforma en la normalización tributaria, el Congreso esté dispuesto a aprobar al menos este segmento, considerado menos conflictivo y de trámite más ágil.
Si la propuesta logra ser debatida y votada en las sesiones de este martes, podría convertirse en el salvavidas que permita al Ejecutivo obtener recursos adicionales antes del cierre del periodo legislativo.
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