El futuro del nuevo modelo de pasaportes en Colombia enfrenta una nueva incertidumbre tras la solicitud de la Procuraduría General de la Nación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que suspenda de inmediato cualquier transferencia de fondos a la Casa de la Moneda de Portugal, entidad encargada de la producción de los documentos.
La petición, que busca la imposición de medidas cautelares, se fundamenta en la preocupación por la posible afectación al patrimonio público y la legalidad del convenio firmado para la expedición de pasaportes.
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El documento, de ocho páginas, fue remitido por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública a la Sección Tercera del alto tribunal.
En él, el ente de control solicita que se detenga el giro de los recursos dinerarios asociados al contrato suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, acuerdo que pretendía poner en marcha el nuevo sistema de pasaportes impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La Procuraduría argumentó que la ejecución del convenio podría poner en riesgo 1,8 billones de pesos, suma que podría transferirse antes de que se resuelva la demanda interpuesta por el organismo.
Según el Ministerio Público, el contrato fue firmado “contra expresa prohibición legal”, ya que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1140 de 2007, la selección de contratistas en la contratación estatal colombiana debe realizarse mediante licitación pública, garantizando la pluralidad de oferentes y la selección objetiva.
El ente de control sostiene que los responsables del acuerdo “actuaron con evidente desviación de poder”, al optar por un método exceptivo de contratación directa entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, a pesar de que esta última carecía de la capacidad e infraestructura necesarias para ejecutar el convenio.
Esta situación derivó en la subcontratación de la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de los pasaportes.
En el documento presentado al tribunal, la Procuraduría advirtió que el negocio vulneró los “principios de transparencia, planeación, libre ocurrencia y selección objetiva del contrato”, lo que, a juicio del organismo, justifica la suspensión inmediata de los pagos relacionados con la iniciativa.
El delegado de la Procuraduría, Marcio Melgosa, subrayó que sería más perjudicial para el tesoro público negar la medida cautelar que decretarla, ya que la demora en la resolución de la demanda podría permitir la ejecución del convenio y el desembolso de los recursos antes de que exista una decisión judicial definitiva.
El texto enviado al tribunal señala: “Se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones consignadas en el convenio con persona extranjera de derecho público”.
Además, el ente de control advirtió que el paso del tiempo podría convalidar las irregularidades discutidas, dado que los pagos al contratista se realizarían bajo las condiciones pactadas, sin que existan estudios técnicos o económicos que respalden dichas condiciones.
El documento enfatiza: “En este sentido, el transcurrir del tiempo puede terminar convalidando las antijuridicidades discutidas, teniendo en cuenta que los pagos se efectuarán al contratista bajo las condiciones pactadas, sin que existan estudios técnicos y/o económicos que las soporten”.
El Ministerio Público sostiene que, en una ponderación de intereses, los documentos y evidencias entregados permiten concluir que es preferible que el litigio sobre el convenio se desarrolle sin el giro de recursos, en lugar de permitir pagos parciales mientras se resuelve la controversia.
El organismo recuerda que la iniciativa, impulsada por el presidente Petro, ya provocó la destitución e inhabilidad por diez años del excanciller Álvaro Leyva.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá decidir ahora si acoge la solicitud de la Procuraduría y ordena la suspensión de los pagos a la Casa de la Moneda de Portugal, o si permite que el proceso judicial continúe sin restricciones para el gobierno en la ejecución del convenio.
Este nuevo capítulo se suma a los cuestionamientos previos, incluso por parte de la Contraloría, sobre el riesgo que representa el contrato para la continuidad del servicio de expedición de pasaportes en el país.
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