El ministro del Interior, Armando Benedetti, expuso nuevas observaciones frente al proceso que llevó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a imponer una sanción contra la campaña presidencial del jefe de Estado.
Según planteó el funcionario, en el trámite se habrían presentado irregularidades que, de confirmarse, afectarían la validez jurídica de la determinación.
Las afirmaciones del ministro surgieron en medio de un ambiente político especialmente tensionado, luego de que el organismo electoral declarara que se superaron los límites de gasto establecidos para la contienda presidencial, asunto que ha generado amplio debate nacional.
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En declaraciones reseñadas por El Tiempo, Benedetti señaló que el magistrado Álvaro Hernán Prada habría participado en la votación que definió la sanción a través de un mecanismo virtual, pese a encontrarse fuera del país.
Según el ministro, esta modalidad requería de una justificación expresa, contemplada en el reglamento interno del organismo, la cual no habría sido aportada.
Sobre esto, afirmó: “Él salió un día antes fuera de Bogotá y votó de forma virtual, pero en el reglamento del Consejo Nacional Electoral dice que para votar virtual debe haber una motivación, y esta no está por ningún lado”.
El ministro sostuvo, además, que tuvo acceso a información sobre presuntas ausencias prolongadas del magistrado, lo que podría configurar un incumplimiento de funciones. Sobre ese punto, indicó que situaciones de esta naturaleza podrían llegar a interpretarse como abandono del cargo, planteamiento que ha generado reacciones encontradas dentro del ámbito político y jurídico. “Cuando alguien pasa tres días sin estar ejerciendo el cargo, eso se llama abandono del cargo y debe ser retirado del mismo”, puntualizó Benedetti.
La discusión se desarrolla tras la decisión del CNE en la que se declaró que la campaña presidencial del actual mandatario habría excedido el tope de financiación permitido en cerca de $5.000 millones, así como la existencia de gastos no reportados o presentados con inconsistencias documentales.
La determinación incluyó sanciones que involucran a organizaciones políticas como Colombia Humana y la Unión Patriótica, además de personas asociadas a la campaña.
En los últimos meses, el presidente ha manifestado que la decisión constituye una acción en su contra. Según ha reiterado, no existió violación de los topes establecidos y ha precisado que ciertos recursos se tratarían de aportes que, de acuerdo con su explicación, no tendrían incidencia en los límites aplicables.
Asimismo, ha cuestionado los fundamentos técnicos y procedimentales que sustentaron el análisis del CNE, y ha hecho referencia a la manera en que se desarrolló el proceso de votación, especialmente por el papel del conjuez Majer Abushihab, cuyo voto fue definitivo para desempatar la decisión.
En el organismo electoral, los magistrados que respaldaron la sanción sostienen que la investigación se realizó durante un periodo prolongado y que el expediente contenía la información necesaria para adoptar la decisión.
De acuerdo con esa postura, el análisis incluyó revisión de documentos, certificaciones, facturación y reportes financieros, elementos que, según el CNE, llevaron a concluir que la campaña presidencial habría superado los montos autorizados por la normativa.
El ministro del Interior insistió en que los aspectos que ha señalado deben ser evaluados por las autoridades competentes, pues, en su opinión, tendrían incidencia directa sobre la validez del acto administrativo.
También mencionó que los cuestionamientos que ha recibido el proceso justifican una revisión exhaustiva del desarrollo de la votación, incluida la modalidad con la que participó el magistrado Prada y la manera en que se justificó esa actuación.
En este contexto, el debate ha trascendido los aspectos técnicos de la investigación financiera para incluir la discusión sobre los procedimientos internos del CNE, un tema que ha sido recurrente en controversias anteriores.
Por ahora, el caso continúa generando respuestas desde distintos sectores, mientras se espera que las autoridades determinen si las observaciones expuestas por Benedetti requieren actuaciones posteriores o revisiones adicionales.
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