Álvaro Leyva ya tiene fecha y hora confirmada para la imputación de cargos por el escándalo de la licitación de pasaportes: así se confirmó

El Tribunal Superior de Bogotá programó para el 9 de diciembre, a las 8:30 a. m., la audiencia de imputación de cargos contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, por lo que sería su participación en el entramado de la licitación de pasaportes. En este proceso, la Fiscalía General de la Nación le imputará el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, según la solicitud radicada ante el tribunal, por las presuntas actuaciones del extitular de esta dependencia.

La investigación se centra en las decisiones de Leyva mientras estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en especial en la resolución con la que declaró desierta la licitación para la impresión de pasaportes, un contrato valorado en $599.000 millones. La Fiscalía sostuvo que varios de los actos administrativos firmados por el exfuncionario vulneraron los principios de la contratación estatal, al considerar que no contaban con justificación legal.

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Del mismo modo, la Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia y luego de analizar las irregularidades en el proceso, determinó la destitución e inhabilidad por 10 años de Leyva para ejercer funciones públicas. De acuerdo con la decisión, el exministro habría desconocido preceptos como la transparencia y la responsabilidad, al anular el proceso bajo la referida resolución, la 7485, que fue expedida en septiembre de 2023.

El proceso por el que Álvaro Leyva deberá responder ante la justicia

Este documento fue expedido con la motivación de que el proceso estaba orientado a favorecer a la empresa Thomas Greg, la cual ha ostentado durante los últimos 17 años el contrato para la expedición de pasaportes en el país. Leyva defendió su actuación al argumentar que frenó el proceso para “salvaguardar los recursos estatales”, pues según él había elementos que indicaban una supuesta comodidad para que Thomas Greg fuera la beneficiaria de la licitación.

No obstante, el Ministerio Público consideró que tal determinación careció de fundamentos y vulneró los procedimientos legales, lo que terminó en la sanción que fue apelada por la defensa del exministro. Tras la anulación del proceso licitatorio, el Ministerio de Relaciones Exteriores acudió a la figura de urgencia manifiesta mediante la Resolución 7541 del 14 de septiembre de 2023 para garantizar la continuidad del servicio de expedición durante un año.

Posteriormente y con una medida temporal, se adjudicó nuevamente a Thomas Greg la prestación del servicio hasta abril del 2026. Y al finalizar dicho periodo, el Gobierno proyecta implementar un nuevo esquema de producción y distribución de pasaportes, a cargo de la Imprenta Nacional, en alianza con la Casa de Moneda de Portugal; aunque sobre el mismo hay una investigación en curso por parte de la Procuraduría, por presuntas anomalías.

Y es que el proyecto de modernización del sistema se planteó tras el fracaso de la licitación que dejó a Colombia sin proveedor para la elaboración de pasaportes y derivó en una fuerte demanda contra el Estado. En su momento, la empresa Thomas Greg & Sons llegó a reclamar cerca de 117.000 millones a raíz de la cancelación del contrato, demanda que fue descartada tras un extenso proceso de negociación, liderado por el excanciller Luis Gilberto Murillo.

El caso de Leyva se suma a los procesos en curso contra otros exministros, como Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, que también enfrentarán audiencias de imputación por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La estrategia de la Fiscalía apunta a esclarecer la posible comisión de delitos asociados a la contratación pública por parte de funcionarios de alto nivel, en casos que ya salpican al presidente Gustavo Petro.