Petro defendió la legalidad de su campaña tras la decisión del CNE y cuestionó la imparcialidad del conjuez: “Mamola”

El presidente Gustavo Petro reaccionó en redes sociales a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sancionó a la campaña presidencial de 2022 por supuesta violación de los topes electorales.

El CNE respaldó la posición de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que concluyeron que la campaña del actual mandatario superó los límites legales en más de $3.500 millones.

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En una de sus últimas publicaciones al respecto, el mandatario cuestionó la imparcialidad del proceso: “¡Qué lindos! Nos sancionan a nuestra campaña Fico, Uribe y Néstor Martínez nuestra campaña, a través de su abogado vuelto juez”, escribió.

El jefe de Estado defendió la legalidad de los recursos utilizados durante la contienda y argumentó que “no hay exceso de topes”, al asegurar que los actos realizados luego de las elecciones no deberían considerarse como parte de los gastos de campaña.

Petro también expresó que los apoyos de los sindicatos a su grupo político deben tener el mismo tratamiento jurídico que los aportes de empresas y banqueros a los partidos de oposición. “¡Qué tal! Si los sindicatos apoyan partidos son sobretopes; pero si son los banqueros, no ¡Mamola! (sic)”.

Indicó que los gastos vinculados a los testigos electorales se efectuaron después de la campaña, por lo que, según su postura, “no los pueden poner como si fuera campaña”.

Además, remarcó que los testigos son un derecho de los partidos y la ciudadanía y no gastos imputables al proceso electoral.

En sus publicaciones, Petro también arremetió contra sectores de la oposición, a los que acusó de actuar “mentirosa y antidemocráticamente”. Afirmó que en su campaña “no hay narcotráfico como sí hubo con el ñeñe y Duque, aquí no hubo sobretopes como sí hubo con Odebrecht”.

El mandatario concluyó que la molestia por parte de sus adversarios se debió a que la presencia de testigos electorales después de la contienda impidió presuntos fraudes: “Aquí les dolió que los testigos electorales después de las campañas no nos dejaran robar las curules al Congreso ni nos dejáramos robar la presidencia”.

Majer Abushihab, el conjuez que desató la furia del presidente Petro tras fallo del CNE

El jueves 13 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanzó significativamente en el proceso sancionatorio contra la campaña presidencial de 2022 con el respaldo de cinco magistrados a la ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que lideran la investigación.

En esa fecha, solo restaba un voto para alcanzar la mayoría absoluta, luego de que la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, se apartara debido a una recusación por su condición de testigo electoral de esa colectividad, y Álvaro Echeverry, de Colombia Justa Libres, se declarara impedido por haber ejercido como abogado en la campaña del Pacto.

Junto a Ortiz y Prada, apoyaron la sanción la magistrada Maritza Martínez, del partido de la U; Altus Baquero, del Partido Liberal; Alfonso Campos, del Conservador; y el conjuez Majer Abushihab, abogado penalista, que ha tenido estrecha relación con gobiernos anteriores y con opositores al primer mandatario.

Abushihab fue asesor en el despacho del fiscal General de la Nación cuando estaba a cargo Néstor Humberto Martínez y prestó servicios como consultor para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Postulado como conjuez por Prada, Abushihab se desempeñó como abogado de Federico Gutiérrez en la campaña presidencial de 2022. Durante ese periodo, presentó acusaciones ante la Corte Suprema de Justicia contra varios integrantes de la campaña Petro, como Armando Benedetti, Isabel Zuleta, Sebastián Caballero y Piedad Córdoba, a los que señaló de presuntamente utilizar “métodos innobles” para afectar la imagen política y moral del entonces candidato Gutiérrez.

De acuerdo con su hoja de vida, conocida por medios como El Tiempo, Abushihab trabajó como contratista en la Defensoría Militar entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de agosto de 2016. En 2023, figuró como candidato a magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además, es socio de las firmas Abushihab & Fajardo Abogados y Majer Abushihab Abogados S.A.S., con amplia experiencia en temas legales y electorales.