Los exintegrantes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que hoy participan como gestores de paz en el proceso impulsado por el Ejecutivo expresaron su inconformidad frente a la acción presentada por la Defensoría del Pueblo para anular sus designaciones.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, los firmantes señalaron que la demanda desconoce su trayectoria de desmovilización, cumplimiento judicial y participación en mecanismos de verdad desde hace más de dos décadas.
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Según los firmantes, el pronunciamiento de la Defensoría, liderada por Iris Marín Ortiz, generó inquietud en el grupo por considerar que afecta tanto el proceso de diálogo con el Gobierno como las iniciativas de carácter restaurativo que adelantan.
En el documento, los gestores de paz manifestaron que recibieron con “preocupación” la demanda interpuesta por la Defensoría. En el texto señalaron: “Queremos expresar nuestra sorpresa por la acción administrativa interpuesta por la Defensoría del Pueblo en cabeza de la Dra. Iris Marín Ortiz, más aún, cuando se basa en prejuicios e imprecisiones graves”.
El comunicado recordó que su desmovilización ocurrió entre 2003 y 2006 dentro de un proceso político con el Estado colombiano, al que se acogieron más de 35.000 integrantes. Indicaron que el acuerdo no fue firmado ni concluido en su totalidad por razones que —afirmaron— corresponde aclarar al Estado.
También señalaron que durante estas dos décadas han participado en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, derivados del acuerdo entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc. En el texto se afirma: “Estamos aquí justamente porque estamos al lado de la institucionalidad”, al explicar su vinculación al diálogo con el Gobierno actual.
Argumentos frente a los señalamientos
Los gestores de paz cuestionaron un apartado de la demanda de la Defensoría que los califica como “responsables de crímenes de lesa humanidad y con un historial documentado de incumplimiento parcial de sus obligaciones con la justicia”. En respuesta, señalaron: “Por más de 20 años hemos CUMPLIDO cabalmente con los requerimientos y deberes, cuenta de ello son las miles de horas de audiencias de las cuales son testigos sus decenas de abogados de la Defensoría del Pueblo”.
En el texto se agrega que la justicia transicional contempla también su derecho a la reincorporación, a segundas oportunidades y a no ser objeto de estigmatización. Manifestaron que esta condición debe ser incluida en la valoración institucional sobre su actual participación en procesos restaurativos.
El comunicado también abordó los señalamientos de la defensora Marín sobre los riesgos que implicaría su designación como Gestores de Paz. En particular, respondieron a la afirmación: “Debilita la credibilidad del Estado como garante de justicia”, indicando que sus actividades incluyen la búsqueda de desaparecidos, la socialización de verdades judiciales y la identificación de bienes ya entregados al Estado.
Preparación de la defensa
Los firmantes informaron que pondrán en conocimiento del Consejo de Estado los argumentos de hecho y de derecho con los que esperan contrarrestar la demanda. Allí expondrán lo que consideran imprecisiones de la Defensoría en su solicitud de nulidad sobre sus nombramientos.
En el comunicado señalaron su preocupación por lo que consideran un rechazo institucional a iniciativas humanitarias asociadas a las gestorías de paz. Entre las actividades mencionaron la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de bienes con fines de reparación y la facilitación de diálogos sociológicos y jurídicos en comunidades afectadas por el conflicto.
El texto agrega: “Nos deja altamente preocupados su rechazo a acciones humanitarias y reparadoras que dan cuerpo a las gestorías de paz”, indicando que estas labores se realizan tras veinte años de desmovilización y sometimiento a las instituciones del Estado.
Los exparamilitares mencionaron además que más de 5.300 exintegrantes desmovilizados han sido asesinados desde su desvinculación de las antiguas Autodefensas, e instaron a la Defensoría a pronunciarse con la misma firmeza frente a estos hechos, que consideran de su competencia.
Solicitud de diálogo público
Los gestores reiteraron su disposición a sostener un diálogo público con la defensora del Pueblo sobre los cuestionamientos incluidos en la demanda. “Le hacemos un llamado a un diálogo público sobre los temas que plantea en la demanda porque creemos que a la sociedad le asiste el derecho de conocer estos debates”, mencionaron.
Los firmantes sostuvieron que la ciudadanía debería contar con información suficiente para formarse un criterio propio sobre los alcances de su participación como gestores de paz, así como sobre el proceso de reincorporación que, afirmaron, completa dos décadas.
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