Ministerio de Hacienda aclara si la reforma del Gobierno Petro golpeará el bolsillo de los colombianos

La discusión sobre la nueva Ley de Financiamiento volvió a tomar fuerza en el Congreso, esta vez con un mensaje que el Ministerio de Hacienda considera urgente, sin una reforma que garantice ingresos suficientes, el país no podrá cubrir el presupuesto nacional de 2026. Ese fue el punto de partida del ministro Germán Ávila Plazas al presentarse ante las comisiones económicas, donde insistió en que la iniciativa no solo es necesaria, sino que está diseñada para evitar golpes al bolsillo de la mayoría de hogares.

El Gobierno llevó a la sesión un texto revisado, con una serie de modificaciones que buscaban responder a las críticas de las últimas semanas y afinar los puntos más sensibles. Antes de entrar en los detalles, Hacienda dejó claro un mensaje que luego repetiría Ávila Plazas al cierre del debate: “Tu día a día no se afecta, no sube gasolina, alimentos, servicios ni tu renta”. De ahí parte buena parte del rediseño presentado.

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Uno de los cambios más comentados tiene que ver con los combustibles. Aunque inicialmente se había barajado incluir IVA a la gasolina y al Acpm, esa posibilidad quedó descartada. La cartera explicó que era una decisión pensada tanto en el impacto sobre los costos de transporte como en el efecto cascada que habría tenido sobre productos básicos. En la versión ajustada no habrá modificaciones de ese tipo, ni aumentos asociados a esta reforma.

La misma línea se aplicó a los impuestos que podían rozar el consumo masivo o actividades culturales. El Ejecutivo retiró cualquier cambio al IVA de la cerveza, y también se descartaron tributos a conciertos, vehículos eléctricos, software o servicios en la nube. Según Hacienda, no tenía sentido cargarle más costos a segmentos de la economía que aportan dinamismo, empleo o innovación.

En materia de renta para personas naturales, otro punto que había generado inquietud, el Gobierno también desistió. El texto revisado no toca la deducción por hijos o familiares a cargo, ni modifica tarifas, ni cambia el tratamiento de las ganancias que reciben los accionistas. Para el ministerio, la prioridad es otra y se trata de reforzar el recaudo a partir de quienes tengan mayor capacidad económica, mientras se protege el ingreso de la clase media y de los sectores más vulnerables.

Aunque la discusión suele centrarse en qué impuestos suben o bajan, la cartera de Hacienda insistió en que el corazón de la propuesta es garantizar recursos para tres pilares del gasto público: educación, salud e inversión social. Ávila Plazas señaló que, sin la reforma, el país enfrentaría un vacío de financiación que pondría en riesgo programas esenciales, especialmente los que deben ejecutarse a partir del próximo año fiscal.

La cartera defendió también la necesidad de que la reforma sea aprobada con rapidez. Argumentó que las decisiones tributarias no pueden esperar al límite del año porque implican ajustes administrativos, presupuestales y contables que requieren anticipación. Parte de la urgencia, dijeron funcionarios del ministerio, tiene que ver con mantener la confianza macroeconómica y evitar que aumente la incertidumbre en los mercados.

Más allá de los detalles técnicos, el Gobierno intenta posicionar la reforma como un esfuerzo de equilibrio. Por un lado, busca fortalecer el recaudo. Por el otro, evita medidas que puedan presionar los precios en un momento en que la inflación apenas comienza a ceder. Ese equilibrio, según el Ministerio de Hacienda, se refleja en la decisión de no modificar impuestos que afecten alimentos, servicios públicos o transporte. Al finalizar la presentación, Ávila Plazas reiteró que la reforma no persigue ampliar la carga fiscal de las familias, sino consolidar las cuentas públicas sin alterar la cotidianidad de los contribuyentes.

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