Abuchearon a María Fernanda Cabal en fiesta empresarial y Gustavo Petro aprovechó para reaccionar: “Es un delito”

Durante una fiesta de fin de año organizada por una empresa de seguridad en Bogotá, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal intentó dirigirse a los asistentes, pero un grupo de empleados respondió con gritos de “fuera, fuera”, impidiendo que continuara su intervención.

El incidente, ocurrido durante la campaña presidencial en Colombia, ha puesto en evidencia la tensión política y la sensibilidad en torno a la participación de figuras públicas en eventos empresariales.

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Entre tanto, Gustavo Petro compartió el video en sus redes sociales argumentado que “No es bueno que empresarios traten de manipular los votos de sus trabajadores. Eso es un delito. El voto es libre en Colombia. La orden prioritaria de la policía es detener y judicializar a los compradores de votos en el país”.

La reacción de los trabajadores reflejó una resistencia abierta a la presencia de Cabal en la celebración, marcando el ambiente del evento y evidenciando el clima de polarización previo a las elecciones. Los abucheos y la negativa a escuchar su mensaje ilustraron el rechazo de parte de los empleados a la intervención de la aspirante presidencial.

Tras el episodio, se emitieron declaraciones que subrayaron la importancia de la autonomía en el ejercicio del voto.

Se advirtió que no es aceptable que empresarios intenten influir en las decisiones electorales de sus trabajadores, ya que tales acciones constituyen un delito.

Además, se reiteró que “el voto es libre en Colombia”, enfatizando la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral ante cualquier intento de manipulación.

El contexto político actual ha incrementado la preocupación por la compra de votos y la presión sobre los empleados en época electoral.

Alejandro Ocampo, representante a la cámara por el Pacto Histórico, también se refirió a los hechos captados en video.

“Sacaron a María Fernanda Cabal de una fiesta de fin de año de una empresa donde la invito el dueño. Qué valentía la de los trabajadores. Mi admiración”.

Gobierno refuerza seguridad electoral ante ola de violencia política

El incremento de la violencia política y las amenazas contra figuras públicas ha obligado al gobierno de Gustavo Petro a desplegar una serie de medidas extraordinarias para proteger a candidatos y garantizar la seguridad en el proceso electoral de 2026.

La preocupación por la eficacia de los esquemas de protección se ha intensificado tras el asesinato de líderes y los recientes atentados contra senadores y gobernadores, lo que ha puesto en entredicho la capacidad estatal para salvaguardar la integridad de quienes participan en la contienda.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha documentado, entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de 2025, 369 hechos de violencia dirigidos contra liderazgos políticos, sociales y comunales, incluyendo el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, según datos recogidos por El Espectador.

Este clima de inseguridad se ha visto agravado por la reaparición de “Iván Mordisco”, jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central (EMC), quien, a través de un video, advirtió sobre la posibilidad de una escalada del conflicto durante la época electoral.

En su mensaje, el líder disidente afirmó: “Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”.

En respuesta a este escenario, el Estado ha implementado acciones para reforzar la protección de candidatos y líderes políticos. El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Armando Benedetti, expidió el 19 de junio la resolución 864, que dio origen a los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).

Estos comités, integrados por el ministro del Interior, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el comandante del Ejército Nacional y el director general de la Policía Nacional, cuentan con la participación permanente, aunque sin voto, de la Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, y la Registraduría Nacional, bajo la dirección de Hernán Penagos.

Los Cormpe han realizado más de doce sesiones para evaluar el nivel de riesgo de los aspirantes y recomendar medidas de protección de emergencia en casos de amenaza inminente.

Según documentos de la UNP citados por El Espectador, hasta inicios de octubre se habían presentado 64 candidatos presidenciales y 59 al Congreso ante estos comités.

En el último mes, la cifra ascendió a 62 aspirantes a la Presidencia, 75 al Legislativo y 13 a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Para su protección, la UNP y la Policía Nacional han asignado 533 y 232 funcionarios, respectivamente.

El gobierno ha destinado recursos significativos para fortalecer los esquemas de seguridad. La UNP ha firmado un contrato superior a 30.000 millones de pesos para asegurar el acceso a vehículos blindados, según El Espectador.

En los últimos tres meses, se han publicado convocatorias para el arrendamiento de vehículos convencionales y blindados, aunque solo se ha adjudicado el contrato de vehículos blindados por 30.179 millones de pesos, vigente hasta el 31 de diciembre. Otros contratos, relacionados con el Plan Democracia, permanecen en proceso de evaluación.