Capturaron un hombre en silla de ruedas con una escopeta y casi tres kilos de droga: tenía laboratorio en su propia casa

Un operativo en el barrio La Perla, del municipio de Sardinata, en Norte de Santander, terminó con la captura de Angelmiro Torres Silva, un hombre que se movilizaba en silla de ruedas y tenía en su poder una escopeta y cerca de tres kilogramos de base de coca.

De acuerdo con información divulgada por la policía del departamento y conocida por el diario cucuteño La Opinión, el procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía de Norte de Santander (Denor), adscritos al grupo de estupefacientes, con apoyo del Ejército.

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El informativo detalló que Torres Silva fue sorprendido durante un allanamiento con una escopeta de madera y aproximadamente 2.958 gramos de base de coca.

La diligencia fue autorizada por la Fiscalía 19 seccional de la estructura de apoyo EDA de Cúcuta. Las autoridades confirmaron que el detenido, además, cuenta con antecedentes por concierto para delinquir y habría formado parte de distintas bandas criminales de la zona.

Tras su detención, un juez municipal con funciones de control de garantías en Sardinata dictó medida de detención domiciliaria en su contra, dado que el capturado presenta una discapacidad física. El proceso judicial seguirá mientras permanece bajo custodia en su residencia.

Fuerzas Militares destruyeron laboratorio del ELN en Norte de Santander: decomisaron media tonelada de cocaína

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares permitió la destrucción de un laboratorio del ELN en la vereda El Carrizal, Ocaña, con la incautación de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína y grandes volúmenes de insumos, según fuentes oficiales.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la acción representa una afectación directa a la estructura financiera ilícita del Frente Camilo Torres Restrepo, responsable del procesamiento y comercialización de drogas en la región.

El procedimiento, desarrollado el sábado 27 de septiembre, incluyó la coordinación de tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional en una zona estratégica para el narcotráfico en el noreste de Colombia.

Las unidades localizaron la instalación clandestina y confiscaron 317 galones de pasta base en proceso, 490 galones de insumos líquidos y 116 kilogramos de insumos sólidos. Según las autoridades, el golpe financiero para el ELN supera los $4.000 millones, debilitando un eslabón fundamental de su economía ilícita.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, valoró el impacto de la ofensiva estatal. “Un duro golpe a las finanzas del narcotráfico que alimenta la violencia en la región”, expresó el funcionario, en redes sociales.

Sánchez destacó el trabajo conjunto: “Cada operación de este tipo debilita las estructuras ilegales, libera territorios y devuelve tranquilidad a nuestras comunidades”.

En un mensaje dirigido a quienes persisten en actividades ilegales, el ministro subrayó la necesidad de abandonar el crimen. “El camino de la legalidad siempre será más fuerte y duradero que el de la violencia”, afirmó Sánchez, e instó a reconstruir vidas al margen del delito.

Además, reiteró la importancia de la denuncia ciudadana como clave en el combate contra el narcotráfico, recordando las líneas habilitadas para informar sobre estos delitos con absoluta reserva.

De forma paralela, el 25 de septiembre de 2025, tropas del Grupo de Caballería Mediano N° 5 General Hermógenes Maza y la Sijin Mecuc ejecutaron una segunda operación en San Cayetano (Norte de Santander).

Allí, las autoridades desmantelaron otro laboratorio del ELN y decomisaron 240 kilos de sustancias sólidas, más de mil galones de insumos líquidos, 100 kilos de insumos sólidos, 50 kilos de clorhidrato de cocaína y equipos industriales. El complejo pertenecía al Frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar y que la organización dejaría de recibir cerca de mil millones de pesos por la producción de estupefacientes.

Las autoridades enfatizaron que estas acciones coordinadas refuerzan la presencia estatal, afectan el flujo de recursos hacia organizaciones armadas y buscan devolver condiciones de seguridad a las comunidades de Norte de Santander, una zona afectada históricamente por la violencia y el narcotráfico.