Manuel Grau Pujadas, empresario catalán-colombiano, se ha convertido nuevamente en figura central de las controversias que rodean al Gobierno de Gustavo Petro.
De hecho, la relación entre Grau Pujadas y Verónica Alcocer ha sido objeto de atención mediática, especialmente tras la publicación de un video por parte del medio sueco Expressen en el que ambos aparecen saliendo de compras en una calle de Estocolmo.
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En ese episodio revelado en la mañana del martes 25 de noviembre, el empresario impidió que la primera dama respondiera preguntas de la prensa, afirmando: “No, no lo creo”, según recogió el medio sueco.
Grau Pujadas también ha acompañado a Alcocer en viajes oficiales, incluyendo una audiencia privada con el papa Francisco en el Vaticano, y ha estado presente en celebraciones en Estocolmo junto a figuras empresariales y políticas locales, según Expressen.
Grau Pujadas cuenta con una trayectoria empresarial que abarca compañías inmobiliarias y turísticas en España, así como diversas empresas en Colombia desde 2012.
Su perfil ha cobrado notoriedad por su relación directa con el presidente Petro y su entorno más cercano. La prensa ha señalado que Grau Pujadas ha mantenido vínculos empresariales estratégicos y ha sido presentado en ocasiones como asesor del mandatario.
La obtención de la nacionalidad colombiana por parte de Grau Pujadas en noviembre de 2022 ha sido uno de los puntos más polémicos.
La ciudadanía le fue concedida mediante una orden presidencial, sin que cumpliera los requisitos legales habituales.
Esta nacionalización exprés le permitió acceder a cargos públicos, una situación que también se ha replicado en el caso de otros empresarios catalanes cercanos al Gobierno.
Tras su nacionalización, Grau Pujadas fue designado miembro de la junta directiva de Central de Inversiones S. A. (Cisa), entidad estatal encargada de gestionar activos públicos, según un informe de La Silla Vacía.
Desde esa posición, ha mantenido vínculos con el Grupo Solerium, empresa que ha participado en proyectos inmobiliarios como Torre Barcelona en Chía y Bogotá. Solerium, además, ha sido responsable de la comercialización y administración de estos desarrollos, y Grau figura como miembro activo de Barcelona Export Group, matriz española vinculada a estos proyectos.
La adjudicación de un contrato para la construcción de 893 viviendas de interés social en Santa Marta al Grupo Solerium ha intensificado las sospechas sobre posibles conflictos de interés.
Según La Silla Vacía, la convocatoria pública lanzada por Cisa en julio de 2024 no recibió propuestas dentro del plazo, pero Solerium presentó su oferta fuera de tiempo y, pese a ello, resultó seleccionada.
El proyecto, con una inversión inicial de 16.000 millones de pesos, contempla aportes iguales de Cisa y Solerium, y la comercialización de las viviendas quedaría en manos de la entidad estatal.
Nicolás Corso Salamanca, presidente de Cisa, defendió en su momento el acuerdo afirmando que busca “crear valor compartido con la recuperación de los inmuebles públicos” y que Solerium “entendió la oportunidad de hacer parte de esta transformación”, según declaraciones recogidas por La Silla Vacía.
La proximidad de Grau Pujadas con Xavier Vendrell, empresario catalán involucrado en casos de corrupción en España, también ha sido centro de polémicas en Colombia.
Ambos recibieron la nacionalidad colombiana por orden presidencial y han sido señalados por su influencia en la campaña Petro Presidente 2022 y su acceso a negocios estatales. Vendrell y Grau comparten participación en Barcelona Export Group y han sido vinculados a la gestión de recursos y proyectos estratégicos en Colombia.
Las actuaciones de Grau Pujadas han generado reacciones encontradas en el ámbito político y mediático. Mientras fuentes oficiales resaltan la misión social de los proyectos impulsados por Cisa y el Grupo Solerium, críticos cuestionan la falta de transparencia y los posibles conflictos de interés derivados de la cercanía entre empresarios y altos funcionarios del Gobierno.
La presencia de Grau en delegaciones oficiales y su presentación como funcionario de entidades públicas, en cargos que no existían formalmente, han alimentado el debate sobre la legalidad y legitimidad de su papel en la administración.
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