Este viernes 28 de noviembre de 2025, sindicatos, gremios y representantes gubernamentales centrarán su atención en la publicación de la productividad laboral, información crucial para la definición del salario mínimo en Colombia.
De acuerdo con La República, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentará en la subcomisión de Productividad el resultado de la productividad total de los factores correspondiente al tercer trimestre, cifra que servirá de referencia para el ajuste salarial del próximo año.
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En el proceso de concertación para el salario mínimo, las partes tradicionalmente consideran dos elementos fundamentales: el dato de inflación de noviembre, que el Dane divulgará la próxima semana, y el comportamiento de la productividad laboral.
Según detalló La República, “la cifra de la productividad será la gran protagonista al cierre de esta semana, pues junto con la inflación son los insumos básicos de la negociación del aumento”.
El año anterior, el Dane entregó a la mesa de concertación cuatro indicadores: productividad total de los factores, productividad laboral por persona, productividad media del trabajo y productividad por horas trabajadas.
Finalmente, los negociadores eligieron la productividad total de los factores, que marcó 1,73%, como variable oficial. Esto, junto con una inflación de 5,2% publicada en ese momento, sirvió de base para el decreto que fijó el incremento en 9,54%, aumento que se ubicó 2,6 puntos por encima de la suma de los dos componentes.
El medio citado explicó que el histórico de la productividad en Colombia ha presentado una alta variabilidad, reportando caídas en nueve de los últimos 19 años.
En 2023, este indicador cayó 1,07% y en 2020 fue de -1,5%, mientras que el máximo registrado desde 2006 fue de 4,23%. El resultado definitivo para todo 2024, divulgado en marzo, fue menor al anticipado: 1,36%.
La expectativa de los actores económicos se mantiene alta, dado que un ajuste considerable en el mínimo puede incidir directamente en otras variables macroeconómicas, como la inflación.
Un informe de Anif citado por La República advirtió sobre el impacto fiscal: “un sobrecosto de $240.000 millones por cada punto porcentual de ajuste superior a la inflación y la productividad laboral combina presión sobre el régimen de prima media del sistema pensional”.
El mismo análisis expuso que “un aumento de referencia del salario mínimo de 7,54%, con inflación proyectada en 5,34% y productividad laboral en 2,2%, implica un sobrecosto de $500.000 millones”.
Una revisión al alza de ese orden significaría, para el sistema de pensiones, cargas cercanas a $1,12 billones.
El Dane publicará el viernes el dato final y, posteriormente, el Gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre de 2025 para decidir el nuevo monto salarial, en caso de que no se logre un acuerdo entre las partes.
Debate sobre el incremento del salario mínimo en 2026
El debate sobre el incremento del salario mínimo continúa generando análisis en distintos sectores económicos del país.
Jaime Alberto Cabal, líder de Fenalco, sostuvo ante El Colombiano que los aumentos mayores a la inflación no se traducen en un avance real para la capacidad adquisitiva, pues los mayores costos laborales tienden a trasladarse a los precios finales.
Cabal explicó que cada ajuste salarial más allá del índice de precios suele alimentar la llamada indexación.
“Sobe el salario, pero también suben los precios, y el trabajador termina sin un beneficio real”, advirtió el directivo. Esta dinámica genera una cadena donde el alza desencadena más inflación, lo que finalmente obliga a nuevos incrementos sólo para compensar, sin avanzar en términos de bienestar social.
Fenalco alertó sobre el riesgo de que estos incrementos eleven la informalidad, obstaculizando especialmente a mipymes, las cuales carecen de capacidad financiera para cubrir mayores cargas.
“Un aumento de esa magnitud dificultará que el Banco de la República continúe bajando las tasas de interés, debido al impacto inflacionario”, resaltó Cabal.
Adicionalmente, la entidad indicó que cada punto extra repercute en el gasto público, derivando en un mayor desembolso fiscal proveniente de los tributos. El Gobierno, por su parte, argumenta que la medida puede impulsar el consumo y generar efectos positivos en el empleo y la calidad de vida.
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