El hallazgo de 17 menores en poder de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor en un hotel de Yarumal, Antioquia, puso en alerta a las autoridades colombianas y a organismos internacionales.
Entre los rescatados, cinco niños figuraban con una circular amarilla activa de Interpol, una notificación internacional que se emite en casos de desaparición, riesgo de trata de personas, secuestro o explotación.
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La operación, liderada por Migración Colombia con el apoyo del Gaula Militar del Ejército Nacional, se desarrolló tras recibir reportes sobre la presencia irregular de este grupo en el país y posibles amenazas a la integridad de los menores.
La intervención se realizó en un establecimiento hotelero ubicado en la vía a la Costa Caribe, donde las autoridades identificaron a 26 personas extranjeras: nueve adultos y 17 menores, todos vinculados a la comunidad Lev Tahor.
Los niños, de nacionalidad estadounidense, canadiense y guatemalteca, fueron localizados tras un mes de seguimiento a los movimientos de la congregación, que había ingresado a Colombia los días 22 y 23 de octubre procedente de Nueva York, Estados Unidos.
El grupo, compuesto por siete familias, se había instalado en el municipio con la aparente intención de fundar una nueva colonia, un patrón que ya se había detectado en otros países para evadir controles judiciales.
El operativo contó con la participación del Gaula Militar Oriente Antioqueño, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), defensores de familia y equipos de Policía Judicial.
Todos los integrantes fueron trasladados al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, donde los menores permanecen bajo vigilancia y acompañamiento permanente de profesionales en psicología, trabajo social y protección de infancia.
La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, subrayó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones y enfatizó que la prioridad absoluta es garantizar la protección de los menores de edad.
“Por eso actuamos desde un enfoque preventivo, de manera coordinada con el Icbf, la Policía Judicial, el Gaula Militar y la Fiscalía, asegurando un acompañamiento integral que salvaguarde sus derechos y bienestar”, declaró Arriero a medios nacionales.
La funcionaria también señaló que existen alertas internacionales sobre miembros de Lev Tahor por presuntos delitos contra menores, incluidas condenas previas a líderes de la comunidad por secuestro y explotación sexual infantil.
La presencia de la secta en Yarumal no pasó inadvertida para los habitantes del municipio, que alertaron a las autoridades debido a los atuendos distintivos de los integrantes y la presencia de numerosos menores. Entre los rescatados se encontraba un bebé de un año.
Las investigaciones buscan determinar cómo llegaron estos niños a Colombia y si fueron víctimas de delitos como rapto parental, abuso o trata de personas. Las autoridades también indagan si los adultos pretendían establecer una base permanente en el país para continuar con actividades ilícitas atribuidas a la comunidad.
Lev Tahor, fundada en Israel en 1988 por el rabino Shlomo Erez Helbrans, es una secta de línea fundamentalista que se adhiere a interpretaciones propias y atípicas de la ley judía. Actualmente, la comunidad cuenta con unos 300 miembros y es objeto de investigaciones y procesos judiciales en países como Israel, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, México, Rumania, la región del Kurdistán, Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte.
Las autoridades internacionales emitieron alertas activas sobre integrantes de Lev Tahor por delitos graves contra menores, incluyendo secuestro, maltrato, abuso sexual infantil y trata de personas. Algunos de sus líderes han sido condenados por secuestro y explotación sexual infantil, y varios enfrentan procesos en Guatemala por tráfico de menores.
El procedimiento en Yarumal representa la primera intervención de este tipo contra Lev Tahor en territorio colombiano. Las autoridades colombianas, en coordinación con organismos internacionales, continúan trabajando para esclarecer la situación de los menores, descartar que hayan sido víctimas de abuso y verificar cualquier indicio relacionado con trata de personas. Además, se evalúan las posibles medidas migratorias aplicables a los adultos involucrados.
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