La sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia entró el 21 de noviembre en una nueva fase de tensión institucional luego de que varios decanos y la Vicerrectoría de Sede publicaran un comunicado conjunto en el que llaman a la comunidad universitaria a mantener la calma, preservar la autonomía y acoger las decisiones judiciales relacionadas con el proceso de designación del rector para el periodo 2024-2027.
El documento, firmado por once decanos y la vicerrectora de sede, advierte que la coyuntura requiere análisis y reflexión, no confrontación. “Hacemos un llamado a un análisis cuidadoso y reflexivo sobre sus consecuencias y, ante todo, a mantener las condiciones que permitan garantizar el desarrollo de nuestras funciones misionales y la culminación del actual periodo académico”, expresan los directivos.
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El comunicado señala que los fallos del Consejo de Estado obligan a que el Consejo Superior Universitario actúe conforme a la Constitución y al marco normativo de la institución. Según los directivos, ello implica que sus decisiones deben ejecutarse bajo los principios de autonomía universitaria.
“Dichas decisiones judiciales implican que el Consejo Superior Universitario, en ejercicio de la autonomía universitaria prevista en el artículo 69 de la Constitución, proceda a su ejecución acorde a sus competencias y en aplicación del marco normativo de la Universidad”, indican. De igual forma, señalan que el llamado se extiende a toda la comunidad universitaria, a la que invitan a respetar las determinaciones que adopten los órganos superiores de gobierno: “Hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria a acoger las decisiones que se tomen por parte de la máxima autoridad de dirección y gobierno de la Universidad”.
En un momento de marcada tensión interna, la dirección de la sede Bogotá también pidió recordar que las decisiones administrativas de la Rectoría y de los cuerpos colegiados mantienen plena validez dentro del marco jurídico. En palabras del comunicado:“Es necesario recordar que los actos administrativos y demás decisiones tomadas por la Rectoría y los cuerpos colegiados de la Universidad fueron realizados en ejercicio de sus funciones, gozan de presunción de legalidad y tienen todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico”.
El mensaje concluyó invitando a la comunidad a preservar el carácter académico en los intercambios públicos y privados, ante un ambiente nacional y universitario especialmente polarizado. “Invitamos a cada una de las personas que integran nuestra comunidad universitaria a que, en nuestras comunicaciones e intercambios, se acuda a un lenguaje respetuoso acorde al carácter académico de nuestra institución”, señalan los firmantes, quienes destacan que deben ser garantes de “las condiciones propicias para el diálogo y el entendimiento que nos permitan mantener una universidad abierta, deliberante y autónoma”.
Petición de la secretaría
En un comunicado dirigido a toda la comunidad universitaria, la Secretaría General confirmó que ya elevó una solicitud formal al Ministerio de Educación Nacional para que convoque, “a la mayor brevedad”, una sesión extraordinaria que permita abordar tres asuntos urgentes: los fallos emitidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 4 de septiembre y el 20 de noviembre de 2025, así como la renuncia presentada por Múnera.
La comunicación oficial detalló que en ese mismo espacio también se discutirá la petición del profesor José Ismael Peña Reyes, radicada el 21 de noviembre ante la Secretaría General, y una advertencia enviada por la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que pidió considerar implicaciones administrativas relacionadas con el caso.
El mensaje reafirma que la universidad se mantendrá a la espera de la decisión del máximo órgano de gobierno, el Consejo Superior Universitario, respecto a los pasos a seguir. La Secretaría remarcó que, “una vez se conozca la respuesta de la Presidencia del Consejo Superior Universitario, se informará oportunamente a la comunidad la fecha y hora de la misma”.
La citación a esta sesión extraordinaria se considera crucial porque definirá el rumbo inmediato de la rectoría y la aplicación de los fallos judiciales que han puesto en entredicho el proceso electoral del cargo más alto de la institución. Al interior de la universidad se espera que el CSU determine si procede un nuevo análisis jurídico del proceso, un ajuste administrativo o la apertura de un procedimiento de designación.
El comunicado está firmado por la secretaria general, María Fernanda Lara Díaz, que reiteró la necesidad de mantener informada a la comunidad académica en medio de un momento de alta sensibilidad institucional. La Universidad Nacional, que atraviesa una de las coyunturas más complejas de su dirección reciente, aguarda ahora la confirmación del Ministerio de Educación para que el CSU sesione y se tomen decisiones que permitan despejar el panorama administrativo de cara al cierre del año académico.
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