El asesinato de un cabo expone fallas en la Fiscalía tras reforma de las unidades Gaula

El asesinato del cabo Jersey Alexánder Quintero tras una falla administrativa en la Fiscalía General de la Nación ha reavivado el debate sobre la reciente reestructuración de las unidades Gaula, implementada mediante la resolución 0298.

El caso, que ha generado conmoción en Colombia, expone cómo una reforma institucional puede tener consecuencias directas y fatales en la atención de delitos como el secuestro y la extorsión, según documentó Semana.

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El 8 de noviembre, Quintero, un militar de 26 años oriundo de Puente Sogamoso, Santander, fue secuestrado en el sur de Bogotá cuando intentaba comprar un vehículo con los ahorros de 10 millones de pesos que había reunido.

Los supuestos vendedores resultaron ser integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, que lo retuvieron, torturaron y finalmente asesinaron. Su cuerpo fue hallado en Soacha días después.

De acuerdo con testimonios recogidos por Semana, los investigadores del Gaula intentaron activar el protocolo de rescate, pero se encontraron con un obstáculo inesperado: la ausencia de fiscales disponibles para recibir la denuncia y autorizar los actos urgentes necesarios, como allanamientos e interceptaciones. “Buscamos que un fiscal recibiera la denuncia para adelantar los actos urgentes y rescatar al cabo, pero no fue posible; días después lo torturaron y asesinaron”, relató un investigador que conoció el caso.

La raíz de esta falla, reconocida por la propia Fiscalía como “administrativa”, se encuentra en la resolución 0298, firmada el 9 de octubre por la fiscal Luz Adriana Camargo.

Esta normativa transformó la estructura de las unidades Gaula, que hasta entonces se habían destacado por su efectividad en la atención de secuestros y extorsiones. Según la Fiscalía, la reforma respondió a un análisis que identificó que la mayoría de estos delitos estaban vinculados a grupos armados organizados (GAO) y grupos de delincuencia organizada (GDO), lo que justificaba una estrategia centralizada y articulada.

La resolución dispuso que los fiscales especializados se concentraran en casos relacionados con GAO y GDO, mientras que el resto de denuncias, que, según funcionarios consultados por el medio mencionado, representan el 90% de los casos, como extorsiones carcelarias, sexting o fraudes conocidos como “el tío tío”, serían remitidas a las seccionales según el lugar de ocurrencia.

Este cambio implicó la redistribución de los fiscales que integraban los grupos Gaula: los especializados pasaron a la dirección de Crimen Organizado, mientras que los seccionales y locales fueron asignados a otras áreas, como violencia intrafamiliar o hurtos.

La consecuencia inmediata, según los testimonios recogidos por el medio mencionado, fue una sobrecarga de trabajo y la pérdida de especialización. En las seccionales, los fiscales enfrentan en promedio 1.000 expedientes y son pocos los que cuentan con experiencia en secuestros y extorsiones. “No es igual que un fiscal de hurtos asuma y resuelva un caso de extorsión”, advirtieron funcionarios de la Fiscalía.

La situación se repite entre los fiscales especializados que ahora deben gestionar los expedientes heredados de las desaparecidas unidades Gaula. Sesenta fiscales recibieron más de 1.700 procesos cada uno, algunos ya en etapa de juicio. Esta sobrecarga, sumada a la exigencia de acudir a audiencias, ha generado preocupación sobre la capacidad de impulsar investigaciones y coordinar con las fuerzas de seguridad.

En una carta dirigida a la fiscal Camargo, la Asociación Nacional de Fiscales (Asonal) alertó: “El delito de extorsión es el de mayor crecimiento a nivel nacional y el secuestro va en aumento”.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que la reestructuración busca optimizar la investigación y evitar la duplicidad de esfuerzos, argumentando que muchos casos presentaban coincidencias en hechos y autores. Según fuentes institucionales citadas por Semana, la creación de grupos especializados en las seccionales permitirá atender las investigaciones por extorsiones que no estén relacionadas con organizaciones criminales de alto impacto.

Sin embargo, funcionarios y expertos cuestionan la decisión de eliminar las unidades Gaula en las seccionales para luego considerar su reactivación, y señalan que la transición dejó desprotegidas a las víctimas. “Esa transición fue la que terminó sentenciando a muerte al suboficial del Ejército”, afirmaron investigadores consultados por el medio.

El impacto de la reforma se refleja en las cifras recientes de secuestro y extorsión. De acuerdo con datos obtenidos por Semana, estos delitos han registrado un aumento sostenido en los últimos dos años, con 2025 como el periodo de mayor incremento, especialmente en secuestros.

La delincuencia común, y no solo los GAO o GDO, aparece como la principal responsable de este repunte: los casos pasaron de 313 en 2024 a 527 en lo que va de 2025. “Las cifras contradicen el análisis que hicieron desde la dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía, no es cierto que la mayoría de los delitos de secuestro y extorsión están relacionados con organizaciones criminales conocidas como GDO o GAO”, señalaron los investigadores entrevistados por Semana, que describieron un ambiente de caos en la atención de estos casos.

Tras el asesinato del cabo Quintero, la Fiscalía reconoció la falla y anunció medidas correctivas, como la implementación de turnos de disponibilidad de fiscales para atender actos urgentes en hechos de secuestro y extorsión. No obstante, la percepción de desprotección y la preocupación por la eficacia de la reforma persisten entre los funcionarios y las víctimas.