El ajuste del salario mínimo que regirá desde enero de 2026 empieza a perfilarse como una de las discusiones económicas más relevantes del cierre de año, aun cuando la negociación formal entre empresarios, trabajadores y Gobierno comenzará el 1 de diciembre.
Aunque ninguna de las partes de la mesa de concertación ha presentado una cifra oficial, ya están sobre la mesa los argumentos que influirán en la decisión.
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Fedesarrollo planteó un aumento cercano al 7 %, mientras que desde el Gobierno se ha mencionado la posibilidad de llegar a 1.800.000 pesos, lo que reavivó las expectativas en distintos sectores.
El Ministerio de Trabajo confirmó que el proceso iniciará este viernes 21 de noviembre, siempre que los actores de la mesa aprueben el cronograma.
La discusión se dará en un contexto económico marcado por una menor expansión de la actividad productiva, restricciones fiscales y una inflación que dejó de caer en los últimos meses, lo que introduce tensiones adicionales a la decisión.
En este escenario, los analistas coinciden en que el reto será equilibrar la protección del ingreso laboral con la estabilidad macroeconómica.
Una de las propuestas que más eco ha tenido provino de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien señaló que los fundamentos técnicos sugieren que el incremento para 2026 no debería superar el 7 %. Según explicó, “la inflación esperada para 2025 está alrededor del 5,3 %, mientras que la productividad laboral muy probablemente será cercana a cero o incluso negativa”, lo que implica que un ajuste mayor podría generar presiones adicionales sobre los precios y el mercado laboral.
Mejía subrayó que el empleo ha crecido a un ritmo superior al de la producción, lo que ha limitado el avance de la productividad, un indicador clave en el cálculo del ajuste salarial.
Esta postura surgió en respuesta a una afirmación reciente del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que el salario mínimo debería llegar a 1.800.000 pesos en 2026.
Ese valor implicaría un aumento del 11 %, cifra que también ha sido mencionada por el presidente Gustavo Petro, por lo que el comentario generó reacciones inmediatas entre centros de análisis y representantes empresariales.
Para dimensionar las propuestas, si se toma como referencia el salario mínimo actual sin auxilio de transporte, que es de 1.423.500 pesos, un incremento del 7 % llevaría el monto a 1.523.145 pesos, equivalente a un aumento de 99.645 pesos.
En contraste, si el ajuste fuera del 11 %, como sugieren algunos sectores del Gobierno, la cifra ascendería a 1.580.085 pesos, es decir, 156.585 pesos adicionales. Estas diferencias numéricas ilustran la distancia entre los planteamientos técnicos y los objetivos políticos de la discusión.
Uno de los puntos que ha generado mayor atención es el impacto inflacionario del aumento decretado para 2025, que incluyó el auxilio de transporte y alcanzó el 11 %.
Mejía indicó que dicho ajuste ya ha producido efectos visibles, pues la inflación completó cuatro meses consecutivos al alza y ha limitado la reducción de la tasa de interés del Banco de la República.
Ese antecedente ha llevado a advertir sobre el riesgo de repetir una presión inflacionaria similar en 2026, un escenario que afectaría el poder de compra de los hogares y la estabilidad de los precios.
Sin embargo, otro de los argumentos de la negociación es justamente la necesidad de asegurar que los trabajadores no pierdan capacidad adquisitiva. Mejía señaló que un incremento hasta del 7 % permitiría compensar la inflación esperada para el próximo año sin generar distorsiones significativas en la economía.
Destacó que una decisión desproporcionada podría afectar la formalidad laboral, frenar la creación de empleo e interferir con el proceso de desaceleración inflacionaria que se busca consolidar.
A medida que se acerca la negociación, distintos actores han insistido en que la meta debe ser alcanzar un ajuste “responsable”, capaz de proteger el ingreso de quienes reciben el salario mínimo, sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
La mesa de concertación deberá evaluar variables como inflación, productividad, crecimiento y mercado laboral, además de las demandas sociales que cada año presionan el debate.
Las discusiones comenzarán con un panorama económico más incierto que el de años anteriores y con expectativas políticas más marcadas de cara al cierre del actual gobierno.
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