Definen la fecha en que se conocerá la condena que deberá pagar el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

El proceso penal contra el general (r) Rodolfo Palomino López, exdirector de la Policía Nacional y una de las figuras más influyentes de la institución en la última década, está a punto de llegar a su desenlace.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fijó para el jueves 4 de diciembre, a las 4:30 p. m., la audiencia en la que se anunciará la pena que deberá cumplir el oficial retirado, después de que el alto tribunal lo declarara responsable del delito de tráfico de influencias, de acuerdo con información de Semana.

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Ese día se sabrá cuántos años de prisión o qué tipo de sanción enfrentará el exalto mando, cuyo actuar fue calificado como una intervención indebida, eficaz y grave dentro de un proceso penal en curso.

El fallo condenatorio contra Palomino se conoce desde agosto, cuando la Sala concluyó que el exdirector de la Policía utilizó su cargo, prestigio y poder institucional para intentar alterar una investigación penal que involucraba al empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, procesado por presuntos delitos relacionados con despojo de tierras.

La Corte Suprema determinó que Palomino solicitó directamente a la fiscal Sonia Lucero Velázquez —quien llevaba el caso— suspender la orden de captura contra Gallo Restrepo y dejarlo en libertad tras la indagatoria, pese a existir información sobre un posible riesgo de fuga.

En su decisión, el tribunal resaltó que el general retirado argumentó ante la funcionaria judicial la importancia social de Gallo y sus conexiones con figuras de alto nivel, entre ellas el expresidente Andrés Pastrana y el entonces presidente del Banco Mundial, Luis Alberto Moreno.

Esa mención, incluida en las grabaciones aportadas por la Fiscalía, fue considerada por la Corte como una clara estrategia de presión para interferir en el curso natural de la investigación.

Las pruebas entregadas por la Fiscalía —particularmente los audios de la conversación entre Palomino y la fiscal Velázquez— fueron determinantes para la declaratoria de responsabilidad penal. En las grabaciones, el exdirector de la Policía expone razones que, según la Sala, no solo buscaban influir en la decisión judicial, sino que generaron un ambiente de intimidación sobre una funcionaria cuyo deber era actuar con independencia y legalidad.

La fiscal, de hecho, entregó las grabaciones a Asignaciones Especiales por instrucción directa del entonces fiscal general Eduardo Montealegre, lo que permitió abrir un caso que hoy llega a su fase final.

La Corte Suprema fue contundente en señalar que la conducta de Palomino produjo “una grave lesión al bien jurídico protegido con la conducta descrita en el artículo 411 del Código Penal”, es decir, una afectación directa a la administración pública y a la confianza en las instituciones judiciales.

Que un funcionario con la máxima jerarquía dentro de la Policía Nacional, con formación académica superior y años de experiencia, intercediera de manera ilegal ante una fiscal, fue interpretado por el tribunal como un abuso de poder incompatible con la dignidad del cargo que ocupaba.

Durante el juicio, la fiscal Velázquez declaró ante la Sala que rechazó de inmediato la propuesta del general retirado y le advirtió que su solicitud constituía una actuación ilegal.

Según su testimonio, Palomino respondió asegurando que contaba con el respaldo de altos funcionarios del Gobierno, como el fiscal Montealegre y el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a quien habría mencionado como parte del conocimiento previo de su acercamiento.

Estos señalamientos fueron analizados por el tribunal como parte del contexto de presión institucional que sufrió la funcionaria.

El caso que rodea al empresario Gallo Restrepo no es menor. La investigación en su contra está relacionada con la adquisición irregular de más de cien predios que habrían sido despojados por los hermanos Vicente y Carlos Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De ahí la gravedad adicional del episodio: la intervención de Palomino se dio en un contexto de investigación por concierto para delinquir, lo que incrementa el impacto de la interferencia en un proceso altamente sensible para el Estado.

No obstante, la Procuraduría no compartió la lectura de la Fiscalía ni de la Corte. En sus alegatos, el Ministerio Público pidió la absolución del general retirado, alegando que las pruebas no acreditaban suficientemente un abuso de poder y que la fiscal Velázquez no actuó movida por temor o intimidación, sino que mantuvo total control del proceso.

Según el procurador delegado, la grabación refleja que la funcionaria incluso cuestionó directamente a Palomino sobre si el entonces fiscal general estaba informado del asunto, lo que, en su interpretación, evidenciaría que no existió una presión real capaz de influir en su decisión.