Por bombardeos en los que murieron al menos 15 menores de edad, Procuraduría abrió investigaciones

El sábado 15 de noviembre, autoridades de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo informaron sobre la muerte de menores edad tras un bombardeo militar en Guaviare, zona impactada por la violencia en Colombia. Este hecho generó consternación en el país.

Posteriormente, la cifra inicial fue actualizada luego de nuevos informes oficiales.

La noche del lunes 17 de noviembre, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que el número de víctimas menores ascendió a quince.

Debido a estos hechos, en la mañana del martes 18 de noviembre, se conoció que la Procuraduría General de la Nación inició cinco indagaciones relacionadas con los operativos militares en Guaviare y otras zonas del país, donde perdieron la vida quince menores. Dicha información fue revelada en primera instancia por Noticias RCN.

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Además, el procurador delegado Néstor Ozuna tiene previsto desplazarse al área afectada para recopilar material probatorio. La intención por parte de la entidad con las indagaciones es establecer si la Fuerza Pública cumplió con los parámetros del DIH en el desarrollo de dicho operativo.

De igual manera, la oficina del procurador Osuna ordenó la recolección de distintas evidencias con el fin de determinar si las fuerzas militares estaban al tanto de que había menores en los campamentos que fueron objetivo de los ataques y si la implicación de los adolescentes se relaciona con acciones dentro del conflicto.

Con respecto a dicha información, fuentes del Ministerio Público informaron a Infobae Colombia que en efecto se adelantarán cinco investigaciones vinculadas a los bombardeos en los que murieron menores de edad.

Y es que, dichas acciones militares incluyeron ataques aéreos sobre instalaciones atribuidas a grupos disidentes de las Farc liderados por “Iván Mordisco”, en las que permanecían menores que habían sufrido reclutamiento forzado.

Días antes, la Procuraduría ya había publicado un comunicado sobre lo ocurrido en el departamento del Guaviare.

En el texto, la entidad expresó “su más profunda condena frente al crimen atroz del reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de estructuras criminales al margen de la ley, práctica que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El Procurador General lamenta profundamente la pérdida de estas vidas inocentes y le envía un abrazo solidario a sus familiares y a toda la sociedad colombiana en este momento”.

El ente de vigilancia alertó sobre un aumento significativo en los casos de reclutamiento de menores durante 2024 y parte de 2025, situación que genera inquietud por su magnitud creciente.

“En el 2024 se presentaron 578 víctimas (351 niños, 227 niñas). 277 de ellos eran indígenas. Esos niños, niñas y adolescentes fueron presuntamente reclutados por las estructuras denominadas “Estado Mayor Central”, “Disidencias” y el “ELN”. Los departamentos más afectados han sido Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y, precisamente, Guaviare. Por su parte, el ICBF da cuenta de 370 menores de edad recuperados de esas estructuras criminales entre 2024 y lo corrido de 2025, con edades entre los 13 y los 17 años, de los cuales el 70 % serían niños y el 30 % niñas (sic)”, explicaron.

Se enfatizó que no existe justificación válida para involucrar a menores en el conflicto armado, sin importar la causa o ideología. Se describió este acto como un “delito infame” que provoca daños irreparables tanto en las familias como en las comunidades.

Además, se subrayó que “los colombianos no toleramos que los criminales arrebaten de ese modo aleve la vida de nuestros hijos y nietos” y se remarcó que no hay excusa aceptable para ese crimen, afirmando que “no es jurídicamente amnistiable ni estamos socialmente dispuestos a perdonar”.

La institución instó a las Fuerzas Militares del país a cumplir y actualizar constantemente las normativas y prácticas operativas necesarias para asegurar la observancia del Derecho Internacional Humanitario, así como de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

Y añadieron lo siguiente: “El Ministerio Público reconoce la difícil labor y los sacrificios de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional y exhorta a continuar su misión dentro de los más altos estándares éticos y jurídicos, en armonía con la protección de la vida humana y la dignidad de las víctimas. Bajo esa óptica, la Procuraduría cumplirá con su deber de investigar con serenidad, imparcialidad y rigor los hechos ocurridos e imponer, si fuere del caso, las sanciones disciplinarias correspondientes”.