
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia impuso el miércoles 12 de marzo de 2026 medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Karen Manrique, recientemente reelegida para un nuevo periodo en el Congreso, se había presentado voluntariamente ante la Policía, pero aún no existía una orden de captura formal en su contra.
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Sin embargo, este jueves 12 de marzo, la captura de Manrique se hizo efectiva después de que se presentara nuevamente en la estación de Policía de Tame, Arauca.
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De hecho, a la representante a la Cámara por la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional ya le leyeron los derechos, formalizando de esa manera su captura.
La mujer acudió a las instalaciones de la Sijín en el municipio de Tame, vestida con una camiseta tipo polo azul, y dejó un mensaje antes de entrar.
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Afirmó que se presentó de manera voluntaria y sostuvo que ha actuado “en el marco de la ley”.
“Son las 8:48 a.m., aquí en la parte de atrás se encuentran las instalaciones de la Sijín acá en el municipio de Tame. Vinimos a presentarnos voluntariamente confiando en Dios y en que hemos hecho todo en el marco de la ley”, expresó.
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Karen Manrique ya se había presentado de manera voluntaria en las instalaciones de la Sijín, pero las autoridades no pudieron formalizar su detención porque no existía una orden de captura vigente.
Karen Manrique ya se había presentado de manera voluntaria en las instalaciones de la Sijín, pero las autoridades no pudieron formalizar su detención porque no existía una orden de captura vigente - crédito suministrada
Detalles de la investigación
La Corte Suprema investiga a varios congresistas por supuestamente condicionar su voto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de contratos asignados desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Los proyectos en la mira involucran recursos que suman cerca de $90.000 millones y benefician municipios como Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y El Carmen de Bolívar en Bolívar.
Sobre Karen Manrique pesa la acusación de supuestamente intentar direccionar contratos de la Ungrd en Saravena a cambio de apoyar créditos internacionales requeridos por el Gobierno.
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Su nombre aparece en chats entregados a la Corte Suprema por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien actúa como colaboradora de la justicia en este proceso.
La decisión judicial dispuso la captura del senador Wadith Manzur, quien fue elegido con más de 134.000 votos el 8 de marzo. Tanto Manzur como Manrique son investigados por cohecho impropio.
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El caso también involucra a la senadora Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán vinculados al proceso judicial sin restricción de la libertad.
“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar”, señala la decisión judicial.
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Las autoridades siguen con las actuaciones judiciales y se espera que se conozca la situación de los demás implicados en este caso, que compromete la labor del Congreso y la administración de recursos para emergencias.
El abogado Andrés Garzón, representante legal de Karen Manrique, indicó en diálogo con La FM que su defendida mantiene la disposición de acudir ante las autoridades judiciales y respetar las decisiones emitidas por la sala, luego del llamado a juicio y la imposición de medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema.
Garzón aseguró que la congresista afronta el proceso con tranquilidad, convencida de no haber incurrido en ninguna conducta delictiva. El jurista consideró que la medida restrictiva resulta excesiva, argumentando que la investigación se centra en un único cargo, sin relación con el manejo de recursos públicos.
Añadió que durante el desarrollo del juicio confían en evidenciar que no existió ninguna acción ilegal por parte de Manrique.
Pese a la postura de la defensa, Garzón subrayó que cumplirán con lo dispuesto por la Corte Suprema, presentándose ante la justicia y enfrentando el proceso legal correspondiente.
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