La reciente adquisición de diecisiete aviones de combate Gripen por parte de Colombia, firmada con la empresa sueca Saab por más de 16.5 billones de pesos, ha reavivado el debate sobre el gasto militar y las prioridades del país.
El presidente Gustavo Petro formalizó el contrato durante la ceremonia del aniversario número 106 de la Fuerza Aérea Colombiana en Cali, destacando la modernización de la flota, la incorporación de tecnología de punta y la relevancia estratégica de la relación bilateral con Suecia.
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Seis años antes, en 2019, el entonces senador Gustavo Bolívar había cuestionado la intención del gobierno de Iván Duque de destinar 1,2 billones de pesos a la compra de aeronaves militares.
A través de su cuenta de X escribió: “Mientras niños mueren de hambre, desnutrición, y jóvenes se van a la violencia por falta de oportunidades, Duque planea comprar aviones de guerra por 1.2 billones. Sin contar costoso mantenimiento. ¿Para qué si aquí no hay guerra en los cielos? ¡La guerra es el negocio socio! (sic)”. Sus palabras generaron gran polémica en su momento y ahora vuelven a cobrar relevancia en medio del debate sobre la flota Gripen.
La compra de los Gripen busca reemplazar la flota de Kfir, cuya capacidad operativa se ha visto limitada. Además, contratos de mantenimiento de helicópteros MI-17 con la empresa Vertol Systems finalizarán en noviembre de 2025, y la flota de Black Hawk podría quedar fuera de servicio al alcanzar el límite de horas de vuelo permitidas.
En este escenario, la incorporación de los nuevos aviones permitirá superar la escasez de aeronaves para operaciones ofensivas contra grupos armados en Colombia.
El presidente Petro destacó que la firma del contrato no solo tiene implicaciones militares, también estratégicas y sociales: “Más allá de la defensa, este acuerdo tendrá un impacto social.
Colombia fortalecerá su desarrollo industrial en paneles solares, agua para La Guajira y salud para los más necesitados. Este avance renueva nuestra voluntad de seguir construyendo un camino de cooperación, respeto y desarrollo compartido”.
El Gripen, desarrollado por Saab, se distingue por su diseño modular, que facilita la actualización de sistemas electrónicos y armamento, y su capacidad de operar desde pistas cortas y bases improvisadas.
Cuenta con radar de última generación y sistemas electrónicos de guerra, optimizando la detección y seguimiento de amenazas en entornos complejos.
Además, su bajo consumo de combustible y menores costos de mantenimiento lo sitúan como un caza estratégico y eficiente para Colombia, compatible con una amplia variedad de armamento occidental y adaptable a sistemas propios según necesidades operativas.
No obstante, la operación ha reavivado las críticas sobre la pertinencia de estos gastos, especialmente frente a problemas sociales persistentes. Colombia enfrenta retos como hambre, desnutrición y desigualdad, mientras destina el 3,4% de su PIB a defensa, un porcentaje superior al de la mayoría de países de la región.
Para compararlo: Brasil invierte un 1%, Venezuela un 0,5% y Ecuador un 3,6%. Estas cifras refuerzan la percepción de que la inversión proyectada por el Gobierno en armamento es elevada.
El contexto de esta compra también revive la preocupación sobre la financiación. El presupuesto del Ministerio de Defensa para 2024 es de 52,8 billones de pesos y para 2025 asciende a 61.1 billones, de los cuales solo el 10% se destina a inversión, y el 90% a gastos de funcionamiento, principalmente nómina.
Petro ha señalado que se comprometerán vigencias futuras, estrategia que implica utilizar recursos de años venideros para cubrir necesidades actuales, lo que genera críticas sobre el impacto fiscal a largo plazo.
Además, la adquisición de los Gripen coincide con la renovación del arsenal militar en general, tras informes de la Contraloría que revelaron municiones vencidas y desaparición de miles de armas, incluyendo fusiles, ametralladoras, pistolas y morteros.
Ante este panorama, la modernización del equipamiento militar parece necesaria, pero la magnitud de la inversión vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre prioridades en un país cuya principal amenaza sigue siendo interna.
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