La controversia sobre la entrega de la personería jurídica al Pacto Histórico ha cobrado fuerza tras las recientes declaraciones de Iván Cepeda, aspirante presidencial y figura central del movimiento.
Cepeda advirtió que la demora del Consejo Nacional Electoral en otorgar este reconocimiento legal podría impedir la inscripción de los candidatos del Pacto Histórico al Congreso, lo que, según sus palabras, representaría “una violación flagrante” de los derechos políticos de los militantes y de los millones de votantes que respaldaron al movimiento en las urnas.
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Acompañado por la senadora María José Pizarro, jefa de debate de su campaña, Cepeda participó en una movilización en Bogotá para exigir el reconocimiento legal del movimiento.
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El político subrayó que, aunque en todo proceso político pueden surgir denuncias sobre irregularidades, hasta el momento “no hay hechos comprobados que afecten la legitimidad del movimiento”.
Recordó que el Pacto Histórico obtuvo más de dos millones setecientos mil votos en la consulta previa, consolidándose, según sus líderes, como la fuerza política más influyente del país.
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La preocupación principal se centra en el calendario electoral: las inscripciones para candidatos al Senado y la Cámara de Representantes comenzaron el 8 de noviembre y se cerrarán el 8 de diciembre.
Cepeda enfatizó que, si el Consejo Nacional Electoral no entrega la personería jurídica antes de esa fecha, el Pacto Histórico quedaría excluido del proceso, lo que impediría la inscripción de sus listas.
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“Sería un atropello, la actitud más arbitraria frente a los derechos políticos de los miembros del país”, afirmó el aspirante presidencial.
Frente a este escenario, el movimiento ha optado por una estrategia que combina acciones legales y presión social.
Cepeda anunció que, junto a la dirección del Pacto Histórico y la doctora Carolina Corcho, presentaron una acción de tutela el día anterior a sus declaraciones, solicitando una medida provisional para que el Consejo Nacional Electoral resuelva la entrega de la personería jurídica en un plazo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas.
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Además, exigieron la convocatoria inmediata de la Comisión Nacional Electoral, con la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, para que se evalúe la presunta vulneración sistemática de sus derechos constitucionales.
La movilización en Bogotá, respaldada por militantes y simpatizantes, refleja la determinación del Pacto Histórico de defender su derecho a la participación política tanto en los tribunales como en el espacio público.
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Cepeda y Pizarro, al frente de la jornada, reiteraron la exigencia de que el Consejo Nacional Electoral actúe con celeridad y transparencia para evitar la exclusión del movimiento en el proceso electoral.
El Pacto Histórico sostiene que su legitimidad no ha sido cuestionada por hechos comprobados y que la negativa del Consejo Nacional Electoral a entregar la personería jurídica carece de justificación.
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El movimiento insiste en que la voluntad de millones de electores debe ser respetada y que la participación política no puede verse restringida por decisiones administrativas.
Convencido de la importancia de la defensa de sus derechos políticos, el Pacto Histórico mantiene su compromiso de agotar todas las vías legales y de movilización pacífica para asegurar su presencia en las próximas elecciones en Colombia.
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Registraduría impide a Iván Cepeda participar en consulta del Frente Amplio
La Registraduría Nacional del Estado Civil determinó que Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del Frente Amplio prevista para marzo de 2026 y deberá presentarse directamente en la primera vuelta presidencial.
Esta decisión se fundamenta en que la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025, en la que Cepeda fue elegido candidato con más de un millón y medio de votos, tuvo carácter interpartidista y no fue exclusiva del Polo Democrático Alternativo, según la resolución revelada por La FM.
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