Una jueza de conocimiento de Bogotá avaló la legalidad del preacuerdo suscrito entre el ex subdirector de Conocimiento la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Luis Carlos Barreto Gantiva y la Fiscalía General de la Nación, en relación con el proceso penal que afronta por hechos de corrupción registrados en la entidad.
Lo acordado indica que el procesado tendrá que cumplir con una pena privativa de la libertad de cuatro años, nueve meses y 15 días en un centro carcelario. A cambio del establecimiento de esta pena, el exfuncionario de la Ungrd deberá declarar ante la justicia por los hechos acaecidos y brindar información sobre 16 personas involucradas en el entramado.
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Aunado a ello, el ex subdirector reintegró $100 millones con garantía de restituir otros $50 millones representados en un bien inmueble. Esto, por el incremento patrimonial obtenido en razón de sus actuaciones delictivas, relacionadas con la desviación de recursos estatales y el direccionamiento de contratos.
“Estos dineros corresponden al dinero que recibió por planear, organizar y orientar hacia un contratista específico la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, que tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques que llevarían agua potable a comunidades indígenas de La Guajira”, precisó la Fiscalía en un comunicado.
De acuerdo con la Fiscalía, el procesado debe responder por los delitos de peculado por apropiación y soborno en la actuación penal, los cuales aceptó.
Intervinientes impugnaron decisión
No obstante, la defensa del exdirector de la Ungrd Olmedo López, salpicado en los hechos de corrupción, presentó un recurso de apelación. “La jueza aprobó el preacuerdo, desconociendo el concurso de conductas y la estricta tipicidad”, precisó la defensa en la audiencia.
La representación del ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd Sneyder Pinilla también criticó el preacuerdo, indicando que la dosificación de la pena fue incorrecta, puesto que otros involucrados en los hechos, como Pinilla, deben responder ante la justicia con penas privativas de la libertad mayores.
Además, recordó que Barreto estuvo involucrado en un intento de soborno, que llevó a cabo a través de su abogado Édgar Riveros, para evitar ser involucrado en el escándalo. Juntos, ofrecieron dinero a Olmedo López ($10.000 millones) y Sneyder Pinilla ($3.000 millones) para que faltaran a la verdad y desviaran la investigación.
“¿Cómo una persona que sobornó a los dos testigos principales de todo este entramado de corrupción va a recibir el 50% de la pena y los dos testigos principales de este entramado de corrupción, solo reciben el 45% y el 40%?”, cuestionó el abogado de Pinilla en la audiencia del 14 de noviembre de 2025.
La fiscal del caso rechazó los argumentos de los abogados, indicando que la pena que se estableció con los procesados, incluyendo a Luis Carlos Barreto, fue producto de una negociación individual. “La Fiscalía consideró que debía hacerse acreedor a esa beneficio del 50%, producto de esa negociación y, por tanto, no debería ser objeto de señalamientos”, explicó.
La jueza aceptó los recursos de apelación, aunque aseguró estar en desacuerdo, para que sean estudiados en segunda instancia y este decida sobre la legalidad del preacuerdo.
El rol de Luis Carlos Barreto en el entramado de corrupción
Según expuso, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública César Manrique Soacha gestionó la entrega de $100.000 millones de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
De ese dinero, se direccionaron varios contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable para la población de La Guajira. También tenían como objeto garantizar el suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías y una prestación de servicios de topografía.
“Para consolidar el actuar criminal, el entonces subdirector de riesgo de la Ungrd Luis Carlos Barreto Gantiva acudió al abogado (Édgar Eduardo) Riveros Rey para que seleccionara empresas y particulares que participarían en las invitaciones a contratar y definiera la asignación a cada contrato”, indicó.
Por estos hechos específicos, el procesado fue señalado como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado, enlistados en un principio de oportunidad que fue aprobado en abril de 2025.
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