Caso Nicolás Petro: estas fueron las salidas en falso de la Fiscalía en la imputación de seis delitos por supuesta contratación irregular

Las dudas y cuestionamientos marcaron la extensa audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación intentó sustentar la imputación de seis delitos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Durante cerca de cuatro horas, la fiscal Lucy Laborde expuso los cargos ante el juez, el procurador y la defensa, aunque su presentación fue interrumpida en varias ocasiones por la falta de claridad en la exposición de los hechos atribuidos al exdiputado del Atlántico.

El proceso se centra en el supuesto papel de Petro Burgos como articulador de una red corrupta que, según la fiscal, habría operado desde 2021 para asegurar contratos públicos en el Atlántico a favor de la Fundación Consciencia Social (Fucoso), representada legalmente por Gustavo de la Ossa.

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Laborde sostuvo que el exdiputado del Atlántico junto a su expareja Day Vásquez y otros colaboradores, habría influido de manera indebida en la entonces gobernadora Elsa Noguera y en su secretario general, Raúl Lacouture, con el objetivo de que los contratos para la atención de población mayor fueran adjudicados a Fucoso.

La investigación tomó impulso a partir de la colaboración de Day Vásquez con el ente acusador, que, en busca de beneficios judiciales, entregó chats y audios que, según la fiscal, evidencian el plan ejecutado entre 2021 y 2022 por Petro Burgos, Vásquez, Lacouture, Pedro Name y De la Ossa para apropiarse irregularmente de los contratos y repartirlos entre allegados. Day Vásquez se convirtió en una pieza clave, puesto que su testimonio y los registros en su teléfono móvil constituyen parte fundamental de la acusación.

No obstante, la intervención de la fiscal Laborde generó insatisfacción en el juez, que en repetidas ocasiones le exigió mayor precisión por inconsistencias jurídicas detectadas en su argumentación. En un momento, el juez señaló que los planteamientos de la fiscal “parecerían incompatibles” y le solicitó que aclarara sus argumentos.

El debate se centró especialmente en la imputación de los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. La fiscal afirmó que Lacouture formaba parte de la red para manipular la contratación, pero también sostuvo que sobre él se ejerció influencia para favorecer a Fucoso, lo que llevó al juez a cuestionar la coherencia de esa doble condición.

Sin respuestas por parte de la funcionaria, el juez planteó el siguiente interrogante: “¿Cómo puedo ser víctima de tráfico de influencias si soy Lacouture, y al mismo tiempo ser un coautor para un interés indebido en la celebración de contratos? Si soy Lacouture, o me asocio con Nicolás Petro y su esposa para interesarme indebidamente en un contrato, o celebro el contrato producto de un tráfico de influencias, porque ejercieron una influencia sobre mí”.

Para fundamentar su análisis, el despacho citó un libro del exfiscal Alfonso Gómez Méndez y el jurista Carlos Gómez Pavajeau, y concluyó: “Al despacho le parece que no deja de ser discutible si efectivamente hay un concurso aparente de conductas punibles, o si podría darse un concurso auténtico entre tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos”, aunque admitió la validez de la imputación por la existencia de teorías jurídicas al respecto.

Otro punto de controversia surgió en torno al supuesto tráfico de influencias ejercido sobre la entonces gobernadora Elsa Noguera. El juez exigió a la fiscal que precisara cómo se habría producido la intervención de Petro Burgos en las decisiones de la mandataria.

“Si usted no me da un acontecer fáctico, yo no la dejo imputar ese tráfico de influencias. Me tocará hacer un control material de la imputación porque si usted no da un sustrato fáctico de ese delito, ¿cómo le pregunto yo al señor si se allana de los cargos? ¿De qué se va a allanar si solo tenemos el delito?”, advirtió el juez.

Laborde respondió que la relación con Noguera aún se encuentra en indagación, pero afirmó que en 2022 se habría producido un acercamiento a través de Day Vásquez, supuestamente instrumentalizada por Nicolás Petro Burgos. Según la fiscal, “El 31 de agosto de 2022, la señora gobernadora manifestó y expuso su interés de acudir a eventos oficiales. La señora gobernadora del Atlántico, la doctora Elsa Noguera, tuvo pleno conocimiento”.

La defensa denunció falta de claridad en los argumentos de Lucy Laborde

La defensa, encabezada por Alejandro Carranza, también intervino para exigir mayor claridad a la fiscal. Uno de sus señalamientos fue que se estaría imputando a Nicolás Petro Burgos por un hecho ya contemplado en un proceso anterior: el supuesto enriquecimiento ilícito por $1.053.000.000 que, según la Fiscalía, no podría justificar, y que ahora se le atribuye nuevamente en relación con la contratación de Fucoso.

El procurador Henry Bustos respaldó la observación de la defensa y subrayó: “El señor defensor tiene razón y hay que hacer claridad sobre el punto. Si se trata de hacer una nueva imputación por unos hechos que ya están en etapa de juicio, están vulnerando derechos fundamentales”. Durante la audiencia, Bustos recordó la cifra del presunto incremento ilícito en el patrimonio de Nicolás Petro Burgos, $1.053.000.000, que la propia Fiscalía había señalado en la acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El juez insistió en que la aparente similitud entre el interés indebido en la celebración de contratos del primer caso y el peculado que se discute en esta diligencia requiere un análisis detallado, y anunció que emitirá su opinión al respecto una vez concluya la imputación el 26 de noviembre de 2025.

El representante de la Procuraduría también cuestionó la imputación del delito de falso testimonio, señalando que no se había anunciado que Nicolás Petro Burgos hubiera mentido ante una autoridad judicial o en un acto administrativo, como exige la norma. Para la fiscal Laborde, el falso testimonio se habría configurado porque el hijo del presidente de la República habría ingresado información falsa al Sigep hace algunos años, relacionada con su hoja de vida y sus cuentas financieras.