40 años de Armero: la tragedia natural que se convirtió en el mayor robo humanitario del siglo XX

La tragedia de Armero en 1985, producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, no solo fue una catástrofe natural, sino un escenario de corrupción y negligencia estatal que impidió que muchas de las ayudas, especialmente las de carácter humanitario y logístico, llegaran a los damnificados.

Aquel 13 de noviembre quedó grabado como el día en que un pueblo entero desapareció, pero también como el inicio de una de las páginas más oscuras en la historia del país: el desvío y la corrupción en las ayudas humanitarias que debían aliviar el dolor de los sobrevivientes. Miles de personas esperaron comida, medicinas y abrigo, mientras toneladas de donaciones se perdían entre trámites, bodegas y redes de funcionarios que aprovecharon el caos para enriquecerse.

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Los registros históricos muestran que el desastre no terminó con el barro; tras el impacto inicial, llegaron aviones cargados de ayuda internacional. Naciones, empresas privadas y ciudadanos comunes enviaron desde alimentos hasta equipos médicos; sin embargo, gran parte de esos recursos nunca llegó a los damnificados.

La ayuda internacional que nunca apareció

En la investigación realizada por el periodista Mario Villalobos se reveló que “a través del año de 1986 recibimos la visita del señor Hernando Sánchez, que venía de Chicago a buscar la destinación que la Cruz Roja Americana le había dado a USD207.244,30, suma entregada a la Cruz Roja del Tolima, pero que nunca han llegado a esta institución”. Según el reportaje, el dinero fue girado en medio de la emergencia, pero los registros contables no mostraron su destino final.

Villalobos añadió que “el uso y abuso de automotores de la Cruz Roja en el norte del Tolima fue tan grande que 17 vehículos de estos fueron estrellados”. Los reportes de la época incluyen facturas en blanco, cuentas sin justificar y denuncias sobre la venta de plantas eléctricas que debían usarse en los hospitales de campaña, pero que terminaron en manos de mafiosos del Caquetá; lo que empezó como un operativo humanitario se transformó en un escenario de opacidad y pérdida.

El periódico El País de España publicó que conoció testimonios de voluntarios que describieron bodegas repletas de cajas sin entregar, juguetes que se dañaban con el paso del tiempo y medicamentos vencidos, en esos días de escasez. En una de las denuncias más simbólicas, el diario reportó que “89 cajas, con 740 toneladas de juegos para los huérfanos de Armero, están hace más de cuatro meses en las bodegas de la aduana interna de Bogotá. Nadie ha venido a reclamarlas”. Los juguetes fueron enviados desde España por un ciudadano que los reunió en memoria de la niña Omayra Sánchez, pero se deterioraron mientras los niños sobrevivientes no tenían con qué distraerse de la tragedia.

Resurgir: el fondo que nunca explicó 35.000 millones

El entonces gobernador del Tolima, Jacobo Pérez Gómez, fue señalado de intentar redirigir esas donaciones a otros municipios. El diario en mención señaló que “según versiones, la esposa del gobernador quiso entregar los juguetes a damnificados distintos a los de Armero. Como Benito se opuso, ella se negó a retirar las cajas de la aduana”. Las autoridades negaron los hechos, pero los registros mostraron que los elementos infantiles nunca fueron liberados.

A las irregularidades materiales se sumó el fraude en la identificación de damnificados. La Corporación Resurgir, creada para manejar las ayudas, registró 32.000 personas como afectadas, aunque Armero tenía cerca de 30.000 habitantes. “Hasta 40.000 personas se presentaron a reclamar ayudas”, indicaron los informes del Congreso y esa distorsión permitió que individuos ajenos a la tragedia reclamaran subsidios, mientras muchos sobrevivientes quedaban por fuera del sistema.

El fondo Resurgir fue constituido el 29 de diciembre de 1985 mediante el decreto 3857, firmado por el presidente Belisario Betancur y su función era administrar las donaciones y coordinar la reconstrucción. Según los balances oficiales, entre 1986 y 1987 se invirtieron $16.748’469.951, pero “el gran enigma que aún no ha sido resuelto es qué ha pasado con los más de $35.251’530.049, correspondientes al 67,3 % de los fondos con los que empezó a funcionar Resurgir”, informó Confidencial Noticias. Ese dinero desapareció sin registro claro de ejecución, y el fondo fue liquidado en 1988.

Ambulancias que nunca llegaron y ropa en mal estado

En 2015, Ramiro Lozano Neira, exgobernador del Tolima y exdirector de la Cruz Roja del departamento, declaró al medio citado que de “11 ambulancias donadas para la tragedia, solo dos llegaron a la zona del desastre. Igualmente, equipos de cirugía microscópica, juguetes, carpas, frazadas y ropa no llegaron al área de la tragedia. Lo que sí llegó fueron prendas de vestir en mal estado y zapatos de un mismo pie”. El exfuncionario interpuso una demanda ante un juzgado en Bogotá, pero, según explicó, la investigación fue archivada.

Mientras tanto, en los pueblos donde fueron reubicados los sobrevivientes, la ayuda estatal se concentró en la construcción de viviendas, sin atender las necesidades de empleo ni crédito. “La tragedia se ha manejado dándole importancia únicamente al ladrillo y al cemento. No se han resuelto los problemas integrales de la gente”, declaró la asistente social Betty Elder en entrevista con El País en 1987. Los nuevos barrios en Lérida y Guayabal albergaron a los desplazados, pero sin servicios adecuados ni oportunidades productivas.

La reubicación también tuvo tintes políticos. “La tragedia se manejó con criterio político”, expresó el congresista liberal Mauricio Guzmán; “toda la ayuda económica, administrativa, bancaria y política se situó en Lérida para favorecer al político que tiene allí su fortín”. De ese traslado forzado surgieron nuevos focos de pobreza y exclusión, pues en lugar de reconstruir la comunidad armerita, se levantó una ciudad donde los sobrevivientes eran vistos como intrusos.

Los niños desaparecidos de Armero

Pero, el episodio más oscuro surgió después, cuando empezaron a desaparecer niños rescatados con vida. En medio del caos de los primeros días, decenas de menores fueron trasladados a hospitales y refugios en distintas ciudades, algunos nunca regresaron con sus familias. Según la Fundación Armando Armero, liderada por Francisco González, al menos 137 niños fueron vistos con vida en videos grabados por la prensa y los organismos de socorro, declaró para Deutsche Welle (DW). Muchos de ellos terminaron en procesos de adopción irregulares dentro y fuera del país.

González, que perdió a su padre y a su hermano en la avalancha, explicó que “tenemos pruebas y registros de adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) que nos han hecho llegar personas adoptadas desde Colombia y diferentes lugares del mundo”. En declaraciones al medio alemán, aseguró que la entidad “respondió a un derecho de petición diciendo que no cuenta con información sobre los protocolos utilizados para el rescate, tenencia y entrega de los niños que salieron vivos después de la avalancha”.

Las denuncias de González apuntan a que el Icbf tenía libros con registros fotográficos y descripciones de los niños entregados, junto con los nombres de las personas que los recibieron.

Los archivos judiciales muestran que la mayoría de procesos por la corrupción en las ayudas se cerraron sin responsables. Las investigaciones posteriores se centraron en la negligencia previa a la erupción, pero no en el destino de los recursos; sin embargo, la huella del desvío quedó registrada en cada testimonio. Una sobreviviente, identificada como Alicia, relató en El País en 1981: “Yo me hubiera contentado con una carpa. Lo más importante no es una casa. Yo necesito un trabajo para mantener a mis ocho hijos”. Su frase resumió la frustración de miles de personas que, cuatro décadas después, siguen esperando respuestas.

En 2025, el recuerdo de Armero vuelve a despertar reclamos de verdad; los sobrevivientes y familiares insisten en que el país no cerró esa herida. Las pruebas y reportes periodísticos señalan que la tragedia natural se transformó en una tragedia moral, mientras los archivos oficiales guardan silencio, los nombres de los donantes y de las víctimas siguen presentes en la memoria colectiva.