
La discusión sobre la educación inclusiva en Bogotá se intensificó luego de que María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, cuestionara duramente al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Educación por los cambios en las Aulas de Apoyo Pedagógico (AAP).
Según la congresista, estas modificaciones afectan a los estudiantes con discapacidad y representan un recorte que perjudica a las clases populares. Carrascal afirmó que el plan de “transición progresiva” hacia aulas regulares se implementó sin recursos suficientes y sin acompañamiento docente adecuado.
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La congresista también denunció que la Secretaría de Educación no abrió nuevos cupos para el programa, limitando la atención especializada que muchos niños, niñas y jóvenes requieren.

Además, Carrascal señaló que documentos oficiales de la Secretaría de Educación evidencian la decisión de no abrir nuevos cupos en el programa, limitando la oferta educativa para estudiantes con discapacidad.
La congresista cuestionó que, en lugar de garantizar una integración efectiva, el plan se está implementando sin recursos suficientes, sin formación docente ni acompañamiento, lo que derivaría en un “recorte sin planeación” que afectará a alrededor de 1.600 estudiantes.
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Secretaria de Educación respondió a las críticas de la congresista sobre educación inclusiva
Frente a estas afirmaciones, la secretaria de Educación del Distrito, Isabel Segovia, respondió de manera directa en la misma red social donde Carrascal publicó sus críticas. La funcionaria calificó como erróneas las conclusiones de la representante y aclaró que la información presentada estaba fuera de contexto.

En su cuenta de X, la funcionaria escribió: “Representante, me sorprende las conclusiones que asume de la respuesta que le entregamos, aun poniendo las imágenes del oficio, y sacando totalmente de contexto la información”.
Isabel Segovia respondió a las críticas señalando que la información que maneja la Secretaría es completa y transparente. Según ella, “nosotros no estamos ocultando información como usted sugiere en la interpretación errónea que hace. Desde el mes de agosto abrimos matrículas para población priorizada y eso incluye a estudiantes con discapacidad”.
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Segovia explicó además que la atención de cada estudiante se basa en una valoración pedagógica individual, la cual permite determinar “la mejor oferta de atención, es decir, los ajustes y apoyos que requiere. Eso es lo que estamos diciendo”.

La funcionaria también aclaró que las AAP no se están cerrando y que el proceso de transición hacia aulas comunes cumple con la normativa legal vigente: “Estamos dando cumplimiento a lo que dice la Corte, la ley y el MEN en un tránsito planeado y progresivo hacia aulas comunes”.
La secretaria destacó que hoy Bogotá atiende a más de 23.000 estudiantes con discapacidad, y que el 93% ya estudia en aulas regulares. Según Segovia, la ciudad tiene las capacidades necesarias para este proceso, que “no es un cierre ni un recorte, sino el cumplimiento de una obligación del Estado: garantizar que todos los estudiantes con discapacidad aprendan en entornos no segregados”.
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La secretaria añadió que el sistema distrital de apoyos se mantiene sólido y reforzado: “Estamos fortaleciendo el sistema distrital de apoyos, no limitándolo como insinúa, el cual se conforma por más de 1.500 profesionales. Todos continúan y continuarán acompañando el proceso en los colegios y fortaleciendo las prácticas inclusivas”.

Segovia también destacó el trabajo conjunto con las comunidades educativas: “Desde el inicio de este proceso se han venido adelantando mesas de trabajo con todas las comunidades educativas y justamente durante esta semana estamos haciendo recorridos por las aulas con comunidad, actores sociales y políticos interesados y entes de control”.
De igual manera, la secretaria de Educación defendió la aplicación de las normativas nacionales y rechazó que se esté justificando el proceso únicamente con circulares internas: “Nosotros no estamos ‘justificando la medida con las circulares 020 y 021 expedidas en 2022’. Estamos cumpliendo la ley y las directrices que debemos acoger todas las secretarías de educación del país”.
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La funcionaria recomendó además consultar al Ministerio de Educación para obtener información precisa y afirmó que “el sesgo hacia todas las acciones de la actual administración de Bogotá no le impidan ver la realidad: estamos avanzando hacia una educación pública más inclusiva, equitativa y de calidad, donde la diferencia no se aísla, sino que se valora como parte esencial del aprendizaje conjunto”.
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