Irene Vélez destapó una red que habría arrasado con 52.000 hectáreas de bosque en Meta: “Eran grandes determinadores de la deforestación”

En un operativo conjunto que puso bajo la lupa las redes de poder político y económico detrás de la destrucción, las autoridades colombianas lograron la captura de 17 personas señaladas de integrar una red criminal dedicada al despojo de tierras y a la devastación ambiental en el departamento del Meta.

Entre los detenidos se destaca Jorge Iván Duque Lenis, exalcalde del municipio de Mapiripán, que habría instrumentalizado su influencia local para facilitar el andamiaje delictivo.

La noticia fue confirmada por la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, que detalló la magnitud de una de las operaciones más ambiciosas de los últimos años contra los llamados “determinadores” de los delitos ambientales.

De acuerdo con su publicación en la red social X, la organización criminal sería la responsable de la deforestación sistemática de más de 52.000 hectáreas de bosque nativo y del acaparamiento ilegal de una extensión de tierra que supera las 165.000 hectáreas en el sur del país.

Las investigaciones, que se extendieron por varios meses bajo la coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (onaldef), pusieron al descubierto un sofisticado modelo de acumulación ilegal de tierras.

Denuncia de acaparamiento ilegal de tierras en el Meta

Al parecer, la red criminal operaba mediante la apropiación fraudulenta de baldíos de la Nación para posteriormente someterlos a quemas y talas masivas, con la transformación de la selva protegida en terrenos aptos para la ganadería extensiva y proyectos agroindustriales a gran escala.

De acuerdo con la información que reveló Irene Vélez, que también se desempeña como la directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), para conectar estas zonas de colonización ilícita, la estructura llegó a abrir cerca de 68 kilómetros de vías ilegales sin ningún tipo de licencia ambiental, con la fragmentación de corredores biológicos vitales para la fauna.

La ministra encargada de Ambiente enfatizó que este resultado responde a un cambio de estrategia en la política criminal del Estado, la cual busca migrar de la persecución del eslabón más débil, como el campesino colono, hacia las cabezas financieras y políticas que financian la destrucción.

“¡Ir tras los grandes determinadores de la deforestación ha sido una prioridad de nuestro Gobierno! A la vez que llegamos a los territorios con incentivos económicos para las comunidades campesinas que protegen los bosques, también actuamos con contundencia contra quienes se enriquecen destruyendo la naturaleza y apropiándose ilegalmente de las tierras de la Nación”, señaló Vélez en su cuenta de X.

La alta funcionaria explicó que la desarticulación de esta banda en Mapiripán se dio gracias a un esfuerzo interagencial en el que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Cabe destacar que el impacto ecológico de la organización criminal trascendió los límites de Mapiripán; de acuerdo con la denuncia de Irene Vélesz, la deforestación masiva y la apertura de las carreteras clandestinas afectaron de manera directa a diferentes áreas: los Parques Nacionales Naturales Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de la Macarena, la Reserva Nacional Natural Nukak y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, al considerar el patrimonio de la humanidad.

Irene Vélez habló de de estructuras político-económicas detrás del caso

“Lo que esta investigación revela es la dimensión real de las redes criminales que están detrás de la deforestación en Colombia: una estructura que habría acaparado ilegalmente 60 baldíos de la Nación, equivalentes a más de 165.000 hectáreas; deforestado más de 52.000 hectáreas de bosque; abierto 68 kilómetros de vías ilegales; y destruido nuestros bosques para instalar actividades ilegales agroindustriales y ganaderas”, precisó la ministra encargada.

El componente más complejo del caso radica en la presunta participación del exalcalde Jorge Iván Duque Lenis, lo que para las autoridades demuestra cómo las economías ilícitas penetran las esferas del poder local para garantizar impunidad y legalizar el despojo de los bienes del Estado.

“Como lo ha señalado el presidente Gustavo Petro desde hace años, las economías ilícitas que destruyen la naturaleza operan a través de la captura de las instituciones, corrompiendo al Estado para la acumulación ilegal de riqueza. Con este operativo, desmontamos un modelo criminal que convirtió la destrucción de la naturaleza en una forma de acumulación”, puntualizó Vélez.

De forma paralela a la revelación de la noticia, Irene Vélez divulgó un video de uno de los procedimientos judiciales, al mostrar el momento exacto en que uniformados de la Policía Nacional leían sus derechos a unos implicados durante las capturas.