La Fundación Universitaria San José informó el viernes 7 de noviembre que anuló oficialmente los títulos universitarios de Juliana Guerrero, tras concluir una investigación interna que determinó la inexistencia de registros académicos en los programas cursados por la funcionaria.
La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la institución, luego de agotar el proceso disciplinario correspondiente.
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El anuncio se dio a conocer mediante un comunicado público en el que la universidad detalló los resultados parciales de la investigación iniciada el 25 de septiembre de 2025, cuando se detectaron presuntas irregularidades en el trámite del título académico de Guerrero, que representa a la administración del presidente Gustavo Petro en la Universidad Popular del Cesar.
Según el documento oficial emitido por la institución, “la revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”.
Asimismo, la Fundación precisó que la información fue remitida a las autoridades competentes a través de su equipo jurídico, reiterando su “compromiso de colaboración y transparencia para el esclarecimiento total de los hechos”.
La institución recordó que desde septiembre de 2025 había puesto en conocimiento de la opinión pública la detección de inconsistencias en el trámite académico de Guerrero, razón por la cual se iniciaron acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos y se dispuso la revisión de los procedimientos internos para identificar posibles fallas en los controles institucionales.
Fallo judicial ordenó la entrega de información clave
La decisión del Consejo Directivo ocurrió pocos días después de que el Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá ordenara a la Fundación Universitaria San José entregar, en un plazo de 48 horas, la información académica de Juliana Guerrero. Dicha orden judicial, emitida el 31 de octubre de 2025, respondió a un derecho de petición presentado por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que desde el 29 de agosto había solicitado los documentos que acreditan los títulos universitarios registrados en la hoja de vida de Guerrero.
El fallo determinó que la universidad no cumplió con su obligación de responder de manera adecuada, señalando que la respuesta inicial fue “evasiva” y no cumplió “los presupuestos constitucionales del derecho de petición”. El juez enfatizó que los títulos universitarios y las actas de grado son documentos públicos, especialmente cuando habilitan el ejercicio profesional, por lo que su entrega no puede estar sujeta a condiciones ni reservas.
El despacho judicial también citó sentencias recientes de la Corte Constitucional, correspondientes a 2025 y 2022, que reiteran el carácter público de los títulos académicos como actos administrativos. Además, aclaró que la información semiprivada relacionada con la formación de un funcionario puede divulgarse cuando existe un interés público sobre su idoneidad, como ocurre en el caso de Guerrero, que hasta el 25 de septiembre figuraba entre los aspirantes a ocupar la Viceministerio de las Juventudes.
La congresista Jennifer Pedraza celebró la decisión del juzgado, subrayando que el fallo constituye un respaldo al ejercicio de control político. “Es inadmisible tener que acudir a la justicia para poder hacer control político, pero este fallo demuestra que estamos actuando en defensa del mérito y la verdad”, declaró la representante en sus redes sociales y ante medios de comunicación.
Por su parte, Juliana Guerrero manifestó su intención de continuar con su trayectoria en el sector público y reiteró que tiene previsto presentar la Prueba Saber Pro el 8 de noviembre de 2025, requisito indispensable para optar por un título universitario en Colombia.
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