Paloma Valencia celebró decisión de la ONU de no vigilar sanciones de la JEP: “Gracias a Estados Unidos”

No paran las reacciones políticas tras la decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de prorrogar limitadamente la misión de verificación de la ONU, además de excluir expresamente el seguimiento a las sanciones de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) contra el antiguo secretariado de las Farc.

De hecho, en la mañana del martes 4 de noviembre, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia se pronunció sobre la reciente decisión y extendió su agradecimiento al Gobierno de Estados Unidos.

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La senadora valoró de manera positiva esta medida, atribuyéndola a la oposición estadounidense, y expresó que, en su opinión, acerca a Colombia a la posibilidad de un juicio internacional para los líderes desmovilizados.

“Gracias a Estados Unidos, la misión de verificación de la ONU en Colombia no podrá hacer seguimiento a las ridículas sanciones de la JEP contra las Farc”, publicó la senadora en su cuenta de X.

Además resaltó que la prórroga para la verificación no se extendió por dos años, como en ocasiones anteriores, sino solo hasta 2026, considerando este hecho un revés para la gestión de la JEP.

Valencia hizo referencia explícita a la visita de magistrados de la JEP a Nueva York. Según su relato, este desplazamiento tuvo como fin hacer lobby ante el Consejo de Seguridad.

“La JEP, para darle legitimidad a la payasada de sanciones que impusieron, autorizó el viaje de cuatro Magistrados a Nueva York para que hicieran lobby ante el Consejo de Seguridad”, detalló la legisladora, asegurando que esta gira supuso un gasto superior a $30 millones para el presupuesto público “sin ningún resultado real”, escribió la senadora.

La decisión de retirar el respaldo de la misión de la ONU a la JEP, afirmó Valencia, deja abierta la puerta para que la Corte Penal Internacional (CPI) asuma investigaciones. “Cuando los países no sancionan y garantizan la impunidad, como hizo la JEP con las Farc, la CPI imparte justicia y asume la investigación contra los máximos criminales”, manifestó la también precandidata.

A juicio de Valencia, los resultados en materia de seguridad y cultivos ilícitos deslegitiman el proceso de paz. “Ahora tenemos 22.000 hombres en armas, casi 300.000 hectáreas de coca, 71% de los municipios están amenazados por grupos armados” advirtió, cifras que asoció con el diagnóstico negativo de Estados Unidos y el repunte de delitos como el secuestro y la extorsión.

La precandidata también advirtió que las sanciones de la JEP dieron la percepción de ser “blandas” frente a los crímenes cometidos por el exgrupo guerrillero. “No hubo cárcel ni justicia, solo impunidad con curules gratis y 300.000 hectáreas de coca”, escribió.

Incluso, aseguró que esto refuerza la necesidad de una instancia internacional que, en su perspectiva, garantice una verdadera justicia frente a los crímenes cometidos durante el conflicto colombiano.

El pronunciamiento de la senadora concluyó con una advertencia sobre el futuro de los exdirigentes de las Farc, considerando que aún existe camino ante tribunales internacionales.

“Las Farc pueden creer que se burlaron de los colombianos, pero todavía queda un largo camino en tribunales internacionales para que paguen todo el daño que causaron durante 60 años”, concluyó Paloma Valencia.

El pronunciamiento de la precandidata presidencial se después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara el viernes 31 de octubre la prórroga por un año de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, aunque con un mandato reducido que excluye la verificación de las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016.

La resolución recibió 13 votos a favor y dos abstenciones.La decisión, promovida por el Reino Unido, marca la primera vez en ocho años que la renovación del mandato no obtiene unanimidad, tras semanas de negociaciones y una votación pospuesta para acordar los detalles finales.

Estados Unidos y Rusia se abstuvieron, reflejando tensiones sobre el alcance de la Misión. El embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, justificó la abstención señalando que la Misión “se había excedido de su alcance original”, centrado en el desarme y desarticulación de las Farc, y afirmó: “Bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, Estados Unidos ya no quiere ceder en su posición en materia de paz y seguridad en nombre de un proceso de paz deficiente”.

Waltz agregó que su país respalda la paz y la justicia en Colombia, pero considera que la ONU debe reducir la carga financiera de misiones prolongadas y centrarse en la seguridad.

Por su parte, el embajador ruso, Vasily Nebenzya, defendió la importancia de las funciones eliminadas y advirtió sobre el vacío que dejará la Misión en materia de verdad, justicia y reforma agraria con enfoque étnico.

Nebenzya subrayó: “Todos sabemos que la de Colombia es una de las misiones más baratas”, y sostuvo que la reducción del mandato “refleja las tensas relaciones entre los dos países”.

Otros miembros del Consejo, como China, Panamá, Argelia y Guyana, respaldaron la resolución pero expresaron su desacuerdo con la eliminación de las funciones relacionadas con la justicia transicional y el Capítulo Étnico, criticando a Estados Unidos por impulsar la reducción.