En una declaración ante la Corte Suprema de Justicia, la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides destapó uno de los esquemas más escandalosos de presunta corrupción en el actual Gobierno, la distribución de contratos públicos a cambio de votos en el Congreso.
Según su testimonio, los acuerdos beneficiaban a congresistas de distintas bancadas y eran avalados directamente por el entonces ministro Ricardo Bonilla.
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El testimonio de Benavides fue entregado en el marco de la investigación que adelanta el magistrado Misael Rodríguez contra los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, señalados de participar en la repartición de multimillonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La “fórmula del saqueo”: 20-20-20-10-10-10
La exfuncionaria reveló la existencia de una fórmula que llamó la atención de los investigadores, donde aplica el esquema “20-20-20-10-10-10”, una manera de repartir los cupos indicativos —recursos asignados a proyectos regionales— entre congresistas a cambio de su respaldo político.
Según su relato, la propuesta fue presentada el 4 de octubre de 2023 durante un desayuno en el que varios congresistas plantearon la repartición de los contratos:
“Ellos me dijeron que le pasara la información de que eran 20 para el representante Wadith Manzur, 20 para la senadora Liliana Bitar, 20 para el representante Julián Peinado; 10 para la representante Karen Manrique, 10 para el representante Juan Diego Muñoz y, si el ministro lo consideraba pertinente, 10 para el representante John Freddy Núñez”, declaró Benavides.
La funcionaria aseguró que Bonilla respondió con un escueto “vale, anotado”, avalando así el reparto. Ese 10% “a discreción” del ministro representaba una suerte de “gabela” política, que le permitía mantener margen de maniobra en la asignación de recursos.
Contratos por más de 92.000 millones de pesos
El esquema señalado habría involucrado contratos por más de 92.000 millones de pesos, distribuidos en obras en Cotorra (Córdoba) por 50.000 millones, El Salado (Bolívar) por 12.300 millones y Saravena (Arauca) por 30.000 millones.
De acuerdo con Benavides, los cupos indicativos se convirtieron en una moneda de cambio para aprobar los empréstitos de la Nación, pieza clave de la agenda legislativa del Gobierno. “Los parlamentarios no votaban si no les daban los cupos”, explicó la exasesora ante el magistrado Rodríguez.
El desayuno donde se selló el acuerdo
El desayuno del 4 de octubre de 2023 fue, según la testigo, el punto de partida del reparto. Benavides relató que el ambiente cambió cuando llegó el representante John Freddy Núñez, quien inicialmente no estaba invitado.
“Cuando se sienta el representante Núñez, los temas de la interparlamentaria se vuelven más etéreos y el desayuno se acaba muy rápido”, explicó.
La funcionaria recordó que fue su jefa, Andrea Ramírez, quien le explicó cómo funcionaba el mecanismo y le advirtió que “los cupos indicativos no eran para todo el mundo”. Es decir, solo algunos congresistas cercanos al Gobierno eran beneficiados con los contratos de la UNGRD o del Invías, mientras otros quedaban “a dieta”.
El principio de oportunidad y la confesión clave
María Alejandra Benavides obtuvo un principio de oportunidad con inmunidad total, luego de que la Fiscalía comprobara que actuó bajo órdenes directas del ministro Bonilla y que no se benefició económicamente de las operaciones. Su testimonio, calificado como “contundente”, permitió reconstruir paso a paso la forma en que se negociaba la llamada “gobernabilidad” del Ejecutivo en el Congreso.
Durante su intervención, la exasesora reiteró que fue utilizada por Bonilla:
“Él me usó. Por el hecho de ser el ministro de Hacienda, no le importaba el costo que tenía que pagar; solo necesitaba sacar esto adelante”, aseguró.
Mensajes cifrados y reparto final
Benavides también detalló que se comunicaba con los congresistas por WhatsApp y Signal, enviando información sobre los proyectos y montos asignados.
“Yo se lo envié al representante Wadith Manzur por WhatsApp, al senador Juan Pablo Gallo por Signal y a la representante Karen Manrique por WhatsApp”, relató.
El magistrado le preguntó por qué solo a ellos, a lo que respondió que eran los más insistentes y quienes lideraban los proyectos beneficiados con los recursos.
Una trama que sacude al Gobierno
El caso, conocido ya como el “escándalo de la UNGRD”, ha sacudido al Gobierno y salpica directamente al exministro Bonilla, considerado en su momento el “dueño de la chequera nacional”. Las revelaciones de Benavides abren un nuevo capítulo judicial y político en medio de la crisis de credibilidad institucional.
Con esta declaración, la Corte Suprema amplía las investigaciones sobre la presunta compra de votos en el Congreso a través de contratos públicos, un esquema que, de confirmarse, comprometería no solo la transparencia del Ejecutivo, sino la esencia misma del equilibrio de poderes en Colombia.
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