Golpe al contrabando en Santa Marta: decomisan miles de productos sin documentación, cuyo valor superaba los $300 millones

Las autoridades de Santa Marta dieron un golpe contundente a las redes criminales que operan en esa zona del territorio nacional y que se dedican al contrabando de mercancía entre Colombia y países vecinos.

En un operativo se logró la aprehensión de más de 10.000 unidades de productos de procedencia extranjera que se comercializaban sin cumplir los requisitos legales exigidos por la normatividad colombiana.

El resultado que demuestra la magnitud del contrabando en la región Caribe es producto de acciones coordinadas por la División de Control Operativo de la Policía Nacional y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas (Dian), instituciones que se enfocan en combatir el contrabando y proteger la economía formal local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las autoridades, entre la mercancía incautada se encuentran 3.421 unidades de confecciones y 1.420 unidades de juguetería, 485 pares de zapatos, 105 productos de perfumería y 6.055 accesorios tecnológicos, principalmente protectores de celular y adaptadores USB.

Estos productos eran ofrecidos en locales comerciales y puestos informales, sin la respectiva documentación que acreditara su ingreso legal al país. Ante la irregularidad detectada, las autoridades procedieron a la aprehensión y posterior disposición legal de los productos, como lo exige la legislación vigente en materia de comercio exterior.

La mercancía incautada fue avaluada en cerca de $340 millones, lo que más allá de representar la magnitud de la operación de las autoridades, es una muestra del impacto económico que tiene en la región el comercio de mercancía ilegal provenientes de otros países.

En este sentido, las autoridades indicaron que este tipo de operativos hacen parte de una estrategia nacional para proteger la economía formal y frenar el avance del contrabando en la región.

Por ello, señalaron que el ingreso y venta de mercancía extranjera al margen de la ley afecta la competitividad de los comerciantes que cumplen con todos los requisitos legales y tributarios, además de representar un riesgo para los consumidores, quienes pueden adquirir productos que no han sido sometidos a las revisiones necesarias en cuanto a calidad y seguridad.

Por su parte, la seccional en Santa Marta de la Dian inició los trámites administrativos correspondientes para determinar el destino final de los productos. Dicho procedimiento busca devolver la legalidad al circuito comercial y toma las medidas necesarias para evitar que la mercancía retorne al mercado informal.

El impacto de los decomisos efectuados se extiende a toda la región Caribe, donde el contrabando permanece como una de las principales preocupaciones para las autoridades económicas y de seguridad. Se estima que productos como cigarrillos, licores y cervezas, son los más traficados de manera ilegal en la región, con una incidencia del 69% en la zona, la más alta del país.

Las autoridades le hacen frente al contrabando

Entre los departamentos más afectados se destacan La Guajira, Cesar, Magdalena y Bolívar, los cuales sufren una afectación directa en sus finanzas departamentales debido a la evasión de impuestos, con pérdidas que superan los $300.000 millones anuales.

Para enfrentar este problema, en 2025 se implementa el “Plan Caribe”, una estrategia integral liderada por la Federación Nacional de Departamentos (FND) que articula acciones de sensibilización ciudadana, operativos de control en territorio y análisis de resultados.

Este plan involucra la cooperación de entidades como la Armada Nacional, la Policía Fiscal Aduanera y las gobernaciones de la región, buscando cerrarles la puerta a las mafias que se lucran del contrabando, algunas de las cuales están vinculadas a acciones criminales violentas contra las fuerzas del orden.

Si bien las acciones de las autoridades para enfrentar esta problemática han arrojado buenos resultados, este fenómeno sigue impactando negativamente por medio de la pérdida de empleos formales, aumento de la informalidad y riesgos para la salud pública debido a la circulación de productos adulterados o no regulados.