Petro cuestionó a OEA y EE. UU. por “ejecuciones extrajudiciales” en el Caribe: “Se define la legitimidad del sistema interamericano de DD. HH.”

El reciente señalamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Estados Unidos por presuntas violaciones al derecho internacional en el mar Caribe ha reavivado el debate sobre la legitimidad y el papel de los organismos regionales en la protección de los derechos humanos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó públicamente la respuesta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ante los hechos denunciados.

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A través de su cuenta oficial, Petro planteó una serie de interrogantes sobre la actuación de los organismos multilaterales frente a las acciones del gobierno de Donald Trump en la región.

El mandatario colombiano se refirió a los ataques perpetrados por Estados Unidos contra embarcaciones y personas en el Caribe, señalando que, según la ONU, estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales debido a la desproporción de fuerza empleada.

“Si el gobierno de Trump está violando el derecho internacional al atacar a personas en desproporción inmensa de fuerza en el mar Caribe, es decir que son ejecuciones extrajudiciales como dice la ONU, ¿por qué no se reúne la OEA a estudiar este problema de violación sistemática de Derechos Humanos en el Caribe?”, escribió Petro.

El presidente colombiano también cuestionó la ausencia de medidas cautelares por parte de la Cidh, con sede en Washington, preguntando: “¿Por qué no hay medidas cautelares de la comisión de los derechos humanos en Washington?”. Petro sugirió que podría existir reticencia a aplicar los mismos estándares a Estados Unidos que a otros países del continente y se preguntó por el motivo del silencio tanto del progresismo como de los gobiernos regionales.

En su mensaje, Petro puso en duda la imparcialidad de la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada por Estados Unidos, al plantear si su aplicación es unilateral y si solo se utiliza en contra de Estados latinoamericanos y caribeños, excluyendo a la propia nación norteamericana.

El mandatario advirtió que está en juego la legitimidad de la OEA y del sistema interamericano de derechos humanos, creados en la década de 1970, y concluyó: “O somos un continente de Naciones soberanas, o somos un continente colonizado por un imperio”.

La reacción de Petro se produjo tras la publicación de la agencia EFE Noticias, que informó el 31 de octubre: “La ONU acusa a EEUU de violar el derecho internacional al atacar embarcaciones en el Caribe”. Según la ONU, los ataques de Estados Unidos contra presuntos barcos de tráfico de drogas representan una desproporción de fuerza que podría constituir ejecuciones extrajudiciales.

El gobierno estadounidense, liderado por Trump, ha incrementado su presencia militar en la región en las últimas semanas. Hasta la fecha, se han desplegado ocho buques de la Armada, se han enviado aviones de combate F-35 a Puerto Rico y se ha movilizado un grupo de ataque de portaaviones hacia el Caribe.

Washington sostiene que estas medidas buscan frenar el tráfico de drogas, aunque analistas señalan que los ataques podrían constituir una escalada militar desproporcionada y cuestionable desde el punto de vista del derecho internacional.

Desde principios de septiembre, la administración estadounidense ha iniciado una campaña de ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, que ha provocado la muerte de al menos 62 personas y la destrucción de 14 barcos y un semisumergible.

Según la versión oficial, los objetivos representaban una amenaza por transportar drogas, aunque expertos internacionales sostienen que estas acciones podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales, incluso si se trata de traficantes conocidos.

La escalada militar incluye además demostraciones de fuerza frente a las costas venezolanas, con vuelos de bombarderos B-52 y B-1B, así como la movilización de marines, drones y aviones espía. Analistas señalan que este despliegue supera ampliamente lo que sería necesario para intercepciones antidrogas y lo consideran un mensaje político hacia Venezuela.

Desde Caracas, el líder del régimen Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos está “fabricando un caso” contra su país y anunció la preparación de brigadas para responder a cualquier amenaza.

Maduro aseguró que Venezuela es un país libre de producción de cocaína y negó las acusaciones de narcotráfico, al tiempo que destacó la importancia de la unidad regional frente a la intervención extranjera.