Expertos revelaron qué sigue tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de revocar la detención domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez reconfiguró el escenario judicial en uno de los procesos penales más seguidos de Colombia.

La jueza Sandra Heredia había condenado al líder político del Centro Democrático por soborno a testigos y fraude procesal, imponiendo una pena que superó incluso la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y ordenando su detención inmediata en el domicilio. Sin embargo, la intervención del Tribunal en segunda instancia modificó de manera sustancial el curso del caso.

Los magistrados que revisaron la tutela presentada por la defensa de Uribe Vélez concluyeron que la jueza Heredia se excedió en sus atribuciones y desatendió elementos fundamentales del proceso.

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En su argumentación, el Tribunal Superior de Bogotá criticó la fundamentación de la medida de aseguramiento, considerando que los motivos expuestos carecían de precisión y solidez. Según el órgano judicial, “los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos, como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer, afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social”.

Tras este fallo, tanto la Fiscalía como las víctimas optaron por recurrir a la casación ante la Corte Suprema de Justicia, abriendo una nueva etapa en el proceso. El camino judicial, en cualquiera de los escenarios, converge en la revisión de la sentencia por parte del máximo tribunal penal del país.

Especialistas en derecho penal analizaron las consecuencias de la decisión del tribunal, especialmente por tratarse de la segunda instancia y por involucrar a una figura de la relevancia de Álvaro Uribe Vélez, que sostuvo su inocencia desde el inicio del proceso. El abogado penalista Wilson Pulido explicó a Semana que “las partes, según se considere que la sentencia fue contraria, si la sentencia que saca el tribunal es confirmatoria, la defensa y el Ministerio Público quedan habilitados para presentar la demanda, y será la Corte Suprema de Justicia la que resuelva si le asiste la razón o al tribunal y juzgado”.

Un aspecto central en este proceso es el manejo de los plazos judiciales. La preocupación por la prescripción de la investigación llevó a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá a acelerar su pronunciamiento, dada la prolongada duración del caso. El abogado Juan Felipe Criollo detalló que “ahora, frente al tema de los términos, vuelve y se reinicia. Los términos y la prescripción normal y regular no importan, porque a partir de que se presente la solicitud de casación, vuelve y corre un término de cinco años. Entonces se reinicia y la Corte tiene hasta cinco años para resolver esa casación”.

En este contexto, la casación ante la Corte Suprema de Justicia se convierte en la instancia definitiva para que las partes defiendan sus posiciones, tras más de diez años de litigio y luego de los pronunciamientos de la justicia en primera y segunda instancia.

Víctimas radicaron el recurso de casación

Los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, representantes legales del senador Iván Cepeda, la médica Deyanira Gómez, Jorge Perdomo Torres y el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, formalizaron la solicitud ante el alto tribunal, en nombre de quienes han sido reconocidos como víctimas en este proceso.

A la acción de las víctimas se sumó la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, que también interpuso un recurso extraordinario de casación. Como delegada del ente acusador, Orjuela había solicitado desde el inicio del proceso que el exmandatario fuera condenado, alineando así la postura de la Fiscalía con la de los representantes de las víctimas.

El senador Iván Cepeda reaccionó a la decisión absolutoria a través de su cuenta de X, donde comunicó a la opinión pública su determinación de no permitir que el fallo quedara firme. En ese sentido, anunció la presentación del recurso de casación y expresó: “Desde ya, informo que interpondremos, ante la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación”.