El incremento del desplazamiento forzado en Antioquia ha alcanzado cifras inéditas durante la actual administración departamental, según ha señalado el gobernador Andrés Julián Rendón.
En los municipios de Briceño, Anorí, Valdivia y Tarazá la situación se ha tornado especialmente grave, con más de dos mil personas desplazadas a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
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Ante esta situación, el mandatario departamental hizo una fuerte crítica al Gobierno nacional, en especial, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, argumentando que no se ha brindado el respaldo necesario en materia de seguridad.
Incluso, Rendón instó al titular de Defensa a asumir un papel más activo en la protección de la población.
“Aquí tenemos que decirle al ministro de Defensa que honre el uniforme que solía portar, que ordene a las fuerzas militares copar esos territorios y poner a correr a los bandidos”, expresó el gobernador.
El gobernador también subrayó que, en su criterio, la solución pasa por una intervención decidida de la fuerza pública, en particular del Ejército, para recuperar el control de las zonas en disputa y garantizar el retorno seguro de los habitantes a sus hogares.
“Los desplazamientos que hoy tenemos son consecuencia de la inseguridad, de enfrentamientos entre criminales que pueden, desafortunadamente, permitirles desplazarse a sus anchas, enfrentarse entre ellos y desplazar a este número tan grande de personas”, aseguró.
Por último, el gobernador Rendón enfatizó la urgencia de una intervención sostenida. “No podemos permitir que la violencia vuelva a expulsar a las familias campesinas de sus tierras. Se requiere presencia institucional permanente”, afirmó el mandatario departamental.
Respuesta del Ministro de Defensa
Ante la denuncia del gobernador de Antioquia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que la disputa territorial entre grupos armados ilegales, vinculados principalmente al narcotráfico y la minería ilegal, ha recrudecido la violencia en la zona.
Para combatir la violencia ejercida por los grupos armados, el jefe de cartera anunció el despliegue de 200 soldados adicionales, la entrega de nuevas embarcaciones fluviales y la incorporación de tecnología aérea para fortalecer la vigilancia.
Así mismo, el funcionario detalló que las operaciones militares se concentrarán en municipios como Briceño, Tarazá, Anorí, El Bagre y Valdivia, donde las comunidades han denunciado amenazas y desplazamientos forzados.
El ministro explicó que el control de rutas del narcotráfico, puntos de extracción minera y corredores estratégicos hacia el norte del país es el principal objetivo de las estructuras criminales.
“Estas estructuras criminales buscan controlar las rutas del narcotráfico, los puntos de extracción minera y los corredores estratégicos hacia el norte del país. Esa disputa es la que genera el incremento de homicidios y desplazamientos”, afirmó Sánchez en declaraciones recogidas por Blu Radio.
Sánchez reiteró que el control de las economías ilegales constituye el eje central del conflicto. “Estas organizaciones ponen a las comunidades a depender del negocio criminal. Cuando se rompen los acuerdos entre ellos por las rutas o los precios, las disputas derivan en asesinatos y ataques indiscriminados”, señaló el ministro a la cadena radial mencionada.
En este contexto, advirtió que antes del 15 de noviembre se intensificará la erradicación de la minería ilegal en el Bajo Cauca, una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados. Para esta tarea, se conformará una fuerza especial integrada por unidades del Ejército, la Policía Ambiental y la Fuerza Aérea, con el objetivo de intervenir las zonas de explotación no autorizada.
De manera paralela, el Ministerio de Defensa implementará una estrategia de prevención del reclutamiento infantil en los municipios de mayor riesgo. El plan incluye jornadas educativas, presencia de psicólogos y el fortalecimiento de programas sociales dirigidos a los jóvenes de las áreas rurales.
Finalmente, el titular de la cartera confirmó que las operaciones continuarán hasta neutralizar las estructuras responsables de los ataques y desplazamientos. Según Sánchez, la prioridad es restablecer la seguridad en los corredores estratégicos del norte antioqueño y garantizar el retorno seguro de las comunidades afectadas.
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