Dos días después de que se llevara a cabo la consulta interna del Pacto Histórico para definir sus listas al Senado y Cámara, además de definir a su candidato único para la Presidencia en 2026, el registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a las críticas de la colectividad, incluido el presidente Gustavo Petro.
De hecho, la Registraduría Nacional defendió su gestión durante la consulta popular organizada por partidos de izquierda el pasado 26 de octubre, en la que más de 2,7 millones de ciudadanos acudieron a las urnas.
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Frente a las críticas sobre la organización y la seguridad del proceso, la entidad aseguró que cumplió con su labor y que la ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto sin mayores contratiempos.
En una entrevista concedida a El Espectador, el funcionario entregó el balance oficial de la jornada destaca la apertura de cerca de veinte mil mesas de votación, cifra acordada previamente con las organizaciones políticas participantes, según indicó Penagos.
“La Registraduría ha cumplido con su labor misional y la ciudadanía pudo ejercer el derecho al voto. El equipo de la Registraduría estuvo atento a garantizar el derecho al voto de la ciudadanía y a las 4 de la tarde se inició todo el proceso de transmisión que fue llevado a cabo sin mayores dificultades”, señaló Penagos al diario nacional.
El equipo de la Registraduría permaneció atento durante todo el día para garantizar el desarrollo del proceso, que, según sus responsables, se llevó a cabo de manera transparente y eficiente.
Organización y acuerdos para la consulta popular
Ante los señalamientos sobre una supuesta insuficiencia de mesas, el registrador explicó que la consulta popular no se equipara a una elección ordinaria, en la que suelen instalarse hasta 125.000 mesas.
El número reducido respondió a un acuerdo suscrito el 3 de octubre con los partidos Colombia Humana, Pacto Histórico, Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista.
Según indicó, en ese documento se establecieron 13.400 puestos, veinte mil mesas y siete millones de tarjetas electorales, cifras que sirvieron de base para la planeación logística y presupuestal, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.
“Toda decisión que adoptó la Registraduría en relación con este proceso está plenamente documentada y concertada con los partidos. La Ley 1475 señala que la Registraduría presta una labor de colaboración en el caso de consultas populares y así lo hizo”, indicó Penagos a El Espectador.
La entidad destacó que todas las decisiones adoptadas están plenamente documentadas y concertadas con las fuerzas políticas involucradas, en cumplimiento de la Ley 1475, que define el papel de la Registraduría en consultas populares.
Preparación tecnológica y retos de seguridad electoral
En cuanto a la preparación tecnológica, la Registraduría afirmó que los sistemas informáticos funcionaron correctamente y que la divulgación de resultados se realizó sin dificultades relevantes, a diferencia de lo denunciado por el presidente Gustavo Petro, que acusó a la entidad de no estar preparada para las elecciones ordinarias de 2026.
“La Registraduría tiene todas las capacidades. Los softwares no han tenido dificultad alguna y el trámite y la divulgación de los resultados se presentó sin mayores contratiempos. Aquí estuvieron todos los auditores de los partidos políticos, la Procuraduría, órganos de control y fueron evidenciando cómo y de qué manera se iba procesando la información”, comentó Penagos.
Según indicó el funcionario, durante la jornada, la página web de la entidad recibió 190 millones de visitas, lo que generó una ralentización temporal. El área de informática implementó controles para mitigar posibles amenazas de ciberseguridad, identificando y gestionando intentos de acceso malicioso.
La presencia de auditores de los partidos, la Procuraduría y otros órganos de control permitió verificar en tiempo real el procesamiento de la información, reforzando la confianza en la transparencia del proceso.
La seguridad representó uno de los principales retos. La Registraduría reportó amenazas directas a funcionarios, como el caso de la registradora de Yopal, quien fue declarada objetivo militar por disidencias de las Farc y debió abandonar la ciudad tras cumplir con su labor.
Además, el Ministerio de Defensa identificó 104 municipios con riesgos extremos de cara a las próximas elecciones, especialmente en zonas rurales y veredales. La entidad señaló que la instalación de mesas depende de las garantías de seguridad proporcionadas por la Fuerza Pública y que mantiene una coordinación permanente con el Ministerio de Defensa a través del Plan Democracia para asegurar la cobertura en los comicios de 2026.
Perspectivas para las elecciones 2026 y contexto político
De cara a las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo de 2026, el registrador Hernán Penagos reiteró su disposición para trabajar con transparencia e integridad.
Reconoció el ambiente de alta polarización política y social en el país, así como la intensidad del debate público, factores que, según la entidad, han derivado en cuestionamientos que afectan no solo a la institución, sino a la democracia misma.
La Registraduría insistió en que las críticas deben dirigirse a los acuerdos políticos y no a la labor técnica y operativa de sus funcionarios.
“La registraduría está preparada para los comicios que se vienen en marzo y mayo. Aquí actuamos con transparencia e integridad”, concluyó el ministro en El Espectador.
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