Un reciente fallo del Tribunal Administrativo de Santander, con ponencia de la magistrada María Eugenia Carreño, le ordenó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) entregar información solicitada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, relacionada con contratos de prestación de servicios celebrados entre la institución y Juliana Guerrero Jiménez.
El nombre de la UIS fue mencionado en el escándalo de la candidata a viceministra de la Juventud, luego de que medios de comunicación nacionales documentaran que la joven recibió contratos y honorarios estatales sin contar con un título profesional, entre 2023 y 2024.
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“Indicar a la solicitante de forma expresa, clara y concisa los criterios que tuvo en cuenta para seleccionar a la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez como enlace territorial de las actividades relacionadas con espacios de sensibilización y articulación de escenarios de convivencia y seguridad ciudadana en el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo 2402 de 2023, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad Industrial de Santander”, se lee en la sentencia.
La noticia fue confirmada por la congresista Pedraza desde su cuenta de X: “Una decisión judicial más en contra de Juliana Guerrero. El Tribunal Administrativo de Santander me dio la razón: la @UIS no podía esconder los contratos de Guerrero, protegidos con una falsa “cláusula de confidencialidad”. La transparencia no se negocia. Nadie puede ocultar información cuando se ejerce control político”, aseguró la parlamentaria.
En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó a la UIS que, en un plazo de tres días, “a partir de la notificación de la providencia”, entregue los soportes de ejecución y los informes de supervisión de los contratos.
“No obstante, si dentro de los documentos y la información solicitada y relacionada en esta providencia llegaren a obrar datos personales o sensibles, la Universidad Industrial de Santander deberá protegerlos en los términos de los artículos 6 y 21 de la Ley 1712 de 2014, conforme a los principios previstos en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, para asegurar de esta manera la salvaguarda de los derechos de los titulares”, precisó el juzgado en el fallo.
Los contratos entre la UIS y Guerrero que gozaban de una cláusula de confidencialidad
El caso estalló en septiembre de 2025, época en la que la Universidad Industrial de Santander declaró como “reservada” la información sobre los contratos firmados con Juliana Guerrero, antes de que esta obtuviera su título profesional.
Según una investigación de Semana, Guerrero habría ejercido funciones de supervisión sobre convenios entre la UIS y el Ministerio del Interior durante 2023 y 2024, en los meses previos a su graduación universitaria.
En ese periodo, la principal aspirante al Viceministerio de las Juventudes no acreditó formación universitaria ni título profesional, condiciones necesarias para supervisar contratos interadministrativos, cuyo objetivo era “realizar actividades necesarias para la consolidación, construcción e implementación de rutas metodológicas relacionadas con la convivencia y la seguridad ciudadana en el país”, de acuerdo con la información publicada por ese medio.
En la respuesta de la Universidad Industrial de Santander a un derecho de petición presentado por Semana, la institución precisó que los detalles de los contratos con Guerrero eran “reservados” y solo podrían divulgarse con autorización expresa de la contratista o por orden judicial.
De acuerdo con Semana, el monto total de los contratos entre la UIS y Juliana Guerrero habría alcanzado los $14.500 millones, cuyos honorarios constaban de $12 millones por tres meses de trabajo.
El caso de Juliana Guerrero, impulsado desde altos niveles del gobierno, tuvo su origen por el título irregular de contadora que la Fundación Universitaria San José otorgó a Juliana Guerrero. La institución le concedió el título sin que hubiera presentado el examen Saber Pro ni estuviera registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).
Además, Guerrero ha sido señalada por su participación en una actuación presuntamente irregular en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.
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