La Armada de Colombia asestó un golpe a una red de narcotráfico que operaba desde Tumaco, Nariño, y que había logrado contar con miembros de la propia institución para facilitar el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Según información obtenida por Semana, la operación permitió desarticular una estructura criminal con vínculos directos con las disidencias de las Farc, responsable de intentar movilizar más de cuatro toneladas de cocaína, cuyo valor en el mercado internacional supera los 85 millones de dólares ($327.090.522.150).
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El caso salió a la luz tras la detección de irregularidades en 2023, cuando la Armada inmovilizó una narcolancha y advirtió que los traficantes disponían de información reservada sobre la ubicación de las patrulleras en alta mar.
Este hallazgo generó alerta dentro de la institución y dio inicio a una investigación interna que se extendió por más de un año.
Durante este proceso, se recolectaron pruebas que confirmaron la existencia de una red compuesta por seis personas: tres suboficiales de la Armada y tres civiles, quienes colaboraban para facilitar el tráfico de estupefacientes.
De acuerdo con los datos recabados por el medio mencionado, los suboficiales implicados proporcionaban a los narcotraficantes detalles sobre la localización de las embarcaciones encargadas de combatir el narcotráfico, así como información en tiempo real sobre los operativos y la droga incautada.
Esta colaboración permitió a la organización criminal planificar rutas y evadir los controles marítimos, lo que incrementó la efectividad de sus operaciones ilícitas.
La investigación también reveló que la red estaba liderada por dos narcotraficantes que mantenían alianzas con el Bloque Occidental Alfonso Cano de las disidencias de las Farc, grupo armado que delinque en la región del Pacífico nariñense.
Según declaraciones recogidas por Semana de fuentes de la Armada, “la organización era liderada por dos narcotraficantes, quienes mantenían alianzas criminales con el Bloque Occidental Alfonso Cano de las disidencias de las Farc que delinquen en la región”.
El proceso investigativo contó con la colaboración de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Interpol, lo que permitió consolidar un expediente robusto contra los implicados.
La coordinación interinstitucional fue clave para identificar los roles de cada uno de los capturados y documentar la magnitud de la operación criminal.
Los seis detenidos deberán enfrentar cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y cohecho, según lo establecido en el expediente judicial.
La gravedad de los delitos y la participación de funcionarios públicos en la red han generado preocupación sobre el alcance de la corrupción interna y la capacidad de las instituciones para blindarse frente a las redes del narcotráfico.
Como resultado de esta investigación, la Armada logró desmantelar una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas desde el Pacífico colombiano, cortando una de las rutas clave hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Ejército incauta más de $1.000 millones en operativo en Pitalito
Tres personas fueron detenidas en la vereda El Cedro, municipio de Pitalito, tras el hallazgo de más de $1.000 millones en efectivo ocultos en un vehículo, durante un control realizado por tropas del Batallón de Infantería N.º 27 Magdalena de la Novena Brigada del Ejército Nacional.
La incautación, según el Ejército Nacional, representa un golpe significativo a las finanzas de los Comandos de Frontera, grupo armado ilegal que opera en la región y se financia principalmente a través del narcotráfico.
Esta organización, surgida en Putumayo tras la desmovilización de las Farc, controla rutas y laboratorios de cocaína hacia Ecuador y Brasil, y mantiene enfrentamientos con otras disidencias y fuerzas estatales, lo que ha provocado desplazamientos y violencia en zonas rurales.
Durante la inspección, los soldados localizaron una caleta con 35 paquetes envueltos en papel vinipel, donde se encontraba la suma millonaria. Uno de los ocupantes intentó sobornar a los uniformados ofreciendo el 10% del dinero confiscado para evitar el procedimiento, propuesta que fue rechazada.
El Ejército calificó la actuación de los soldados como “una conducta ejemplar” y subrayó que rechazar el soborno fortalece la lucha contra la corrupción y la seguridad en áreas apartadas.
Los detenidos, dos hombres y una mujer, no pudieron justificar la procedencia del dinero y fueron puestos a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar actividades sospechosas y así fortalecer la red de seguridad comunitaria.
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