
La Policía Nacional presentó los detalles de la captura del presunto responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana Quintana, una joven que se desempañaba como guarda de seguridad, en un caso que conmocionó a la localidad de Bosa en el sur de Bogotá la madrugada del domingo 7 de septiembre de 2025.
La detención se llevó a cabo tras una extensa investigación coordinada por la Seccional de Investigación Criminal en trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, según confirmó la Policía en rueda de prensa, en cabeza del brigadier general Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog); y el secretario de Seguridad, César Restrepo.
De acuerdo con los detalles divulgados, el feminicidio de Paula Andrea Quintana ocurrió dentro de una vivienda ubicada en el barrio La Esmeralda.
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Las primeras versiones aseguraron que el agresor, expareja sentimental de la víctima, identificado como César Augusto Urrego Jaramillo, irrumpió en la residencia, donde sometió y amordazó tanto a la madre como al hijo de Quintana.
Después, y por medio de asfixia mecánica, le provocó la muerte a Quintana, en un caso que ha sido calificado por familiares y allegados como un “feminicidio”
Después del ataque, el responsable intentó incendiar la vivienda con la intención de borrar evidencia y dificultar la labor de las autoridades, y en efecto, al final terminó cayendo.
Fuentes oficiales confirmaron que la presión social frente a este crimen contribuyó a activar los mecanismos de búsqueda urgente.
Investigadores criminalísticos y fiscales dedicaron más de un mes a la recopilación de material probatorio, rastreo de pistas y seguimientos en varias regiones del país.

La pesquisa permitió determinar que, tras el feminicidio, el presunto agresor huyó de Bogotá y buscó refugio en la vereda Las Nutrias, municipio de Bolívar, en el departamento de Santander, donde permanecía oculto con la complicidad de un familiar.
El director de la Seccional de Investigación Criminal explicó que la ubicación del sospechoso se logró gracias a una combinación de seguimiento en campo, colaboración de fuente humana y apoyo tecnológico.
“Se trató de una investigación exhaustiva que incluyó análisis de redes, vigilancia discreta y colaboración ciudadana. La comunidad fue fundamental al suministrar información relevante que permitió aplicar el operativo en el momento adecuado”, señaló el general Cristancho.
Por este sujeto se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos luego de que se conoció que había escapado de la capital del país.
El involucrado fue capturado bajo una orden judicial por los delitos de feminicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, acceso carnal, acto sexual violento y hurto agravado y calificado. Durante la judicialización, la autoridad reveló que el capturado ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado y lesiones personales.

A raíz de la contundencia del material probatorio, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.
“No solo enfrentará las consecuencias legales relativas a este crimen concreto sino que también deberá responder por otras conductas violentas de las que existen registros previos”, detalló el informe de la Mebog.
La familia de Paula Andrea Quintana y organizaciones de mujeres acompañaron el proceso y reiteraron que la captura representa un primer paso en la demanda de justicia y reparación para las víctimas de la violencia de género.
Colectivos ciudadanos lamentaron la persistencia de estos crímenes y exhortaron a las instituciones a fortalecer los programas de prevención, atención y protección a mujeres en riesgo.
“Cada feminicidio no es solo una pérdida irreparable para la familia, es también el fracaso de un sistema que debe mejorar su capacidad de respuesta”, expresó la vocera de la Red Nacional de Mujeres.
Según datos entregados por la Policía Nacional, durante 2025 se contabilizan ya 17 capturas por feminicidio en diferentes regiones del país, como resultado de las estrategias preventivas y operativas implementadas.
La institución señaló su rechazo a cualquier hecho que vulnere los derechos y la integridad de las mujeres, subrayando la necesidad de mantener activa la denuncia para combatir la impunidad.
“Invitamos a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 155 cualquier situación de amenaza o violencia hacia la mujer. Dios y patria”, concluyó el alto oficial.
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