Un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional y el Gaula, en coordinación con la Fiscalía del municipio de Soledad, culminó con la captura de un presunto integrante del grupo delincuencial Los Pepes, señalado por las autoridades como responsable de la quema de establecimientos comerciales en Sabanagrande y extorsión a comerciantes.
La acción policial se produjo en el barrio Centro de Sabanagrande, Atlántico, tras recibir la denuncia de una víctima.
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El detenido fue identificado como Kevin Díaz Charris, de 29 años de edad, que fue capturado poco después de recibir 500.000 pesos, suma que la víctima habría entregado bajo coacción.
De acuerdo con la información de las autoridades y recogidas por El Heraldo, el presunto miembro de la organización delincuencial Los Pepes intimidaba a los comerciantes con panfletos alusivos a la estructura delincuencial y exigía pagos para evitar represalias, entre ellas la quema de locales.
La detención fue posible debido a la “denuncia oportuna de una comerciante y la rápida reacción de la Policía”, precisó el medio citado.
La Fiscalía local de Soledad dejó a disposición de la autoridad judicial al sospechoso, quien enfrenta cargos de extorsión, de acuerdo con los procedimientos legales informados.
Posteriormente, durante las audiencias cumplidas en el Juzgado Primero Promiscuo Penal Municipal de Sabanagrande, se legalizó la captura en flagrancia, se formuló imputación de cargos y se impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía de Sabanagrande y de los municipios cercanos a que denuncien cualquier acto de extorsión o intimidación.
Este operativo representa una respuesta institucional ante las denuncias presentadas por comerciantes afectados en Sabanagrande, afectados por hechos de violencia relacionados con el accionar de organizaciones delictivas como ‘Los Pepes’.
Detenido conductor de carro de tracción animal en Atlántico tras denuncia por maltrato a caballo
La detención reciente de un hombre de 62 años en el municipio de Sabanalarga, departamento del Atlántico, motivada por una denuncia ciudadana, provocó un análisis sobre las condiciones en las que se encuentran los animales de trabajo en esta región.
Los agentes de la Policía de Protección Animal detectaron un caso de abuso animal cuando un carro de tracción animal circulaba con un caballo visiblemente lesionado y en estado de salud alarmante.
La intervención policial tuvo origen en una alerta telefónica a la línea 123, donde un testigo informó sobre el posible maltrato a un caballo en la zona.
Los agentes, al inspeccionar el lugar, identificaron al equino con múltiples heridas y dificultad para desplazarse debido a las cargas que le exigía trasladar. “Al inspeccionar las unidades de carabineros, a este animal se le encontraban laceraciones”, afirmó el coronel John Peña, comandante de la Policía del Atlántico.
Las autoridades señalaron que el sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía, mientras que el animal se derivó a observación veterinaria para recibir tratamiento y evaluar su proceso de recuperación.
El registro oficial de la intervención precisa que el estado del caballo motivó la activación de los protocolos dispuestos en la Ley Ángel, medida aprobada por unanimidad en marzo de 2025 por el Congreso de Colombia.
Esta normativa establece directrices específicas para la protección de los animales y faculta a las autoridades para intervenir cada vez que se reportan episodios de maltrato.
La Ley Ángel endureció las sanciones para quien atente contra la integridad animal. El marco normativo contempla penas privativas de la libertad superiores a tres años para delitos como lesiones graves, muerte intencionada o violencia sexual hacia animales.
Adicionalmente, la legislación retira los beneficios de excarcelación en estos casos, con el propósito de reducir la alta tasa de impunidad que, según datos recientes, alcanza el 98% en delitos de maltrato animal en Colombia.
La implementación de la Ley Ángel enfrenta retos logísticos y resistencia institucional, factores que, de acuerdo con organizaciones defensoras de los animales, obstaculizan la vigilancia y el cumplimiento pleno de la normativa.
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