El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, designó al exfiscal general Mario Iguarán como apoderado para representarlo ante las denuncias presentadas por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el mismo día en que se conoció la renuncia de Montealegre a la cartera.
Según pudo establecer El Tiempo, Eljach otorgó un poder amplio y suficiente a Iguarán para que lo represente frente a los señalamientos de Montealegre, que incluyen acusaciones relacionadas con investigaciones judiciales y procedimientos administrativos en los que el procurador estuvo involucrado.
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La relación entre Montealegre y Eljach se había tensado en los últimos meses, al punto que su enfrentamiento fue mencionado como un posible factor detrás de la salida del ministro de Justicia.
Acusaciones de Montealegre contra el procurador
Tras superar un impasse con su compañero de gabinete Armando Benedetti, Montealegre inició una serie de señalamientos contra Eljach. El primero de ellos lo acusaba de un supuesto prevaricato en la investigación contra el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt.
Para respaldar sus señalamientos, el exministro recordó un antecedente ocurrido cuando Eljach se desempeñaba como secretario general del Senado. Según expuso, en esa época habría sido acusado de participar en una filtración irregular de información a favor del entonces magistrado Pretelt, dentro de una investigación adelantada por la Comisión de Acusaciones.
Posteriormente, Montealegre presentó una queja disciplinaria ante la Corte Suprema, argumentando la supuesta omisión de Eljach en el concurso notarial que fracasó tras denuncias de sobornos, en cuyo contexto también mencionó a la cartera de Justicia y a la Superintendencia de Notariado.
Incluso, Montealegre solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) la imposición de medidas cautelares en su favor, alegando sentirse en riesgo debido a investigaciones adelantadas en su contra por la Procuraduría, encabezada por Eljach.
El exfuncionario del Gobierno aseguró que las investigaciones disciplinarias en su contra, relacionadas con una presunta participación en política y con el uso de su cargo para referirse al expresidente Álvaro Uribe como “criminal de guerra”, constituyen, a su juicio, un mecanismo de censura tanto a sus opiniones personales como al ejercicio del Gobierno.
En la solicitud, pidió expresamente que el procurador general, Gregorio Eljach, sea apartado de cualquier actuación dentro del proceso y que se nombre un procurador ad hoc, al considerar que la continuidad de la investigación vulnera sus garantías.
“El hecho de haber sido denunciado disciplinariamente sin fundamento alguno y ser investigado por autoridades que están siendo instrumentalizadas para censurar mis opiniones políticas y afectar el funcionamiento del Gobierno me genera una angustia permanente. Mi integridad moral se ha visto afectada y no tengo posibilidades reales de solución debido al contexto del caso”, expuso el exministro en su comunicación oficial dirigida al organismo internacional.
El respaldo al procurador desde el Congreso
La tensión escaló a tal punto que un grupo de más de 30 senadores, entre ellos el presidente del Senado, Lidio García, firmó una carta en la que manifestaban su apoyo a Eljach. “Nos permitimos dejar constancia, de manera categórica, de las afirmaciones calumniosas e injuriosas proferidas por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en contra del procurador, Gregorio Eljach”, se lee en el documento.
Para los legisladores, los señalamientos de Montealegre iban en contravía de los principios de respeto y colaboración armónica entre las ramas y los órganos del poder público, por lo que pedían al entonces ministro preservar la armonía institucional. La postura de este grupo de congresistas fue interpretada además como un rechazo a la ley de sometimiento que impulsaba Montealegre, iniciativa que incluso había recibido críticas por parte del presidente Petro en un Consejo de Ministros.
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