La Superintendencia Nacional de Salud sigue sin una dirección definida. Aunque el nombre de Bernardo Camacho, exagente interventor de la Nueva EPS, sonaba con fuerza para asumir el liderazgo de la entidad, su nombramiento estaría en duda debido a cuestionamientos sobre su gestión en la aseguradora más grande del país y posibles conflictos de interés.
El pasado 15 de octubre, la Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Camacho en su página de aspirantes, un paso considerado formalismo previo al nombramiento y posesión de los altos funcionarios del Gobierno. Sin embargo, desde entonces, el proceso se habría detenido, lo que ha generado incertidumbre en el sector salud.
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Según el representante a la Cámara Andrés Forero, del partido Centro Democrático, el historial de Camacho al frente de la Nueva EPS lo hacía “impresentable” para asumir la dirección de la Supersalud. El congresista, conocido por su constante control político al sector, afirmó que las presuntas irregularidades en la aseguradora bajo su intervención habrían sido determinantes para frenar su designación.
El proceso se habría frenado por conflictos de interés
De acuerdo con fuentes internas consultadas por El Colombiano, aunque la hoja de vida de Camacho fue publicada oficialmente, la decisión se complicó debido a su reciente paso por la Nueva EPS, entidad que estuvo bajo su dirección como interventor hasta el pasado 19 de agosto.
Durante ese periodo, Camacho dirigió la intervención de la Nueva EPS, una de las más complejas y relevantes en el sistema de salud colombiano. Se trata de la aseguradora más grande del país, con más de 10 millones de afiliados, que fue intervenida por la Supersalud en 2024 ante deficiencias en la atención y problemas financieros.
De haberse posesionado como superintendente, Camacho habría tenido que declararse impedido para participar en decisiones que involucraran a la Nueva EPS, lo cual habría generado cuestionamientos sobre su imparcialidad y posibles conflictos de interés. Por esta razón, según las fuentes consultadas, el Gobierno estaría reconsiderando su nombramiento.
Luis Alberto Martínez asumiría en encargo
Ante la incertidumbre, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, habría sido designado en calidad de encargado para dirigir temporalmente la Supersalud. Según informó el medio Portal de Opinión, su nombramiento estaría a pocas horas de concretarse.
Martínez, quien ha ocupado cargos en el Ministerio de Salud desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro, es cercano a la exministra y actual precandidata presidencial Carolina Corcho. El Ministerio de Salud no ha confirmado oficialmente su encargo, aunque distintas versiones apuntan a que sería una solución transitoria mientras se define el nuevo titular del organismo.
Cuatro superintendentes en menos de tres años
La persona que finalmente asuma la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud será el cuarto funcionario en ocupar el cargo durante el actual Gobierno. Antes pasaron por allí Ulahy Beltrán, Luis Carlos Leal y Giovanny Rubiano García, todos salpicados por controversias o decisiones que generaron tensiones políticas.
Beltrán fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación con una multa de $101 millones por irregularidades en su gestión como gerente del Hospital Universitario Cari de Barranquilla. Leal fue retirado del cargo después de denunciar la presunta desviación de recursos de la salud a paraísos fiscales, lo que habría causado incomodidad dentro del Ejecutivo. Finalmente, Rubiano salió del cargo tras molestias del presidente Petro, derivadas de quejas sobre supuestos actos de corrupción.
Una entidad clave para el sistema de salud
La Supersalud es hoy una de las entidades más estratégicas del sistema de salud colombiano. Actualmente mantiene la intervención de nueve EPS, entre ellas Nueva EPS, Asmet Salud y Famisanar, que en conjunto atienden a más de 20 millones de personas.
El exsuperintendente Giovanny Rubiano García dejó en marcha varios procesos clave, como la negociación conjunta de medicamentos y tecnologías en salud y la implementación de auditorías forenses para detectar irregularidades contables en las entidades intervenidas. Estas medidas buscan fortalecer el control financiero y la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la atención médica.
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