Dos hombres cargaban una millonada en 28 lingotes de oro, en Putumayo: fueron capturados

La Fiscalía General de la Nación reportó el decomiso de 28 lingotes de oro valuados en más de 15.514 millones de pesos, tras un operativo realizado por la Policía Nacional en la vereda El Cedro, en la vía entre Mocoa, Putumayo y Pitalito, Huila.

El metal precioso, cuyo peso fue calculado en 41 kilogramos, era transportado oculto en el tanque de combustible de un vehículo.

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De acuerdo con el comunicado oficial, los hombres implicados, Andrey David Murcia Dávila —conductor del vehículo— y Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez —su acompañante—, no lograron aportar documentación que acreditara el origen lícito del oro ni presentaron certificados de procedencia emitidos por comercializadores o explotadores mineros autorizados.

A raíz de estos hechos, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía solicitó el comiso de los lingotes, solicitud que fue avalada por un juez de control de garantías, según el pronunciamiento institucional.

Ambos capturados fueron judicializados por lavado de activos y deberán permanecer en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Las barras de oro fueron sometidas a pruebas para comprobar su autenticidad. Tras este procedimiento, quedaron a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes (Feab) y bajo custodia del Banco de la República.

La Fiscalía precisó que este tipo de incautaciones responde al objetivo de atacar el delito de lavado de activos, y que la acción se difunde por motivos de interés general.

Desaparecieron lingotes de oro y relojes incautados a “Pipe Montoya”, funcionarios de la SAE, Fiscalía y Policía investigados

La desaparición de lingotes de oro y relojes de lujo decomisados al presunto narcotraficante Carlos Felipe Toro Sánchez, alias “Pipe Montoya”, ha puesto en tela de juicio la gestión de bienes incautados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

El caso, originado a partir de una operación contra el lavado de activos realizada en diciembre de 2019 en Tenjo, Cundinamarca, reveló posibles delitos de desfalco, falsificación de documentos y negligencias institucionales.

Durante el operativo que culminó en la captura de “Pipe Montoya” y su esposa, las autoridades confiscaron diversos activos, entre ellos 10 lingotes de oro y 69 relojes de colección. Sin embargo, al momento de la entrega oficial a la SAE en 2022, estos bienes no se encontraban en la caja fuerte designada para su custodia.

Posteriores análisis de laboratorio determinaron que los objetos que permanecían allí eran réplicas: el material de los lingotes resultó ser ferroso y algunos de los relojes, falsificaciones, cuyo valor comercial no superaba los 1.000 millones de pesos, cifra muy por debajo de las tasaciones iniciales.

Las investigaciones señalan que, desde su incautación, los bienes no fueron ingresados en el sistema de evidencias de la Fiscalía ni sometidos a los procedimientos para autenticar su naturaleza. Fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), donde permanecieron varios meses antes de ser entregados a una depositaria de la SAE.

En abril de 2022, cuando la SAE relevó al encargado de la custodia, Juan Carlos Vargas, se constató la ausencia de los objetos originales. Vargas enfrenta cargos por peculado por apropiación, aunque ha negado su responsabilidad.

El escándalo permitió identificar irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción en varias entidades involucradas. Más de diez funcionarios de la Policía, la SAE, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura se encuentran bajo investigación.

Entre las anomalías reportadas, figuran la falsificación de firmas en documentos oficiales, como determinaron exámenes grafotécnicos, y reuniones indebidas entre autoridades durante las etapas procesales del caso.

La administración del criadero de caballos incautado, Nuevo Amanecer, tampoco fue ajena a las controversias: los ingresos obtenidos por manejo del predio y la venta de caballos no alcanzaron para mantener la operatividad, y los animales fueron enajenados a precios inferiores a los de mercado.

Además, los 218 millones de pesos en efectivo incautados durante el operativo fueron utilizados en la administración, restando poco o ningún remanente para el Estado.