Ricardo Bonilla negó ante la Corte Suprema la existencia de cupos indicativos: revelan su confesión en el alto tribunal

La comparecencia de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, ante la Corte Suprema de Justicia ha situado en el centro del debate la existencia de los llamados cupos indicativos y su presunto papel en el mayor escándalo de corrupción de la actual administración: el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Durante dos extensas diligencias realizadas entre abril y mayo de 2025, Bonilla negó de manera categórica la existencia de estos mecanismos y rechazó cualquier vínculo con la supuesta compra de votos en el Congreso, según reveló El Espectador.

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El escándalo de la Ungrd ha sacudido los cimientos del gobierno Petro, al ser considerado el caso de corrupción política más grave de su mandato. Las investigaciones apuntan a una presunta estrategia desde altos niveles del gabinete para asegurar la aprobación de proyectos gubernamentales mediante sobornos a congresistas.

La principal testigo de la Fiscalía, María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, ha sostenido que el exministro gestionó los “cupos indicativos” para “aceitar” a parlamentarios y garantizar la gobernabilidad.

Benavides, que actualmente cuenta con un principio de oportunidad, ha entregado a la justicia pruebas documentales, incluidos chats y una tabla de Excel, que según ella detallaba los proyectos asignados a congresistas a través del Instituto Nacional de Vías (Invías). En su versión, el enlace de Bonilla con el Congreso era Juan José Oyuela, funcionario del Invías, y la interrupción de estos supuestos cupos habría motivado el desvío de recursos hacia la Ungrd.

Frente a estas acusaciones, Bonilla defendió ante la Corte Suprema que los “cupos indicativos” no existen en el marco legal colombiano. “Aquí hay una inquietud principal y es qué son los cupos indicativos, porque eso no existe”, afirmó el exministro, según la declaración revelada por El Espectador.

Ante un magistrado, Bonilla explicó que el presupuesto nacional no contempla partidas asignadas a congresistas ni permite que estos ejecuten recursos directamente. Bonilla detalló que, durante la discusión y liquidación del presupuesto, los legisladores pueden sugerir proyectos o solicitar recursos para determinadas entidades, pero esto no implica la entrega de fondos a título personal ni la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda ordene gastos a favor de individuos. “No existen ni hay partidas de presupuesto a nombre de congresistas”, destacó.

El exministro también abordó el origen y el uso de la tabla de Excel presentada como prueba en su contra. Según su relato, este documento surgió de las discusiones técnicas alrededor del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en 2023, y del Plan de Inversiones que se construyó entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Bonilla explicó que en ese proceso se identificaron más de 700 proyectos, los cuales debían cumplir con estrictos requisitos para ser viabilizados y recibir recursos estatales.

“En la liquidación del presupuesto se aterrizan proyectos específicos que estén viabilizados y que estén radicados y tengan ficha de Planeación. Ese proceso significa: estas son las obras que sí se van a hacer”, sostuvo.

Añadió que la tabla reflejaba el interés de los congresistas por ver proyectos de sus regiones incluidos en el Plan de Desarrollo, pero insistió en que la decisión final sobre la viabilidad y ejecución de los proyectos correspondía al Invías y no al Ministerio de Hacienda.

“En el presupuesto no quedan partidas a nombre de ningún congresista, quedan las partidas que acabamos de ver del presupuesto y esos proyectos entran a una bolsa concursable, pero no es que se le esté entregando plata a un congresista”, aclaró.

Las pruebas y testimonios en contra de Bonilla, especialmente los de Benavides, han sido determinantes en la investigación de la Fiscalía. Benavides relató que, al asumir como enlace del Ministerio de Hacienda con el Congreso en septiembre de 2023, recibió de su jefa un cuadro de Excel con el detalle de los supuestos cupos indicativos aprobados por Bonilla.

En ese listado figuraban proyectos del Invías presuntamente asignados a congresistas, y Benavides aseguró que, tras la interrupción de estos cupos, se recurrió a la Ungrd para mantener la gobernabilidad.

Además de Benavides, los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, han admitido la existencia de un plan para favorecer a parlamentarios y aprobar iniciativas legislativas a cambio de recursos y contratos. Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), también ha sido señalado como líder de la supuesta ruta de sobornos y actualmente enfrenta una circular roja de Interpol.

En respuesta a estas acusaciones, Bonilla desestimó la credibilidad de Benavides y de los otros implicados, argumentando que sus señalamientos carecen de fundamento y que el lenguaje de los “cupos indicativos” no corresponde al utilizado en el Ministerio de Hacienda.

“Vuelvo a reiterar que ese es un lenguaje que está utilizando María Alejandra, que no es del Ministerio de Hacienda. No hay cupos indicativos”, afirmó ante la Corte, según El Espectador.

Sobre el rol de Juan José Oyuela, Bonilla explicó que su función era revisar la viabilidad técnica de los proyectos y que su aparición en la tabla respondía a ese encargo, no a la gestión de favores políticos. Además, insistió en que todas las reuniones que sostuvo en el ejercicio de su cargo fueron públicas y nunca clandestinas.

En su declaración, el exministro relató que su relación con Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), fue estrictamente burocrática y distante, en parte debido a desacuerdos sobre el cumplimiento de metas de recaudo y la situación fiscal del país.

Reyes, por su parte, denunció ante la Corte el uso de cupos indicativos para comprar votos en el Congreso y la existencia de un grupo de parlamentarios involucrados tanto en el contrabando como en la corrupción a través de estos mecanismos.

Bonilla, al ser consultado sobre estas denuncias, respondió: “Que el señor Reyes lo haya dicho, no quiere decir que haya los cupos indicativos”. Además, el exministro descartó cualquier irregularidad en la asignación de proyectos a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), señalando que las discusiones con esa célula legislativa se dieron dentro del marco legal y en respuesta a críticas sobre la política de endeudamiento del Ejecutivo.

Actualmente, la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre la presunta responsabilidad de Bonilla en el desfalco a la Ungrd y en la supuesta compra de votos en el Congreso, aunque aún no se ha definido la fecha para una eventual imputación.