Un encuentro reservado en el tercer piso de la Casa de Nariño reveló el peso estratégico de Jorge Arturo Lemus Montañez, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el desarrollo de la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Según reportó El Espectador, las reuniones privadas entre el presidente y Lemus definen decisiones sobre seguridad nacional y negociaciones con estructuras criminales.
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Desde marzo pasado, cuando Lemus asumió la dirección de la DNI, su presencia cerca de Petro se volvió constante. Su historial como abogado, exintegrante del M-19 y funcionario de confianza fue decisivo para este acercamiento, un hecho que fuentes de la Presidencia atribuyen al nivel de información estratégica que maneja y a la confianza construida durante años de relación política y personal.
El Espectador informó que Lemus es una de las pocas personas con acceso directo al despacho presidencial en momentos clave para el futuro de la seguridad interna.
Negociaciones silenciosas y roles invisibles
La última de estas reuniones ocurrió el 16 de octubre, bajo la máxima confidencialidad, sin otro testigo que ambos funcionarios. Según testimonios recogidos por el medio mencionado, se discutieron “asuntos de seguridad nacional” en torno a un “tema duro que la opinión conocerá dentro de poco”. Uno de los principios de la estrategia consiste en el trabajo directo de la DNI con estructuras armadas urbanas, para caracterizarlas e identificar su alcance real de cara a eventuales negociaciones de paz.
Uno de los ejemplos recientes involucró a dos jefes de bandas de alto impacto: Digno Palomino, cabecilla de “Los Pepes”, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, líder de “Los Costeños”. Con intervención de la DNI, ambos fueron trasladados a la cárcel La Picota en Bogotá para pactar una tregua en la confrontación que sostenían en Barranquilla.
Lemus participó activamente en ese proceso, aunque evitó aparecer en fotos o comunicados. Informes de El Espectador señalaron que este tipo de gestiones se están replicando con otras bandas en Medellín, Santander y Valle del Cauca, como con la organización “La Inmaculada”, liderada desde prisión por Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá.
El marco legal y la nueva hoja de ruta para la DNI
El respaldo legal detrás de la participación de la DNI en la paz total se apoya en la Ley 2272 de noviembre de 2022, la cual instruye la creación de una instancia de alto nivel, coordinada por el Ministerio de Defensa, con participación de la DNI y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Fuentes oficiales citadas por el medio confirmaron que se prepara un decreto para que la inteligencia estatal haga parte formal de ciertas mesas de negociación, con especial atención a diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El rol de Lemus abarca también la supervisión de información sensible sobre disidencias armadas que buscan sumarse a la estrategia de paz total. Según lo reportado a la sede presidencial, existen indicios de que en procesos como el de Comuneros del Sur (scisión del ELN) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano algunos narcotraficantes intentan acceder a los beneficios de la ley.
En Nariño, el levantamiento de una orden de captura permitió la integración de un negociador clave, quien está siendo investigado por vínculos con el tráfico de drogas y la extracción ilegal de oro.
Contramedidas, protección presidencial y cooperación internacional
La labor de la DNI bajo la gestión de Lemus se extiende a la identificación de amenazas contra la vida del presidente, la vicepresidenta Francia Márquez y otros funcionarios de alto rango. El Espectador documentó que agentes de la DNI son responsables de la protección de la cúpula del Ejecutivo, con revisiones periódicas a sus entornos y oficinas para evitar interceptaciones o infiltraciones.
Esa confianza se canaliza a través de la coordinación con la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Augusto Rodríguez, también exintegrante del M-19. En ese contexto, se han recibido alertas internacionales sobre peligros potenciales, incluyendo información de agencias estadounidenses como la CIA, el FBI y la DEA.
El presupuesto asignado a la DNI para 2026 asciende a COP 177.658 millones, de los cuales COP 23.154 millones corresponden a inversión. Este incremento respalda los nuevos roles estratégicos de la agencia en operaciones de contrainteligencia y cooperación internacional.
Tras la firma del decreto 1077 de 2024, la entidad cuenta con atribuciones expresas para “coordinar la ejecución de operaciones” y solicitar información entre ministerios y entidades públicas para avanzar en la lucha contra la corrupción.
Evolución del enfoque de la inteligencia estatal
El cambio de enfoque de la DNI durante el actual gobierno ha sido marcado. Según lo relatado, la gestión anterior priorizaba el control fronterizo, sobre todo frente a posibles injerencias del régimen venezolano. Ahora la prioridad pasó a inteligencia y contrainteligencia internas, así como apoyo directo a la política de paz.
Dentro de la estructura gubernamental, varios miembros del gabinete reconocen la influencia especial de Lemus en la toma de decisiones presidenciales. Funcionario de la alcaldía bogotana bajo la gestión de Petro, titular de la cárcel distrital y sobreviviente de la crisis del “carrusel de la contratación”, Lemus resalta entre los más consultados y cercanos al presidente, según señalaron fuentes citadas por El Espectador.
Investigaciones y movimientos claves en el cierre de gobierno
Las investigaciones sobre la “junta del narcotráfico” —organización identificada como amenaza para la vida de Petro—, así como las indagaciones sobre la infiltración de exnarcotraficantes en economías legítimas, forman parte del espectro de responsabilidades de Jorge Lemus. Este margen de acción refuerza su presencia en el círculo íntimo presidencial y anticipa la continuidad de sus funciones al menos hasta el final de la actual administración.
En el corto plazo, el Ejecutivo proyecta anunciar avances en las negociaciones con organizaciones criminales y la posible desclasificación de archivos del extinto DAS. Los análisis internos sobre el manejo de recursos reservados y la cooperación con Fiscalía y Procuraduría refuerzan el blindaje institucional de la DNI, mientras se esperan los próximos movimientos en el marco de la política de paz total.
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