Alcalde Galán pidió a la Fiscalía, a la ONU y a la Defensoría investigar a los protestantes que protagonizaron disturbios y atacaron la embajada de EE.UU.

Una serie de acciones violentas y coordinadas impactó a Bogotá durante la última semana, evidenciando una estrategia deliberada para intimidar a la ciudadanía y alterar el orden público.

Entre los hechos más graves se encuentra el ataque a la embajada de Estados Unidos, un episodio que, según la versión oficial del alcalde Carlos Fernando Galán, formó parte de un plan organizado y ejecutado por grupos aún no identificados.

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El alcalde Galán afirmó que los incidentes registrados no correspondieron a manifestaciones pacíficas, sino a una operación planificada con el objetivo de sembrar miedo en distintos puntos de la ciudad.

“Lo que ocurrió en Bogotá no fue un hecho de protesta pacífica. Fue una acción planeada, coordinada, deliberada y muy bien organizada, precisamente para intimidar a los bogotanos”, declaró el mandatario local, que insistió en la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación investigue con rapidez para identificar a los responsables y posibles financiadores de estos actos.

La cronología de los hechos comenzó el lunes, cuando cinco vehículos con personas provenientes de diferentes regiones del país ingresaron de manera violenta a la Universidad Nacional a las 5:20 de la mañana.

Los ocupantes portaban armas blancas, arcos, flechas, gasolina y otros elementos, y asumieron el control de los accesos al campus, distribuyendo manillas para regular el ingreso.

Debido a la autonomía universitaria, la intervención policial directa no fue posible, por lo que se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, con la participación del Ministerio del Interior.

El martes, integrantes de este grupo salieron de la universidad e intentaron ingresar por la fuerza a instituciones públicas nacionales en Bogotá.

Aunque no se reportaron bloqueos viales, sí se registraron acciones violentas en los lugares donde lograron acceder. Las entidades afectadas mantuvieron contacto permanente con el PMU, pero no solicitaron intervención policial en ese momento.

El miércoles, la presencia de estos grupos persistió en las instituciones públicas y se extendió a acciones de intimidación en el espacio público. Según el relato del alcalde, la respuesta de la administración fue ordenar la intervención policial una vez agotadas las instancias de diálogo, en coordinación con gestores y el Ministerio Público.

El jueves 16 de octubre, los intentos de afectar el portal del 20 de julio y de bloquear las vías hacia el aeropuerto El Dorado motivaron nuevas órdenes de intervención a la fuerza pública, siempre después de agotar el diálogo.

Además, se reportó la práctica reiterada de pintar cámaras de vigilancia para dificultar el seguimiento de las acciones en distintos puntos de la ciudad.

Esa noche, se celebró una reunión entre líderes de las organizaciones involucradas, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, en la que los organizadores anunciaron su intención de realizar una protesta frente a la embajada de Estados Unidos el viernes y solicitaron el retiro de las vallas de seguridad instaladas por la policía metropolitana.

El alcalde ordenó al general Cristancho incrementar la seguridad, desplegar tanquetas y preparar a la fuerza pública para responder ante cualquier ataque. Poco después, los manifestantes derribaron las vallas de protección y se produjo el ataque, que fue contenido por la policía conforme a los protocolos legales.

Durante la semana, Galán mantuvo comunicación directa con el presidente Gustavo Petro, a quien advirtió sobre la gravedad de la situación y la necesidad de proteger a la ciudadanía y el orden público. El presidente, por su parte, instó a privilegiar el diálogo antes de recurrir al uso de la fuerza, una directriz que, según el alcalde, se respetó hasta que la violencia obligó a intervenir.

En respuesta a la magnitud de los hechos, el alcalde solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue a fondo para determinar quiénes estuvieron detrás de la organización y financiación de estas acciones.

Además, anunció que pondrá los hechos en conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Defensoría del Pueblo, para que estas entidades se pronuncien y actúen dentro de sus competencias.