
La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 por $546,9 billones en el Senado de la República ha generado inquietud en el sector empresarial colombiano, debido a la existencia de una brecha fiscal significativa y a la dependencia de reformas aún no presentadas.
Así lo expuso, María Claudia Lacouture, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, advirtiendo sobre los riesgos que persisten tras la decisión del Congreso, señalando que “incrementan la incertidumbre” y que la señal enviada a los mercados y a las agencias calificadoras resulta preocupante.
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A través de su cuenta de X, Lacouture explicó que, a pesar de la aprobación del presupuesto, existe una brecha de $45 billones y $10 billones adicionales condicionados a la ley de financiamiento que aún no ha sido presentada por el Gobierno nacional, y que se necesita para completar el presupuesto desfinanciado.
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Esta situación, en su opinión, eleva el nivel de incertidumbre y puede afectar la percepción de las personas involucradas en los mercados y de las agencias internacionales encargadas de evaluar la solidez financiera del país.
En este contexto, la dirigente empresarial hizo énfasis en la necesidad de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro presente un plan de ingresos “creíble”, con metas sustentadas en supuestos verificables y fuentes de recaudo claramente identificadas, evitando depender de reformas, como la tributaria, cuya aprobación no está garantizada. Insistió en que la credibilidad fiscal solo se alcanzará si las proyecciones de ingresos se basan en fundamentos sólidos y no en expectativas.
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La presidenta ejecutiva también hizo hincapié en la importancia de la austeridad y la eficiencia en la gestión pública, recomendando la contención del gasto corriente y la mejora en el desempeño de las compras estatales y de los programas gubernamentales. Para Lacouture, la disciplina en el manejo de los recursos públicos es esencial para mantener la estabilidad macroeconómica.
Otro de los puntos destacados por la representante de la Cámara de Comercio Colombo Americana fue la necesidad de priorizar la inversión productiva, especialmente en áreas como infraestructura, encadenamientos productivos, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la generación de empleo formal de alto impacto. Según Lacouture, orientar el gasto hacia estos sectores puede contribuir a dinamizar la economía y fortalecer el tejido empresarial.
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La ejecutiva también indicó que se debe respetar la regla fiscal y garantizar la transparencia, proponiendo que se publiquen cronogramas, supuestos y riesgos de manera explícita para conocimiento del público. Esta medida, en su opinión, permitiría fortalecer la confianza en la gestión de las finanzas públicas.
Finalmente, abogó por un diálogo público–privado que permita construir consensos orientados a preservar la confianza y la inversión en el país. Para la presidenta ejecutiva, la colaboración entre el Estado y el sector empresarial resulta fundamental para enfrentar los desafíos fiscales y económicos que se avecinan.
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Gobierno asegura que el presupuesto es responsable y necesario

No obstante, según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, el presupuesto promovido por el Gobierno, que inicialmente estaba en $556,9 billones y que se redujo en $10 billones, es “responsable” y que permitirá dar cumplimiento a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y viabilizar proyectos sociales de la administración del presidente Gustavo Petro.
“Hoy le podemos decir al país que cuenta con un presupuesto para el año 2026, un presupuesto de consenso, responsable y que garantiza el cierre del plan de desarrollo. Le estamos dando una señal a Colombia de que es posible el encuentro”, aseguró el jefe de la cartera, citado por el ministerio.
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Por su parte, la Directora General del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso, aclaró que detrás del presupuesto propuesto por el Gobierno hay rigurosidad técnica y compromiso.
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