El proceso judicial que involucra a la abogada argentina Silvia Gette Ponce, que fue rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, se acerca a su recta final tras más de dos décadas de controversia.
En la audiencia final, la acusada, de 74 años de edad, defendió su inocencia ante el tribunal, rechazando de manera enfática cualquier implicación en el asesinato del ganadero Fernando Cepeda Vargas, ocurrido en agosto de 2003 en Barranquilla.
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“Señoría, yo no mandé a matar a Fernando Cepeda, de verdad”, fue la frase con la que Gette culminó el juicio final, una intervención marcada por la emoción y la insistencia en que todo el caso constituye un montaje.
La Fiscalía construyó la acusación de Gette sobre la base de testimonios de exintegrantes del Bloque Norte de las Autodefensas, en particular el de José Antonio López Montero, conocido como “Don Antonio”.

Según la investigación, la exrectora habría pagado 150 millones de pesos a estos exparamilitares para que ejecutaran el crimen, en el contexto de un conflicto por la herencia de Mario Ceballos Araújo, fundador de la universidad. El testimonio de ‘Don Antonio’, junto con el de otros desmovilizados, constituye el eje central de la imputación, que señala a Gette como determinadora del homicidio.
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No obstante, la defensa de Silvia Gette ha puesto en duda repetidamente la veracidad de estos relatos, argumentando que las declaraciones fueron manipuladas y que su nombre fue utilizado para encubrir irregularidades administrativas y actos de corrupción dentro de la universidad.
“Esto es totalmente injusto. He cargado con una condena moral por algo que no hice. Todo fue una estrategia para tenerme presa y distraída mientras desvalijaban el legado de Mario Ceballos. Hoy la universidad está al borde de la quiebra”, afirmó la exrectora de la Uniautónoma en su alegato.

La relación entre Gette y “Don Antonio”, crucial para ejecutar el homicidio: Fiscalía
Pese a ello, tanto la Fiscalía como la Procuraduría sostienen que existen pruebas contundentes de la responsabilidad de Gette, incluyendo testimonios judicializados, registros financieros y declaraciones de testigos presenciales que la vinculan directamente con los hechos.
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Para los investigadores, la relación entre la exrectora y “Don Antonio” fue clave en la planificación del homicidio, y el exparamilitar ha reiterado ante la justicia que recibió dinero y órdenes de Gette para llevar a cabo el asesinato.
Durante su intervención, Silvia Gette negó la existencia de disputas personales con María Paulina Ceballos, hija del fundador de la universidad y esposa del ganadero asesinado.
“No he tenido enemigos, ni siquiera María Paulina. Ella estaba desheredada y yo la consideré en la sucesión de su padre. Le entregué una parte de lo que me correspondía como esposa legítima, porque era lo justo”, declaró Gette.
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Además, la exrectora de la Uniautónoma rechazó los supuestos móviles económicos atribuidos por la Fiscalía: “No existía ningún interés económico ni deseo de venganza. Lo que hubo fue una manipulación de versiones para incriminarme”, aseveró durante el juicio final.
Durante su extensa defensa, Gette también denunció que su caso fue producto de un complot dirigido por sectores interesados en apartarla del control de la universidad y por su negativa a pagar extorsiones a grupos paramilitares.
“El legado de Mario Ceballos Araújo fue repartido entre quienes orquestaron todo esto. Yo era un estorbo, pues conmigo ahí jamás lograrían el montaje donde estoy sumergida. Mi único error fue no pagar las extorsiones de esos paramilitares”, expuso Silvia Gette en la audiencia.
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El tribunal se encuentra ahora en la etapa final de deliberación, y se prevé que en los próximos días emita una decisión que podría poner fin a más de veinte años de debate judicial en torno a una de las figuras más controvertidas de la educación superior en la región.
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