Cancillería respondió a la demanda de la Procuraduría, que pidió anular contrato firmado con Portugal para la expedición de pasaportes

Luego de que la Procuraduría General de la Nación radicara una demanda para anular el acuerdo suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes en Colombia, la dependencia encargada de este proceso salió al paso de la controversia y, mediante un extenso comunicado, aseguró que la entrega de este documento no estará en riesgo.

En su misiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “la existencia de un medio de control, en este caso una demanda, no impide en modo alguno que sigan en ejecución los proyectos, planes y programas relacionados con la expedición del nuevo modelo de pasaportes”. Así pues, la dependencia estatal intentó apaciguar el impacto de las acciones interpuestas por el ente de control.

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La demanda del Ministerio Público, divulgada por medios locales, le solicita al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la “nulidad absoluta del contrato estatal” firmado el 18 de julio por cerca de 1,3 billones de pesos. Además, la Procuraduría pide que la Casa de la Moneda de Portugal devuelva los fondos recibidos hasta la fecha para la ejecución del convenio, que está bajo observación.

Del mismo modo, el organismo argumentó que “los aportes de la empresa extranjera solo correspondían al 21% del valor total del contrato, sin cumplir el requisito legal de financiación mínima del 50%”, y señala la omisión de un proceso competitivo de selección. Un motivo más, según expresó la Procuraduría, cuyo titular es Gregorio Eljach Pacheco, para que no se prosiga con este convenio.

La extensa respuesta de la Cancillería a los argumentos de la Procuraduría

Frente a la acción judicial, la Cancillería enfatizó que “el inicio de un proceso contencioso contractual en ningún momento significa la existencia de fallo en contra que anule los convenios que están suscritos y en vigor entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal”, según se precisó en uno de los referidos apartes.

En ese sentido, la cartera reiteró que, hasta la fecha, “no existe ningún fallo que imposibilite seguir adelante con el proceso de producción de nuevos pasaportes para Colombia”. Un pronunciamiento al que también se ha sumado el presidente Gustavo Petro, que se distanció -de tajo- del documento de 37 páginas con el que expresó los motivos legales por los que debía deshacerse el convenio.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la controversia, distanciándose de la postura de la Procuraduría “Me aparto por completo del procurador en este tema”, afirmó el mandatario en X, que añadió que “el país tiene derecho a que su imprenta sea capaz de hacer los documentos de identificación de su ciudadanía porque los datos íntimos no deben quedar en manos privadas”.

Por su parte, la Cancillería reiteró su compromiso con la continuidad del servicio y garantizó a su capacidad para satisfacer la expedición. “La institución tiene previstas todas las contingencias y ha venido prestando de manera ordinaria y continua la prestación del servicio de pasaportes a través del Contrato Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, el cual se encuentra en plena vigencia”, se leyó.

Además, la entidad aseguró que “no hay, ni habrá desabastecimiento de libretas de pasaportes" y por ello damos un parte de tranquilidad a la opinión pública, según se dijo, independientemente de las acciones judiciales que se promuevan. Todo esto, en medio de un proceso judicial que apenas comienza y, de acuerdo con la Cancillería, “tendrá todas las opciones para presentar argumentos”.

Con ello, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores, esperan “demostrar que la actuación contractual se realizó conforme a la Ley”. La institución manifestó su respeto por la decisión de la Procuraduría de presentar la acción contractual, pero advirtió que estará siempre atenta a la defensa de los intereses de la Cancillería ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

La polémica sobre los pasaportes se remonta a 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva suspendió el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa encargada del proceso durante los últimos 17 años, al alegar una falta de libre competencia en la última licitación. Para reemplazar a esa firma, el Gobierno firmó un memorando de entendimiento y luego un acuerdo con Portugal y la Imprenta Nacional.

Pese a advertencias sobre la capacidad técnica de esta última para elaborar los documentos, por posibles irregularidades en la implementación del nuevo modelo de pasaportes, la Procuraduría ya había iniciado investigaciones disciplinarias contra la canciller Rosa Villavicencio, los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, así como el exjefe del Despacho Presidencial Alfredo Saade.

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