Aumento del salario mínimo de 2026: subida dependerá de estos datos clave que esperan los trabajadores y las empresas

La negociación del aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 estará regida por cinco criterios legales que determinan su ajuste anual. Con la expectativa de un incremento de dos dígitos y la participación activa de sindicatos, empresarios y el Gobierno, la discusión trasciende el simple ajuste salarial y se convierte en un reflejo de las tensiones económicas y sociales del país.

La mesa de concertación tripartita, conformada por representantes de cada sector, se prepara para un proceso que, como cada año, impactará a millones de colombianos y marcará la pauta de la política económica y laboral del próximo periodo.

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El proceso de concertación, regulado por la Constitución de 1991 y la Ley 278 de 1996, otorga prioridad a la negociación entre las partes. Si no se alcanza un acuerdo antes del 30 de diciembre, el Gobierno debe fijar el aumento, pero siempre con base en cinco criterios legales.

Se espera que la mesa de negociación se instale de manera oficial en las próximas semanas, con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), liderada por Fabio Arias, y los gremios empresariales como actores principales. Aunque aún no existe una propuesta oficial, los sindicatos aspiran a un incremento de al menos el 10%, mientras que el Gobierno baraja un ajuste cercano al 11%, lo que llevaría el sueldo de $1.423.500 (sin auxilio de transporte) a cerca del $1.600.000.

Cinco criterios a tener en cuenta para acordar la cifra

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Es fundamental para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. El IPC mide la inflación real del año y sirve como piso para el aumento, con lo que se garantiza que el salario mínimo no pierda valor frente al encarecimiento de la vida.

La jurisprudencia exige que el incremento “garantice la no pérdida del poder adquisitivo del salario”, lo que implica que el ajuste debe, como mínimo, igualar la inflación para que los colombianos puedan cubrir el costo de la canasta familiar.

Sentencias de la Corte Constitucional confirman este principio y que en los últimos años los aumentos superaron el dato de inflación, lo que siempre genera debates sobre su impacto en la economía.

Meta de inflación

Introduce una perspectiva preventiva. El factor se basa en la proyección de inflación del Banco de la República para el año siguiente, con el objetivo de evitar que el propio aumento salarial alimente la inflación futura.

Un informe del Banco de la República advierte que “el choque de costos inducido por un aumento del salario mínimo domina el impacto sobre la brecha del producto, lo que resulta en un aumento de la inflación general”.

Algunos analistas consideran que los incrementos recientes dificultaron la reducción de las tasas de interés, aunque Fabio Arias rechaza esta relación. El dirigente explicó a El Colombiano que “mientras la inflación ha descendido incluso por el orden del 5%, las tasas de interés se mantienen en el 9,25%, lo que actúa como un freno de mano para la reactivación económica”.

Algunos analistas consideran que los incrementos recientes dificultaron la reducción de las tasas de interés, aunque Fabio Arias rechaza esta relación. El dirigente explicó a El Colombiano que “mientras la inflación ha descendido incluso por el orden del 5%, las tasas de interés se mantienen en el 9,25%, lo que actúa como un freno de mano para la reactivación económica”.

Productividad acordada

Es uno de los puntos más controvertidos en la mesa de concertación. La ley exige utilizar la cifra de productividad “acordada por el comité tripartito”, lo que convierte este aspecto en un terreno de disputa. Los empleadores suelen preferir la Productividad Total de los Factores (PTF), mientras que los sindicatos defienden la Productividad Laboral.

El Dane es responsable de calcular estas métricas, pero la decisión final tiene un componente político importante. La inclusión de la productividad busca justificar aumentos reales del salario, es decir, por encima de la inflación, aunque la falta de consenso sobre su medición complica el proceso.

Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)

Sirve como termómetro de la capacidad de la economía y las empresas para asumir mayores costos salariales sin poner en riesgo el empleo o la inversión. En años de bonanza hay más margen para incrementos importantes, mientras que en periodos de desaceleración el espacio se reduce. El criterio obliga a considerar la salud macroeconómica del país antes de definir el ajuste.

Contribución al ingreso nacional

Introduce una dimensión de equidad social. Mide qué porción de la riqueza nacional se destina al pago de salarios, con el objetivo de corregir desequilibrios y mejorar la distribución de la riqueza.

Dado que el salario mínimo colombiano es alto en comparación con la mediana salarial, este criterio se utiliza para abogar por aumentos que favorezcan la equidad, aunque los datos de productividad no siempre los respalden plenamente.

Propuestas sindicales, postura empresarial y proyecciones

El contexto actual está marcado por tensiones y perspectivas encontradas. Aunque la propuesta sindical oficial se presentará a mediados de noviembre, las centrales obreras aspiran a un incremento de dos dígitos.

No obstante, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, anunció que no participará en la mesa de concertación al argumentar que “no habría concertación posible” ante la supuesta decisión del presidente Gustavo Petro de fijar el aumento por decreto. Un estudio del Banco de Bogotá proyecta que el salario mínimo podría alcanzar los $1.600.000 en 2026, lo que representaría un incremento del 12,4% y un aumento real superior al 7%, un nivel no visto en más de cuatro décadas.

Dicho informe advierte que este patrón de incrementos elevados en el último año de gobierno se ha repetido en las últimas administraciones.

No hay relación con los incrementos

Las afirmaciones de los protagonistas reflejan la complejidad del debate. El presidente de la CUT, Fabio Arias, declaró a El Colombiano que “el comportamiento de la política monetaria no tiene relación con los incrementos del salario mínimo, sino que responde a una visión estructural del Banco de la República, de carácter monetarista, que no se preocupa por la reactivación económica del país”.

Por su parte, David Perez-Reyna, profesor de la Universidad de los Andes, explicó a Portafolio que “la razón principal es que las personas tienen menor poder de negociación que una empresa: un hogar suele tener más afán de que uno de sus miembros encuentre trabajo que una empresa de contratar a alguien. Reconoció que “un salario mínimo ayuda a compensar dicha diferencia en el poder de negociación”.

Sin embargo, el experto advirtió que “que el salario mínimo en Colombia represente cerca de la mediana de ingresos laborales de los colombianos sugiere que las condiciones de la economía colombiana no son consistentes con ese nivel de salario mínimo”. Según él, “esto se traduce en tasas de desempleo y de informalidad altas. Aumentos del salario mínimo por encima de la inflación pueden empeorar estos problemas”.