El resurgimiento de un expediente judicial que gira en torno a la paternidad del actual presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, reavivó un debate público en Colombia sobre la coherencia y la integridad de las figuras públicas, especialmente tras las recientes críticas del presidente Gustavo Petro hacia el magistrado.
La aparición inesperada de este documento, tras años de ausencia y denuncias sobre su desaparición, puso en el centro de la discusión la gestión de los vínculos familiares y la transparencia en el ejercicio del poder.
La investigación publicada el 16 de agosto de 2025 por CasaMacondo reveló que el expediente de paternidad, que involucra a Jorge Enrique Ibáñez Najar y su hijo Jorge Enrique Ibáñez Robles, fue hallado en los archivos judiciales después de una prolongada desaparición. Este documento, que había sido objeto de una denuncia penal por extravío, reapareció en uno de los lugares previamente inspeccionados por las autoridades, la Fiscalía General de la Nación había archivado el caso tras no poder identificar el responsable de la pérdida, pero la publicación de la investigación cambió el rumbo del proceso.
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Frente a la investigación, Petro señaló que “alguien que niega un hijo no puede ser presidente de la corte constitucional. Si le niega los derechos a su propio hijo le negará los derechos a todos los colombianos”, escribió el mandatario en su cuenta oficial.
No obstante, la intervención de Petro generó una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios le recordaron su propio distanciamiento de su hijo mayor, Nicolás Petro, quien estuvo involucrado en un escándalo por el ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de 2022.
En marzo de 2023, el presidente se desvinculó públicamente de cualquier relación afectiva cercana con Nicolás Petro Burgos, argumentando que se separó de él y de su entonces esposa para dedicarse a la lucha en la extinta guerrilla del M-19.
En respuesta a las críticas, el gobernante de los colombianos sostuvo que tuvo que abandonar a su hijo para luchar por sus ideales, justificando la ausencia de la figura paterna con la persecución a la que fue sometido en su pasado guerrillero.
“No crie a mi hijo porque gente que pensaba como usted, me torturó, me puso preso y me persiguió hasta 1990 sin poder asumir mi legalidad y con riesgo de muerte. A toda persona que me acompañara. De milagro estoy vivo”, explicó.
La polémica del magistrado Jorge Ibañez
El origen del conflicto se remonta a los años ochenta, cuando Ibáñez Najar mantuvo una relación secreta con Yolanda Inés Robles Ramírez. Tras la separación de Robles de su esposo, el entonces joven político conservador optó por mantener la relación en la clandestinidad, viajando de Tunja a hoteles de Bogotá. Durante dos décadas, el magistrado se negó a reconocer al hijo nacido de esa relación, limitándose a ofrecer pagos económicos y visitas esporádicas, un acuerdo que la madre consideró insuficiente tanto en lo afectivo como en lo material, según el relato recogido por CasaMacondo.
La negativa de Ibáñez Najar a formalizar el parentesco llevó a Ibáñez Robles a presentar una demanda de paternidad en 2004. Los exámenes genéticos confirmaron la filiación con un 99,99% de certeza. A pesar de la contundencia de la prueba, el magistrado habría presionado a su hijo para que renunciara al uso de su apellido, ofreciéndole a cambio costearle los estudios en Bogotá. “No quiero que se destruya mi hogar”, relató el joven que le dijo su padre, según publicó el medio citado. Cuando el hijo intentó recuperar su apellido en 2021, el fallo y el expediente judicial habían desaparecido, localizándose únicamente una copia de la sentencia en una notaría de Tunja.
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