El debate sobre la extinción de dominio exprés y la eliminación de la fase judicial en los procesos agrarios reavivó tensiones entre el Gobierno nacional y sectores del Congreso de la República, tras la reciente revelación de un documento oficial por parte de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. En el texto, el poder ejecutivo expone su intención de modificar el Decreto 902 de 2017, una normativa clave para la implementación de la reforma rural integral en Colombia.
El Decreto 902 de 2017 define los criterios para que campesinos, trabajadores rurales, asociaciones agrarias y cooperativas del sector solidario puedan acceder a la tierra y formalizar su tenencia, ya sea de manera gratuita o semigratuita, siempre que no hayan tenido acceso previo a predios.
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Según el documento divulgado por Paloma Valencia, el Gobierno sostiene que “en la fase judicial que se debe adelantar en vigencia del Decreto Ley 902 de 2017, lejos de estructurar herramientas que permitan la ejecución del acuerdo final de paz, constituye una traba al correcto ejercicio de la función pública”.
La senadora Valencia advirtió que la postura del Ejecutivo representa un retroceso respecto a los consensos alcanzados en diciembre de 2024 sobre la jurisdicción agraria. “El Gobierno pretende romper los acuerdos que logramos en diciembre sobre la jurisdicción agraria y revivir la extinción de dominio exprés”, alertó la congresista.
A propósito, denunció que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solicitó a la Corte Constitucional la eliminación de la fase judicial en los procesos agrarios, lo que, en palabras de Valencia, permitiría a la entidad retirar predios a los tenedores de tierras sin la intervención de jueces que garanticen el control sobre estas decisiones.
La discusión sobre la extinción de dominio de predios improductivos para su redistribución a campesinos ha sido un punto de fricción constante entre la oposición y el poder Ejecutivo. Este mecanismo, que busca entregar tierras a quienes no las poseen, fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro con el objetivo de facilitar el acceso a predios baldíos. No obstante, la Corte Constitucional anuló este apartado en 2024 durante la revisión del articulado, limitando así las facultades del Ejecutivo en esta materia.
En su intervención, Paloma Valencia recordó que la doble fase —administrativa y judicial— establecida en el Decreto Ley 902 de 2017 tenía como propósito evitar posibles abusos por parte de la ANT. “Esta facultad se presta para todo tipo de arbitrariedades. Por eso, en el Decreto Ley 902 de 2017 se estableció que el procedimiento para llevarla a cabo tenía dos fases: la administrativa y la judicial. Es decir, siempre los jueces controlaban las decisiones de la ANT para que no hubiera abusos”, afirmó la senadora.
Valencia subrayó que el Ministerio de Agricultura ya había alcanzado un acuerdo con el Congreso para que tanto la extinción de dominio agraria como la clarificación de baldíos conservaran la fase judicial, garantizando así un control independiente sobre las decisiones de la administración en materia de tierras.
De igual manera, la precandidata presidencial sostuvo que desde el Congreso de la República no permitirán que la actual administración intente quitarle las tierras a los colombianos, por lo que hará lo posible para que prime el derecho a la propiedad privada en el territorio nacional.
“La defensa de la propiedad de la tierra es fundamental, porque no solamente estamos hablando de la finca grande ni la mediana, sino la pequeña, que puede tener algún momento algún baldío o algún vacío de propiedad y que puede terminar afectada. Por eso estamos en esta lucha y no permitiremos que este Gobierno haga expropiaciones”, enfatizó la senadora Valencia.
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