Ataque a activistas venezolanos fue coordinado con el gobierno de Nicolás Maduro, aseguró asociación de migrantes: “Hubo un ataque contra ellos, con más de 15 balas”

Un ataque armado contra los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche y Yendri Ómar Velásquez en Colombia ha generado preocupación sobre la seguridad de los perseguidos políticos y solicitantes de refugio en el país.

Ambos resultaron heridos en un hecho que la Fundación Juntos Se Puede, dirigida por Ana Karina García, considera un atentado de móvil político, lo que ha motivado un llamado urgente a las autoridades colombianas para reforzar la protección de quienes huyen de la persecución en Venezuela, según reportó Semana.

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“Cada uno llegó a Colombia en fechas distintas. Yendri Velázquez llegó hace casi un año tras haber vivido una detención en Venezuela. Logramos que saliera de la cárcel por la presión internacional, ya que él es un defensor activo de la comunidad Lgbti. Hoy en día, es miembro de Amnistía Internacional, trabaja para esa organización y es solicitante de refugio. No hemos recibido respuesta por parte de la Cancillería a esa solicitud de refugio”, afirmó García en dialogos con el medio mencionado.

El ataque dejó a Peche con heridas en las piernas y la nalga, mientras que Velásquez permanece en estado delicado tras una cirugía de reconstrucción de brazo y a la espera de una segunda operación de cadera.

Según la directora de la Fundación Juntos Se Puede, la organización ha documentado amenazas directas de personas identificadas como miembros del grupo criminal Tren de Aragua, quienes advirtieron a los activistas que serían atacados si continuaban con su labor en favor de la libertad de Venezuela.

“Unas personas identificadas como miembros del Tren de Aragua les decían que si seguían actuando en Colombia por la libertad de Venezuela, ellos iban a atentar contra ellos. En esa amenaza les mandaron la dirección de donde vivían. Nos tocó moverlos de lugar”, afirmó García en dialogos con el medio mencionado.

En una de estas amenazas, los agresores enviaron la dirección de residencia de las víctimas, lo que obligó a su reubicación. Además, la fundación ha detectado seguimientos sospechosos de vehículos con placas venezolanas, una situación inédita en los ocho años de funcionamiento de la organización, según relató García a Semana.

La Fundación Juntos Se Puede sostiene que el atentado no fue un hecho aislado ni un intento de robo, sino un ataque directo con más de 15 disparos, lo que refuerza su convicción de que se trató de una acción motivada políticamente.

“Desde nuestra perspectiva, es totalmente político. Es decir, entendemos por lo que ha transmitido la policía que esto fue un ataque directo. No hubo un proceso de robo, no es que estuviera ocurriendo un hecho aislado y ellos quedaron en el medio. Hubo un ataque contra ellos, con más de 15 balas”, afirmó la directora en declaraciones recogidas por Semana.

En respuesta a la situación, la fundación anunció que enviará una comunicación oficial al gobierno de Gustavo Petro para exigir protección física, no solo jurídica, para los solicitantes de refugio, las sedes de las organizaciones y los dirigentes de la disidencia venezolana.

Desde la cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que “toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará”.

Petro también anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará las medidas de seguridad para activistas de derechos humanos de cualquier país en Colombia y mencionó que el gobierno tiene conocimiento de la “reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas”, advirtiendo que quienes opten por la paz recibirán apoyo, mientras que los violentos serán enfrentados con contundencia.

Sobre esto, García señaló que “el tweet de respuesta de Petro el día de hoy deja mucho que desear”, al referirse a la mención de una reunión en Cúcuta que, según sus palabras, “la mayoría de nosotros no entendemos de qué se trata, pero da a entrever que puede haber personas que no están en la paz, sino que están en la violencia”.

Esta insinuación, lanzada en medio de la crisis, fue interpretada como una forma de “poner en tela de juicio a la disidencia venezolana”.

En cuanto a la protección ofrecida por el gobierno colombiano, la fuente fue tajante: “Él dice que el gobierno de Colombia siempre ha buscado protección para nosotros, sin importar cuáles son nuestras ideas, pero protección es que se aprueben los refugios, que contemos con una comunicación directa con la Cancillería (que hoy no la tenemos)”. Así, se cuestiona la efectividad de las medidas implementadas y la falta de canales directos con las autoridades.

La disidencia venezolana, por su parte, reiteró su compromiso de mantenerse unida y continuar su labor en defensa de los derechos humanos, más allá de las diferencias partidistas, además afirmó qué: “No es simplemente que agarren a las personas que hicieron esto, porque nosotros estamos convencidos de que esto es una acción coordinada de la mano del gobierno de Nicolás Maduro”.

En este escenario, las organizaciones de refugiados y defensores de derechos humanos insisten en que las autoridades colombianas no solo investiguen el atentado, sino que garanticen medidas efectivas de protección y transparencia, ante la convicción de que estos hechos forman parte de una estrategia coordinada de persecución política que afecta a toda la región.